Discursos: Desarrollo y saneamiento financiero

Discurso del presidente Arturo Frondizi pronunciado por radio y televisión, el 17 de enero de 1962.

“El Gobierno subordina su pólítica de desarrollo al saneamiento financiero”

Me dirijo esta noche al pueblo de la República para ratificar la inquebrantable decisión del Poder Ejecutivo de persistir en la ejecución integral de los planes de esta­bilidad y saneamiento financieros y desarrollo económico iniciado el 1° de mayo de 1958. Mediante la comprensión y los esfuerzos de todo país, esos planes han alcanzado sus objetivos fundamentales: la República Argentina es una nación organizada con una moneda estable y con amplio crédito internacional. La República Argentina es una democracia que funciona dentro de la Constitución, de las leyes y que está en vías de perfeccionar la vigenci­a plena de los derechos cívicos para todos sus ciudadanos, sin excepción. La República Argentina es una entidad respetada y consultada en el ámbito americano y en el ámbito mundial. La República Argentina ha creado las condiciones básicas de su desarrollo económico para convertirse ­en una nación moderna con altos niveles de vida para su población.

En esta lucha por la legalidad, la paz social y el desarrollo, ­el pueblo argentino ha dado extraordinarias pruebas de sensatez, desprendimiento y patriotismo. Nada de lo que hemos hecho desde el gobierno es comparable al magnífico esfuerzo de los agricultores, hacendados, industriales, trabajadores, educadores, representantes de la Iglesia, inte­grantes de las Fuerzas Armadas y hombres y mujeres del pueblo.

Por eso quiero corresponder a esa clara determinación nacional de los argentinos y decirles que las conquistas al­canzadas son inconmovibles y definitivas. Y quiero decirles también que no habrá modificación alguna en los objetivos económicos, financieros y sociales que hemos perseguido hasta ahora. Carecen de fundamento las versiones sobre supuestos cambios en la política monetaria y en la ordena­ción y racionalización de la administración y de los servi­cios públicos. Al contrario, deseo anunciar hoy que redo­blaremos los esfuerzos, alentados por la obra cumplida y por la inequívoca y reiterada adhesión del pueblo a los planes de gobierno.

Voy a hablar esta noche especialmente de la función del Estado en los planes de la nación y de lo que el gobier­no federal hará desde hoy mismo, para ajustar su conducta y sus finanzas a las imperiosas necesidades del país en esta etapa definitiva de su liberación y expansión.

No se debe retroceder

La remoción de las viejas estructuras de un país no es un proceso fácil ni corriente. Cuando se quiere dar bases orgánicas a la industrialización, cuando se ataca frontal­mente y a ritmo acelerado la explotación de los recursos naturales, cuando se abren las puertas del país a un aporte considerable de capitales externos en forma de inversiones, radicaciones y préstamos; cuando se fija una política de prioridades para dichas inversiones, de manera de orien­tarlas a los sectores básicos de la energía, la siderurgia y la química pesada y a transformar la geografía movilizando el extremo sur y las regiones del centro y del norte del país; cuando se derogan los controles y las normas estatistas que frenaban la expansión interna y nos descolocaban en los mercados mundiales; cuando se hace todo sin mengua de la soberanía nacional, sin negociar la unidad de la República y enfrentando prácticas restrictivas y discriminatorias de los mercados tradicionales de nuestros productos, es natural que se produzcan transitorias distorsiones y que sea menester una fluida adaptación de la política nacional a las nuevas circunstancias determinadas por el crecimiento.

