El déficit de infraestructura, ancla para el desarrollo

*) Por Juan Pablo Carrique.

El Gobierno apuesta por incrementar la inversión privada a través de las PPP para acortar el rezago del país en infraestructura a nivel regional

Infraestructura

Obras de construcción de una autopista. Foto: Ministerio de Transporte

La infraestructura es una cuenta pendiente en Argentina. Tras más de una década de descapitalización y falta de inversiones, el déficit en infraestructura para el transporte, energético y en telecomunicaciones se ha convertido en un lastre para la competitividad del país. Lo confirma el informe The Global Competitiveness Report 2017-2018 del World Economic Forum, que ubica a Argentina en el puesto 106 —sobre un total de 137 países — en el capítulo del índice de competitividad que mide el estado general de la infraestructura. Justo detrás de El Salvador y Mongolia, y un paso por delante de Zambia. Bastante por rezagado con respecto a los líderes de la región: Chile (35), Panamá (38) y Ecuador (49). El país ocupa el puesto 96 en calidad de carreteras, 83 en infraestructura ferroviaria y 113 en suministro de energía eléctrica.

La falta de infraestructura es uno de los principales componentes del costo argentino. Para tres de cada cinco sectores económicos, esta deficiencia tiene una alta incidencia negativa en su competitividad, señala un informe publicado el año pasado por la Cámara Argentina de Comercio, basado en un relevamiento de las principales cadenas de valor del país, que componen el 60% del PBI. Para el resto, la incidencia es media. Pero no solo es un problema de competitividad: la falta de infraestructura condiciona la organización de los sectores económicos —campo, industria, servicios— que dan forma a la economía argentina. En otras palabras, frena el desarrollo.

No menos inquietantes que los datos anteriores es el comportamiento de la inversión en infraestructura. En 2016 fue del 2,4% con respecto al PBI y en 2017 del 2,7%. Las proyecciones para 2018 prevén un 3,5%, con la incorporación de inversión privada a través de proyectos de Participación Público Privada (PPP). Esto significaría romper la inercia potsconvertibilidad: en la primera década del siglo XXI la inversión en infraestructura fue del 2,7% del PBI, en promedio, una fuerte caída con respecto a los noventa, cuando la inversión fue del 5,6%.

Si Argentina quiere abandonar definitivamente el atraso debe incrementar y mantener un ritmo sostenido de las inversiones en infraestructura. Latinoamérica deberá aumentarlas hasta un 5% del PIB para cerrar la brecha que la separa de las regiones desarrolladas, según el informe IDeAL elaborado por CAF.

Aumentar la inversión privada en infraestructura

Los proyectos de PPP buscan aumentar la inversión del sector privado en infraestructura. Entre 1990 y 1999 la inversión privada alcanzó un 5% del PBI, mientras que entre 2003 y 2013 apenas superó el 0,5%. La baja participación privada contrasta con otros países de la región. En Brasil y Chile, más del 50% de la inversión de infraestructura es realizada por privados; en México y Perú ronda el 40%, según datos de Infralatam, una iniciativa conjuntad de la CAF, el BID y la CEPAL.

La buena noticia es que hay grandes posibilidades de que este escenario cambie. Dos acontecimientos importantes de estos días impactarán positivamente en el mercado de capitales, el mundo de las finanzas y la obra pública.

En estas semanas se abrirán las ofertas de los corredores viales que, en un ambicioso proyecto de Participación Público Privada, prevé construir en cuatro años más kilómetros de rutas que en los últimos sesenta. El complejo andamiaje jurídico financiero que ya es utilizado por varios países de América Latina para financiar obras de infraestructura, modificara la compleja cultura arraigada por décadas. El riesgo asumido en este esquema por el sector privado encarecerá la tasa de financiamiento, pero deberá ir bajando en la medida que el sistema demuestre sus bondades y la cultura mencionada haya mutado para siempre.

Por otro lado y en línea con la necesidad de generar las condiciones que permitan motorizar las inversiones, la cámara de diputados está discutiendo una segunda revisión del Proyecto de Ley de Financiamiento Productivo. Al momento de redactar este articulo el proyecto había vuelto desde el Senado con algunas modificaciones . La ley, entre otras cosas, permitirá impulsar el potencial de un incipiente mercado de capitales creando herramientas para volcar el ahorro interno a la producción. Estas herramientas impactaran positivamente en determinados sectores que hoy sufren la falta de acceso al financiamiento.

Infraestructura no es desarrollo

La falta de  infraestructura es una traba para el desarrollo, pero invertir en infraestructura no es sinónimo de desarrollo. Desde hace algunos años los principales organismos internacionales han abandonado la utilización en sus informes de eufemismos tales como “países en desarrollo”, “países en vías de” o “países insuficientemente desarrollados”. Este hecho nos obliga a retomar enfáticamente el debate acerca de la definición del subdesarrollo.

Existe una vasta bibliografía que explica la relación desarrollo-subdesarrollo y recurrir a ella sirve para echar luz nuevamente a la hora de definir los problemas nacionales. El subdesarrollo refiere a una condición estructural, no se trata de cantidades sino de calidad de las actividades que conforman la economía de los países.  De ninguna manera podrá entonces medirse a través de variables como los niveles relativos de ingreso por habitante, cuestión que queda demostrada cuando observamos que países con estructuras completamente distintas como China y México tuvieron casi el mismo PBI por habitante en 2016 (México: 8.201 dólares; China: 8.123 dólares).

Al observar las características de nuestra estructura productiva podemos afirmar que no ha sufrido transformaciones sustanciales desde el siglo pasado.  La concentración geográfica de la economía y su población son rasgos típicos que nos permiten afirmar que seguimos siendo un país subdesarrollado y desintegrado geográfica y económicamente.  Cinco distritos concentran casi el 70% de la población y generan 75% del producto nacional. Una política de desarrollo debe contemplar las posibilidades de nuestras economías regionales y generar polos de desarrollo integrados, dinámicos y distribuidos estratégicamente en distintas regiones del país de manera que pueda ofrecer las mismas oportunidades económicas y de libertad para todos sus habitantes independientemente de donde vivan.

La inversión en infraestructura es clave, pero debe estar orientada bajo un esquema de prioridades que contemple las potencialidades productivas de cada región, la reanimación de sectores estratégicos y la integración de las economías regionales consolidando las cadenas de valor competitivas como único camino para la generación de empleo. En otras palabras, un plan estratégico de infraestructura al servicio del desarrollo nacional.

Juan Pablo Carrique

Desarrollista. Licenciado en Administración. Miembro del Consejo de Asesores del F.F.F.I.R

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