Empleo público y desarrollo

*) Por Sebastián Lucas Ibarra.

La experiencia desarrollista y los desafios para la actual gestión.

El sector público es un factor determinante para el desarrollo de un país. Puede tanto promoverlo como obstaculizarlo: la calidad  del mismo afecta a los bienes y servicios que el Estado produce, muchos de los cuales tienen efecto directo en pilares del desarrollo como la educación, la innovación y los incentivos productivos. En tanto la “cantidad” de empleo público impacta en el nivel del gasto estatal: un gasto público desbordado desvía recursos para financiar las ineficiencias del Estado y que, por lo tanto, no se invierten en el estímulo de las actividades productivas. En conclusión no puede pensarse un programa de desarrollo si no se tiene en cuenta el impacto del sector público.

El tamaño del Estado

La discusión sobre cuál es el tamaño ideal del Estado no es nueva. Y no se ha zanjado. Aún así la visión desarrollista es clara y el propio Frondizi lo abordó en sus discursos como presidente: “No es una cuestión teórica entre estatismo y libre empresa, como suele sostenerse. Es un hecho económico ine­vitable cuando los recursos no alcanzan para financiar el desarrollo económico y el  mantenimiento de un costoso aparato estatal al mismo tiempo.  Si se financia al Estado se descapitaliza a la actividad privada, es decir al desarrollo económico, y se envilecen los salarios y los sueldos. Por otra parte, en ningún país, desarrollado o no, se concibe un presupuesto estatal desproporcionado con el ingreso nacional bruto”. [1]

Es decir, no hay un tamaño ideal teórico del sector público, pero este debe tener una dimensión acorde a los ingresos fiscales. Es muy simple: de alguna manera se tiene que pagar, y la forma genuina son los ingresos de las arcas públicas. Inflación o deuda no son opciones sostenibles, aunque puedan utilizarse en situaciones excepcionales y transitorias para financiar el déficit.

Frondizi y el empleo público

Arturo Frondizi abordó el problema de la hipertrofia del sector público como un problema de cabal importancia, dada la situación de crisis a la que se enfrentaba. Así lo manifestaba en sus discursos:“En esta hora de emergencia nacional, la Administración Pública no puede ser el refugio de la comodidad y del menor esfuerzo. Incompatibilidades, licencias y permisos se ajustarán inexorablemente a lo que dispone la ley. Los honorarios del trabajo se determinarán en función de las necesidades del servicio público y deberán ser rigurosamente cumplidos, haciéndose responsable al personal jerárquico de su observancia.  No se hará ninguna nueva designación que no sea absolutamente imprescindible. Salvo casos excepcionales el personal jubilado y en condiciones de jubilarse, deberá dejar sus cargos”.

Pero atención: su objetivo no se limitaba a reducir el gasto y las ineficiencias. No tenía un enfoque neoliberal, que sólo pone el acento en la necesidad de ahorro. Frondizi iba más allá, buscaba crear una administración pública moderna que acompañara y promoviera el programa de desarrollo, la calidad del servicio público era un eje fundamental: “El exceso de burocracia genera a su vez la irrespon­sabilidad de los agentes, la dispersión, la superposición de funciones, el expedienteo innecesario, los gastos de locales, de teléfonos, papel, etc. multiplicados al infi­nito. Se desmoraliza al funcionario y se perjudica al público. Una administración frondosa se nivela hacia abajo en materia de remuneraciones y ascensos. Es imposible pagar decorosamente al agente eficaz y al técnico.”

La visión del estadista aquí también estaba presente.

¿Qué hacer ahora? Aprendiendo de un estadista

Que se haya creado y dado el rango de Ministerio (de Modernización) a la dependencia estatal competente del tema ya denota la relevancia del asunto para la gestión del Presidente Macri. La cuestión del empleo público se determina en relación a su propia relevancia, y no a las circunstancias y necesidades de la coyuntura política (contener el desempleo, achicar gastos, etc…).