Esta adaptación sólo puede hacerse hacia adelante, nunca hacia atrás. Nadie se atrevería en medicina a prescribir terapéutica de los trastornos del crecimiento humano basada en retardarlo o frenarlo. La terapéutica consiste en adaptarse al fenómeno natural del crecimiento y en ayu­dar a que se realice plenamente y sin deformaciones. No se puede, pues, hacer una pausa en el avance argentino, con el argumento de que vamos demasiado de prisa. Hay que tener la decisión de marchar al ritmo de ese progreso.  Hay que tener la decisión de ajustar la política a sus necesidades y de hacer nuevos sacrificios para no detenerlo. Por eso decimos que los planes de estabilidad y desarrollo no serán alterados. Las medidas que anunciaré, en líneas generales, en esta exposición tienden a complementar esos planes y a ajustarlos a las necesidades presentes, siempre con el sentido positivo de contribuir a la creciente expansión económica de la nación. Con estas medidas, el gobierno convierte al Estado y a su administración en un factor dinámico de la actividad económica, en lugar de ser un factor paralizante e improductivo.

La política de expansión, iniciada enérgicamente con contratos de explotación del petróleo, con la solución os antiguos diferendos con empresas extranjeras y con las normas de fomento de las radicaciones de capital, ha cambiado fundamentalmente la mecánica interna y externa de nuestra economía. La forma cambiarla y monetaria -base esencial del Plan del Estabilización cuya responsabi­lidad asumí personalmente ante el pueblo el 29 de diciem­bre de 1958-, al establecer un mercado financiero y mo­netario sin controles estatales, al suprimir trabas al comer­cio, al eliminar los subsidios y los precios políticos y al estimular la producción agropecuaria hasta entonces estan­cada, produjo los resultados previstos: después de una espe­rada contracción motivada por el encarecimiento brusco de las materias primas y el alza de los precios internos, la actividad económica ha recobrado su nivel y acusó notorios signos de progreso en el año que acaba de terminar. El país ha dejado de importar petróleo y, por primera vez en su historia, comienza a exportar. Se ha producido un cam­bio fundamental en la composición de nuestras importa­ciones: las divisas ahorradas en combustible, es decir en consumo industrial, se gastan ahora en la importación de bienes de producción, con lo cual nuestra industria ha lo­grado un apreciable índice de reequipamiento. Las nuevas industrias, como la de automotores y maquinaria agrícola, ya establecidas, y las que están en curso de establecerse en el campo de la petroquímica, la celulosa, el papel, la soda solway, demandan y demandarán cada día más, nuevas erogaciones en divisas. La expansión industrial y comercial requiere el aumento correlativo de crédito y medios de pago para atender sus necesidades financieras. Todo ello obliga a considerar dos problemas acuciantes relacionados con esta crisis de crecimiento. El primero se refiere a la insuficiencia de medios de pago para un mercado interno en expansión constante. El segundo se vincula con la nue­va estructura de nuestro intercambio comercial, cuyos in­gresos no alcanzan para cubrir las necesidades de impor­tación de una industria en crecimiento.

La expansión económica exige crédito interno y externo y exige ajustar nuestras compras en el exterior a las nece­sidades del crecimiento industrial, sustituyendo importac­iones prescindibles.

El problema de los medios internos de pago nos confronta con esta disyuntiva: renunciar a la política de estab­ilización monetaria y de contención de la inflación, o destinar todos los recursos disponibles a financiar las activi­dades productivas de la empresa privada sustrayéndolos del financiamiento del déficit fiscal y de las empresas esta­tales.

En otros términos: o el desarrollo se financia con inflación o se financia con los recursos disponibles, a costa de burocracia. Hay que elegir entre financiar a los que producen o financiar la maquinaria deficitaria del Estado y de sus empresas, en sectores que nada tienen que ver con la actividad normal del Estado y que se sustraen artificial y antieconómicamente a la actividad privada.

El problema de la balanza comercial nos confronta con otra disyuntiva similar: o seguimos soportando un déficit que terminará por agotar en breve término nuestras reser­as de oro y divisas o ajustamos los egresos a los ingresos, reservando los recursos para adquirir en el exterior sola­mente bienes reproductivos.

En ambos sectores, la elección consiste entre la infla­ción incontrolada o el equilibrio entre gastos y recursos.

