*) Por Ideler Tonelli.

El estancamiento y la decadencia de la Argentina que, con altibajos, se evidenció en el medio siglo que tiene su punto de partida en 1930 -año en el que comenzaron los golpes de Estado- tuvo su origen, como corresponde a un fenómeno complejo, en varias causas.

Pero, a mi modo de ver, una de las más significativas fue la creencia de considerar al derecho como un estorbo que era conveniente y necesario soslayar cuando se interponía en la consecución de un objetivo. Se trata de la relación entre medios y fines. En la base del ideario de todos los autoritarismos de izquierda o de derecha, ese desprecio del derecho se expresa en la fórmula que afirma, explícita o subrepticiamente, que el fin justifica los medios.

Si así piensan los que ejercen el poder o que poseen una cuota de poder, el resultado de sus acciones será final y necesariamente negativo y perjudicial, porque la naturaleza del medio empleado termina tiñendo la finalidad para cuya consecución fue escogido. Como ejemplos extremos se pueden citar a los subversivos, que invocaron una alta finalidad de justicia que nunca pudo aparecer porque optaron por medios irracionalmente sangrientos; y a los militares, que tomaron el poder con la finalidad de pacificar el país y terminaron hundiéndolo moral y materialmente, porque usaron métodos atroces y aberrantes.

Ambos desprecian el derecho. A los subversivos una norma jurídica les vedaba matar, sin embargo la despreciaron porque no armonizaba con el fin que invocaban para asesinar. A los militares la totalidad del orden jurídico les impedía utilizar desde el Estado métodos atroces y aberrantes; pese a ello los emplearon invocando una alta finalidad.

El Estado italiano desterró a las “brigadas rojas” sin emplear métodos ilegales. El resultado es que ellos no están destrozados por el pasado. Nosotros sí.

El empleo de medios cuya naturaleza no armoniza con la finalidad perseguida, más temprano que tarde, se cobra la revancha. El desprecio del derecho es el más patético ejemplo de esa desviación conceptual, porque está presente en casi todas las etapas de este medio siglo de decadencia en el que tantas frustraciones hemos vivido.

Con el retorno de la democracia, a partir del 10 de diciembre de 1983, la vigencia efectiva del concepto opuesto, que es el incondicional respeto por el orden jurídico vigente y que es inherente a ese sistema, requiere de un proceso de reeducación muy intenso, en el que el ejemplo debe ser esencial, porque el período en el que se despreció el derecho fue muy largo y porque los tiempos de la democracia suelen ser, por la necesaria observancia de las reglas, más lentos que los de los autoritarismos, lo que constituye una tentación para justificar el apartamiento del buen camino, que es el que produce resultados eficaces y duraderos, aunque sea más lento.

Sobre la base de admitir la conveniencia de llevar a cabo un proceso de reeducación, para demostrar el provecho que se deriva de respetar la ley, no resulta coherente con esa finalidad las constantes evidencias en sentido contrario que produce el oficialismo gobernante. Cuando el presidente ordena privatizaciones sin respetar las normas que exigen que ellas deban ser adoptadas por el Congreso mediante un ley, o cuando afirma que se siente proscripto porque la Constitución no le permite ejercer un nuevo período presidencial a continuación de los dos consecutivos que concluirá en 1999, ejerce desde su alta investidura una influencia en sentido contrario al de esa necesaria reeducación. La gravedad se aumenta cuando la Corte Suprema, que por mandato constitucional debe ser la guardiana del orden jurídico, convalida esas decisiones presidenciales.

Como ya es muy tarde para pretender que esa tendencia negativa se corrija y porque la actitud que desprecia el derecho es muy recalcitrante en el oficialismo, no queda otro camino para volver a la buena senda que el de poner de manifiesto en cada ocasión el disgusto que esa conducta nos causa y, muy especialmente, seguir manteniendo la decisión de provocar un cambio en el poder político el año que viene. Para reimplantar la cultura de respetar la ley ese cambio en el poder político resulta imprescindible.

 


Fuente: Diario El Popular

 


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