Ahora bien, ¿como encarar la cuestión? Dada la hipertrofia y sobredimensión del empleo y los servicios  públicos relativa a los ingresos estatales que existe en la actualidad, el gobierno de Mauricio Macri debería seguir un curso de acción similar al que emprendió Frondizi. Pero las circunstancias son diferentes. En primer lugar desde el enfoque al problema económico:   Frondizi, previo  al plan de ajuste y racionalización del Estado lanzó un inédito y vigoroso programa de desarrollo que promovió la llegada de inversiones extranjeras.  Esta política generó oportunidades laborales en otros sectores absorviendo los despidos masivos del sector público (en su entrevista Zavala nos cuenta fueron sólo 14 individuos los que demandaron al Estado para ser reincorporados). El aprendizaje sobre aquella experiencia es que para bajar el gasto público y la inflación la mejor receta es combinar disciplina fiscal y ajuste del gasto público con un previo aumento de las inversiones, la producción y la demanda de bienes y servicios (paradójicamente incluso con emisión que es estratégica para aumentar y expandir el mercado interno, no ya para pagar gasto público).

Y lo otro que es distinto, y que excede las decisiones del gobierno pero las determina, es la realidad del empleo de 1958 y el de 2017 que ha empeorado notablemente. Desempleo y precarización laboral  son realidades que antes no estaban presentes en esta magnitud por ende la capacidad de absorción del sector privado en el corto plazo posiblemente no sería la misma que en aquel entonces.  También hay que tener en cuenta que los salarios estatales de la Administración Pública Nacional (a nivel provincial y municipal esta completamente desbordado) implican sólo el 12% del gasto público mucho menor que en el gobierno desarrollista. La mayoría del gasto esta en los subsidios estatales, el déficit de las empresas privadas y las transferencias de la ANSES. En consecuencia, y sin olvidarnos la crítica constructiva a la ausencia de un programa desarrollista vigoroso de expansión e inversiones, hoy una reducción drástica del empleo estatal generaría una nueva crisis social. En este contexto, sensatamente, la reducción del empleo público fue de apenas el 0,2%. Aún así es un tema a resolver a mediano plazo pues no implica que no haya que adecuar la planta estatal a sus necesidades y recursos, pero nos da pie para pasar a enfocarnos en el eje otro de acción: la calidad, la eficacia de los cuadros técnicos del estado y sus estructuras.

Aquí es precisamente donde hay más campo de acción y más se ha avanzado, me refiero a lo que desde el Ministerio de Modernización de la Nación se denominó “jerarquización del empleado público”.  Se trata de hechos concretos que se establecieron en el Plan de Modernización del Estado: planes de capacitación para el uso de las nuevas tecnologías; implementación de incentivos al presentismo y la productividad; reformulación del ingreso al Estado a través de los concursos; relevamientos de funciones y tareas de cada una de las dependencias del Estado; armado de un base de datos integral de empleados públicos; relanzamiento del INAP; fomento de acciones para el cambio actitudinal y cultural del empleado público; y la implementación de la movilidad interna para recuperar el propio personal ya contratado, y desaprovechado, en roles y tareas  acordes al desarrollo profesional de los mismos y las necesidades de los organismos.

Aún así, resolver la problemática en torno al empleo público no es tarea sencilla ni sus efectos serán inmediatos. La resistencia al cambio es fuerte sobre todo en un Estado donde hay perfiles que no se adecuan a las necesidades reales de la administración, que están mal pagados y que en algunos casos no están predispuestos a generar el compromiso que exige una administración pública de excelencia. Es por eso que a las acciones y programas ya nombrados es fundamental se acompañen de coherencia, de ejemplaridad y de persistencia a lo largo de este proceso.

Como argentinos tenemos que recuperar el sentido y valor del servicio público y desde allí, desde esa concientización, potenciar al al Estado para que sea un motor de promoción para el desarrollo.