Nadie discute la conclusión teórica. La inflación que se aplica a enjugar gastos improductivos no es nunca una técnica aconsejable y sus efectos sociales son desastrosos, al reducir los niveles de vida del pueblo sin incrementar la producción.

Pero la discrepancia aparece cuando se trata de los me­dios prácticos para solucionar el problema. Entonces, se de pretende que se reduzca el déficit fiscal sin reducir la burocracia ni privatizar aquellos sectores de las empresas del Estado que arrojan fabulosos déficits de explotación. Entonces se pretende que se nivele la balanza comercial, sin renunciar a la importación de artículos suntuarios, de mercaderías que la industria local produce y de materiales que pueden reemplazarse con los de producción nacional.

Evidentemente no hay lógica alguna en estas postulaciones.  Y el gobierno está absolutamente decidido a defender el salario de los trabajadores; está absolutamente decidido a defender los ingresos modestos de millones de empleados y jubilados; está absolutamente decidido a defender a la producción nacional que genera riqueza y suministra trabajo a los argentinos.  Para ello no hay otra salida que dar a los que producen lo que se sustrae a aquello que no produce.  Para ello no hay otra salida que ajustar los gastos del Estado y de sus empresas a sus ingresos.

No se puede pedir a los particulares y a los productores y trabajadores que no consuman más de lo que producen, si el Estado sigue dando el mal ejemplo del derroche y la ineficiencia en su administración y si persiste en la anomalía de querer reemplazar a la actividad privada en campos que pertenecer a ésta.

La racionalización administrativa

El gobierno reconoce que está en deuda con el país en este aspecto.  No basta con lo que hemos hecho hasta hoy, a pesar de que podemos señalar que la burocracia se ha reducido en más de 200.000 agentes desde que asumimos el poder.  Es la primera vez, en el último medio siglo, que un gobierno realiza un acto así.  Pero no es suficiente. Interpretamos el mandato popular que nuestros conciudadanos nos reiteran cada vez que se los consulta por la vía democrática del comicio, como la inequívoca voluntad de persistir en los planes de racionalización y desarrollo.  El pueblo quiere un Estado moderno, ágil, barato. El pueblo quiere servicios públicos eficientes. El pueblo quiere empresas estatales que trabajen para el público y no para una burocracia desproporcionada.    El público no comprende que el Estado deba reemplazar a la empresa privada en sectores ajenos a su actividad rectora.

No podemos desoír por más tiempo ese reclamo popular, tan notoriamente reiterado.

La racionalización administrativa que cumpliremos en virtud de los decretos que he firmado y que serán dados a conocer, obedece a las siguientes razones:

  1. El Estado debe ajustar su estructura a las necesidades del país en cada momento de su historia. La administración pública es sólo el instrumento de esa actividad del Estado a favor de la comunidad. Si este instrumento es caro no puede cumplir cabalmente su función.
  2. Entre nosotros, la administración pública, en el orden federal que nos atañe, ha venido sufriendo una progresiva deformación, que se traduce en un organismo hipertrofiado, el cual insume una cuota desproporcionada de la renta nacional y esteriliza la actividad de miles de personas que vegetan en la burocracia en lugar de participar de la actividad altamente remunerativa de la empresa privada. Se perjudica la colectividad y se malogra el individuo.
  3. Esta deformación se debe a que el Estado realiza funciones industriales y comerciales que cumple más eficientemente la empresa privada; se debe además a que ha asumido funciones que corresponden a las provincias y a los municipios, resabio de una época en la que el Estado federal era la única entidad solvente y centralizada pero que no se justifica en nuestro tiempo, cuando las provincias y las comunas tienen amplias fuentes de recursos que crecerán aún mas con el desarrollo integral de la nación.
  4. El exceso de burocracia genera a su vez la irrespon­sabilidad de los agentes, la dispersión, la superposición de funciones, el expedienteo innecesario, los gastos de locales, de teléfonos, papel, etc. multiplicados al infi­nito. Se desmoraliza al funcionario y se perjudica al público.
  5. Una administración frondosa se nivela hacia abajo en materia de remuneraciones y ascensos. Es imposible pagar decorosamente al agente eficaz y al técnico.

Por consiguiente, henos dictado decretos que eliminan de la función estatal todo servicio o ejecución de obra que puede hacer la industria privada, como construcción de edificios y su mantenimiento; muchas obras públicas que se hacen más económicamente por contrato que por administración; fabricación de artículos y procesos industriales que corresponden a la empresa privada; servicios de talleres confiterías, limpieza, etc.

Hemos decidido transferir a las provincias y comuna muchos servicios que el Estado federal absorbió cuando era indispensable esa cooperación federal, tales como escuelas hospitales, obras sanitarias, riego, conservación de caminos, usinas eléctricas, casinos de juego, etc.

Otra serie de decretos se refiere a la racionalización administrativa. Por medio de la privatización de servicio, de la refundición de oficinas, de la supresión de organis­mos duplicados y de otras cuya función ha caducado, así como la reducción de agentes a los estrictamente necesarios, se llegará a los siguiente resultados globales:

De 1.012.053 agente! que tenía la administración nacional cuando asumió el gobierno, el 1 ° de mayo de 1958, resultarán eliminados más de 500.000 agentes, lo cual significará:

  1. Una economía en sueldos, del orden de los cinco mil millones de pesos mensuales.
  2. Una economía de gastos indirectos gastos de oficina) que ascenderá a unos ochocientos millones de pesos anuales.

3° Una economía en edificios públicos, que representará una liberación de inmuebles del orden de los veinte mil millones de pesos.

Quedaran totalmente congeladas las vacantes. El régimen de despido que se establece por otro decreto, contempla ampliamente la situación de los agentes que resulten eliminados. Se les pagará el sueldo íntegro durante un año, además de las indemnizaciones legales. En ese lapso podrán hallar trabajo en la activad privada, presunción perfectamente justificada en un época de expansión económica, cuando existe plena ocupación y la oferta de empleo supera a la demanda en casi todos los sectores.

Las reducciones permitirán, en el corto plazo en que se ejecuten, jerarquizar y mejorar la remuneración al personal que permanezca en funciones. La administración pública será así un organismo ágil, compacto y con funcionarios íntegramente dedicados a su labor.

Además, la administración pública será equiparada a la empresas privadas en cuanto a organización y perspectivas para sus agentes. La juventud que se oriente al servicio público no lo hará como refugio de una vocación frustrada, sino como brillante horizonte para la emulación y el ascenso en la vida. Será una verdadera ca­rrera profesional, compatible a cualquier otra.

También contemplamos en otro decreto la situación de los jubilados del Estado, a quienes se les aumenta considerablemente sus ingresos, ajustándolos a los niveles actuales.

El gobierno no desea crear desocupación ni desentenderse de la situación de sus servidores.  Reiteramos enfáticamente que no tomaremos ninguna medida económica o financiera que signifique imponer nuevos sacrificios a la población.

Al contrario, la serie de medidas de racionalización que estamos poniendo en práctica tiende a liberar mano de obra y capacidad técnica, a incorporar a la actividad dinámica de la empresa privada a grades contingentes de funcionarios que vegetan en el presupuesto y a suprimir la fuente más aguda de inflación que es el déficit fiscal.

Las empresas estatales

En cuanto a las empresas estatales, se han tomado las disposiciones necesarias para que funcionen como entidades comerciales totalmente autónomas, sin depender en absoluto de fondos que no se originen en sus propios ingresos reales y comprobados.

La tesorería nacional no cubrirá en adelante inversiones y gastos de las empresas estatales.  Además, éstas deberán tender a desprenderse de toda actividad que puedan entregar por contrato a la empresa privada y deberán ajustar sus compras de materiales a los que pueden obtenerse en el mercado local para no gravitar en el presupuesto de divisas.

En este rubro, la racionalización del sistema ferroviario sigue siendo imperativa e irrevocable.  El objetivo de suprimir el déficit de estos servicios debe ser logrado a toda costa.  Las medidas de privatización de servicios auxiliares, de supresión de ramales improductivos y de ordenación del régimen laboral, serán adoptadas por el directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino en el que están representados los sindicatos obreros.  Habrá una amplia coordinación entre los planes viales y la modernización del servicio ferroviario, de modo que la reestructuración de la red ferroviaria se ajuste al trazado de nuevo caminos y ampliación de los existentes.  A tal efecto se han dictado los decretos respectivos sobre Vialidad Nacional.  El Poder Ejecutivo comprueba con satisfacción que los trabajadores del riel están dispuestos a colaborar entusiastamente en la modernización de los servicios que se traducirá en la jerarquización y elevación del nivel de vida de ellos mismos.

La burocracia en la educación

Una nación moderna, cuya estructura económica y social experimenta cambios profundos, no puede dejar de lado la reestructuración y actualización de sus servicios educativos.  El Estado por un lado y la actividad privada por otro, deben proveer servicios que respondan a las necesidades del país en transformación y que preparen técnicos y educadores imbuidos en la extraordinaria función que cumplen en la sociedad.

Nuestro sistema educacional, en todos su ciclos, es anacrónico.  Los mismos vicios de centralización y exceso de burocracia que se advierten en la administración pública asfixian la iniciativa de los dirigentes de nuestra enseñanza primaria, secundaria y especial.  La escuela es, por definición, un organismo vivo de formación espiritual del alumno, en donde no cabe la fría mecánica del gobierno burocrático.  La escuela debe ser orientada por el maestro y el padre de familia y nutrirse del estímulo directo de la comunidad en que actúa.  No se puede manejar la escuela de Jujuy desde un despacho en Buenos Aires.

Por eso hemos dispuesto la completa descentralización de la administración escolar, transfiriendo las escuelas primarias a las provincias y dando a las autoridades de cada establecimiento de enseñanza la autonomía necesaria para manejarse sin la pesada fiscalización de las oficinas centra­les. Las medidas que se han adoptado, sin perjuicio de las que se tomarán más adelante para realizar una modi­ficación orgánica de los planes de estudio, tienden por ahora a suprimir la burocracia y el centralismo en el go­bierno de la enseñanza.

La vivienda

Uno de los problemas sociales más graves es el de la vivienda. Hasta ahora carecíamos de los recursos indispen­sables para iniciar la construcción en serie de habitaciones económicas para el pueblo. Hoy contamos con algunos fondos de origen externo y otros del ahorro nacional para comenzar a ejecutar un plan orgánico en esta materia. He­mos adoptado medidas tendientes a evitar la dispersión y duplicación en la administración de esos fondos y a coordi­nar estrechamente la acción oficial con la iniciativa privada y con la intervención directa de los propios futuros usuarios de las viviendas. Confiamos en que esta primera tentativa de edificación de vivienda popular en serie sea el punto de partida para que la iniciativa particular halle estímulos a sus inversiones en este rubro. La construcción de vivien­das es un factor muy dinámico de la actividad económica en general, dada la diversidad de industrias y oficios que intervienen en ella.

Por otra parte, atacaremos de inmediato el problema de las llamadas “villas miseria” proporcionando habitación hi­giénica a este sector de la sociedad que vive en condiciones intolerables en el mismo seno de nuestras grandes ciudades.

El problema de la balanza comercial

Paso a referirme ahora al problema de la balanza comer­cial de la República.

El objetivo fundamental de las reformas financieras dic­tadas en diciembre de 1958 fue el de estimular la produc­ción interna y poner en términos competitivos nuestros productos en el mercado mundial. Sabíamos que una eco­nomía en expansión necesitaría aumentar su capacidad de compra exterior para reequipar la industria y proveerla de materias primas que por entonces no producía el país.

Dichas medidas produjeron todos los efectos previstos en el ámbito interno. La producción agropecuaria salió del estancamiento a que la había relegado una errónea polí­tica de subestimación del agro y se pudieron reconstruir los planteles ganaderos y sostener la producción de carnes sin desmedro de la superficie cultivada. No obstante, los resul­tados previsibles en la balanza comercial no se concretaron, debido a causas externas que escapan a nuestro control. En efecto, no puede esperarse en el porvenir inmediato un incremento sustancial de nuestras ventas en el exterior mientras subsista la retracción de los mercados tradiciona­les respecto de las importaciones provenientes de América latina y de otras fuentes ajenas al sistema de los llamados mercados comunes europeos.

Nuestra balanza comercial presenta, pues, la siguiente característica: mientras se mantiene estacionario el ingreso, aumentan las compras provocadas por la presión del desarro­llo económico nacional. Exportamos por montos invariables pero importamos por montos en constante aumento. El año 1961 cerrará con un déficit cercano a los 450 millones dólares. Este déficit no puede repetirse en los años venideros sin grave riesgo para nuestras reservas en divisas.

No cejaremos en nuestros múltiples y diversificados esfuerzos por vencer la resistencia y las discriminaciones de nuestros mercados tradicionales y por abrir nuevos mercados a nuestros productos industriales aplicando el principio de comprar a quien nos compra y de comerciar con todas las naciones del mun­do, sin excepción.

Estamos plenamente seguros de que, a largo lazo, en un porvenir no muy distante seremos un fuerte país exportador y llegaremos a incrementar quizás en un 50% el valor actual de nuestras ventas.  Pero, entretanto, nos veremos forzados a reducir el valor de nuestras importaciones para equilibrarlo con el ingreso producido por las exportaciones. Esto nos plantea la necesidad de sustituir importaciones, conforme a un riguroso plan de prioridades.

La política petrolera ha dado, en tal sentido, los frutos previstos. Debemos tender a eliminar la importación de este rubro, orientando el consumo interno hacia los derivados que el país produce mediante una política de precios que favorezca esa sustitución. Ya hemos comenzado a practicar esta política aumentando el precio del kerosén para que se consuma gas en su lugar. Esto exige la mayor concentra­ción de los esfuerzos de Gas del Estado en comercializa­ción del gas para el consumo popular.

Una fuerte evasión de divisas se produce por vía de las compras de empresas estatales en el exterior. Cada em­presa resuelve por su cuenta estas adquisiciones, en mu­chos casos se alega que se dispone de los fondos necesarios y que resulta más barato comprar en el comprar en el exterior.  Aunque así fuera, es menester tomar en consideración nuestro pre­supuesto global de divisas, para lo cual el Ministro de Economía deberá autorizar cada operación, siguiendo un estricto plan de prioridades y sólo en los casos en que sea indispensable o notoriamente conveniente la adquisición en el exterior. Las empresas del Estado están en condi­ciones de prescindir de una cifra del orden de los 300 mi­llones de dólares.

Con igual criterio de prioridades se gravarán con nuevos recargos las importaciones suntuarias y de consumo pres­cindible.

En materia de compras para el reequipamiento, se seguirán las listas de prioridades establecidas el 19 de mayo de 1958.

Algunas de estas medidas tendrán carácter transitorio y regirán por un período no mayor de seis meses, pasado el cual se volverá al régimen actualmente vigente. No se quiere trabar indefinidamente el ingreso de productos que contribuyen a la movilización de la economía. El sistema debe ser flexible y condicionado a las variaciones del mer­cado y de la posición de divisas. Partimos de la base de que el comercio exterior es un instrumento más de la reac­tivación económica del país y no una categoría indepen­diente.

El Estado, factor dinámico

Podemos resumir esta enérgica política que hoy inicia­rnos diciendo que el Estado somete sus gastos a las normas de estabilización y ordenamiento financiero dictadas para el país en general.   En adelante no será el Estado un privilegiado. Se somete en el doble aspecto de su presup­uesto interno de vastos y recursos y de su presupuesto de divisas para el comercio con el exterior. La norma es no gastar más de lo que realmente ingresa y no comprar afuera lo que el país produce.

Ningún administrador del gobierno y de sus empresas podrá eximirse desde hoy del cumplimiento de estas nor­mas de la que será personalmente responsable ante el Poder Ejecutivo y ante el país.

Entendemos la función del Estado como la de estimular, facilitar y requerir la participación fundamental de la iniciativa privada en la actividad económica. En los países altamente desarrollados existe un superávit de la economía para financiar costosos servicios sociales que la comunidad tiene derecho a exigir.

En los países que tienen muy limitados recursos financieros para desarrollar las bases estructurales de su economía, el Estado debe abstenerse de emplear esos recursos que la empresa privada necesita indispensablemente para expandirse y sostenerse. El Estado no tiene derecho a sustraer esos recursos de la promoción de la economía nacional, objetivo máximo de la comunidad, punto indispensable de partida para llegar al bienestar social.

No es una cuestión teórica entre estatismo y libre empresa, como suele sostenerse. Es un hecho económico ine­vitable cuando los recursos no alcanzan para financiar el desarrollo económico y el  mantenimiento de un costoso aparato estatal al mismo tiempo.  Si se financia al Estado se descapitaliza a la actividad privada, es decir al desarrollo económico, y se envilecen los salarios y los sueldos.

Por otra parte, en ningún país, desarrollado o no, se concibe un presupuesto estatal desproporcionado con el ingreso nacional bruto.  Existen normas clásicas para establecer la proporción entre uno y otro.  Nosotros hemos ido acumulando un aparato burocrático totalmente desproporcionado con el valor de la producción nacional, es decir, un factor parasitario que asfixia la economía de la nación de dos maneras: como fuente crónica de inflación y como mecanismo que traba y entorpece al productor privado.

En 1958, el país tenía una burocracia que era en número dos veces y media superior a la admitida como media normal.

La hipertrofia estatal perjudica al pueblo, especialmente a sus clases mergos menos pudientes: como fuente de inflación degrada el salario real de los trabajadores al presionar sobre los precios; como elemento entorpecedor de la actividad privada perjudica la productividad de las empresas y por consiguiente frena el influjo de bienes en el mercado, con lo cual se encarecen los artículos de consumo.

El gobierno cumple pues una alta y auténtica función social al liquidar el déficit del presupuesto y al raciona­lizar la administración del Estado y de los servicios públicos. Cumple una más efectiva función social que si impusiera el control de precios, la reducción de las ganancias o la elevación masiva de salarios, medidas reclamadas por una mentalidad anacrónica y anticientífica que prefiere operar sobre los síntomas y no sobre las causas.

Con estos reajustes, el gobierno aspira a cumplir su parte en el gran esfuerzo argentino cuyos frutos son evid­entes. Se impone este deber imperioso de reducir drásticamente sus gastos porque la alternativa es negar recursos y crédito para la modernización y crecimiento del agro, la minería y la industria, fuentes de trabajo estable y bien remunerado para el pueblo.

Este reajuste es la etapa final de una política que está creando las bases inconmovibles del progreso argentino.

De ahora en adelante no cabe sino dirigir ejecutando sin vacilaciones esa política, reajustando periódicamente sus medidas parciales de acuerdo con los resultados que se logren y los que se persigan en cada caso. Pero la línea de la liberación y el desarrollo de la nación está señalada y confirmada por el pueblo. La victoria está a la vista. Con la fe en Dios nos haremos dignos de disfrutar los beneficios de este esfuerzo grandioso de un pueblo que ha sabido colocar el amor a su patria por encima de todo cálculo o de grupo. De este pueblo serán todos los méritos, como también serán de él todos los frutos de su gran empresa.

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