Macri, el presidente reformista

*) Por Horacio Pereira.

El primer año del gobierno de Macri fue duro. Fue un año de sinceramiento y estabilización. A fines de 2016, la política económica dio un giro keynesiano. El gobierno expendió del gasto público, orientado principalmente a la realización de un amplio programa de obras públicas e infraestructura física, y alimentó el consumo con el blanqueo de capitales, el pago de los juicios a los jubilados y la mejora en los haberes de los que adhirieron al régimen de reparación histórica, entre otras medidas. Hace un mes, Macri dio un nuevo giro: anunció que emprendería una etapa de reformas estructurales.Se trata de un llamado para cambiar los paradigmas de la Argentina decadente de las últimas décadas.

Las reformas giran en torno a tres ejes: macroeconomía, que incluye la inflación, la modificación y baja de impuestos y la ley de responsabilidad fiscal de las provincias; el trabajo como eje de proyecto de vida de las personas; y la república y la calidad institucional. En un acto en el CCK, al que convocó a gobernadores, empresarios, juristas y sindicalistas, el presidente reclamó un fuerte compromiso para reducir el gasto público corriente, incrementar la inversión, combatir la pobreza, achicar la burocracia y enfrentar la corrupción.

Macri habló a los empresarios y pidió una economía más abiertas, con menos prevendas y menos protegida. Apuntó a los sindicatos, a los que criticó por el exceso de obras sociales y gremios. Reclamó a los gobernadores por el derroche del gasto público, aunque reconoció que es un exceso que también existe en el Gobierno federal. Sobre la calidad institucional, anunció medidas concretas para combatir la corrupción y la reforma electoral, y cuestionó al Poder Judicial, por sus tiempos infinitos, la desmesurada creación de fiscalías y las prolongadas etapas de receso de cada año.

En el último mes ha comenzado la parte más difícil: las negociaciones, que han tenido a los gobernadores como figuras centrales y con los que ya se han alcanzado acuerdos importantes. Sin dudas, un punto ríspido serán los cambios previstos para el sistema previsional. El Gobierno promueve que la edad de jubilación se mantenga en los niveles actuales, aunque propone que la continuidad en el trabajo sea una decisión optativa de los trabajadores.

Un primer año duro

Argentina estaba en una situación desesperante en diciembre de 2015, cuando asumió Macri. Cambiemos heredó una economía plagada de distorsiones y problemas macroeconómicos. Por citar solo algunos: inflación reprimida por controles de precios y distorsiones en los precios relativos; cepo cambiario; caída del PBI; déficit primario del 5,4%, financiado con fondos de la ANSES o emisión monetaria espuria; quebranto técnico del BCRA y reservas por el piso; pérdida del autoabastecimiento energético, lo que impactaba en el balance de cuenta corriente y el crecimiento económico; deterioro de la infraestructura; inexistencia de estadísticas oficiales creíbles; retraso en las tarifas de los servicios públicos.

Cuando Alfonso Prat Gay asumió como ministro de Hacienda, el objetivo era tomar medidas urgentes para eliminar las trabas que habían conducido al estancamiento de la actividad y el empleo privado y a la caída del comercio exterior. En muy poco tiempo aplicó medidas de shock, como terminar con el cepo cambiario y el acuerdo con los hold outs, lo que permitió el retorno a los mercados internacionales de crédito. El Gobierno, además, eliminó las retenciones al agro —excepto a la soja, para la que definió un cronograma de reducciones en la tasa—, para impulsar un rápido despegue de la economía argentina.

Las primeras decisiones económicas aumentaron la presión inflacionaria, que el BCRA buscó combatir con una política monetaria contractiva. La implementó con una estrategia de esterilización y absorción monetaria a través de las LEBACs, que se caracterizó por una suba de las tases de interés. Esto minó cualquier principio de reactivación económica durante 2016.

Estaba en vigencia la economía gradualista de Macri. El objetivo era reducir de a poco el déficit fiscal, que estaba en el 7% del PBI cuando comenzó su mandato y que financió desde entonces con emisión de deuda.

La ansiada recuperación tardó en aparecer. A partir del segundo semestre de 2017, sin embargo, comenzaron a aparecer los llamados “brotes verdes”, protagonizados en su mayoría por el sector agropecuario, las industrias vinculadas a él y la actividad de construcción, tanto pública como privada. El gobierno apuesta por cuidar y robustecer esos brotes verdes. Un ejemplo de ellos son los ´préstamos personales e hipotecario.

¿Qué reformas propone Macri?

Tras el discurso en el CCK, se dieron a conocer las propuestas de reforma. En materia impositiva, el Gobierno plantea:

  1. Una rebaja del impuesto a las ganancias no repartidas como dividendos del 35% al 25%;
  2. La devolución anticipada de saldos a favor del IVA por inversiones;
  3. Un incremento gradual pago del impuesto al cheque a cuenta del impuesto a las ganancias, hasta que en un plazo de cinco años su impacto sea neutro;
  4. La negociación de un acuerdo con las provincias para reducir los impuestos de ingresos brutos y sellos, y para eliminar las aduanas interiores;
  5. La creación de un impuesto a las rentas financieras obtenidas por personas físicas, del 15% para títulos en moneda extranjera y del 5% para los de renta fija en pesos;
  6. El incremento de la deducción especial en ganancias para trabajadores autónomos;
  7. La eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI) y la aplicación de un impuesto a la ganancia de capital por la venta de inmuebles —excepto para casa habitación— con una alícuota del 15%;
  8. La modificación de ciertos impuestos internos. Propone reducir los gravámenes para los productos electrónicos y los vehículos de gama media e incrementarlos para ciertos productos de alta gama. También subir los impuestos a los productos perjudiciales para la salud. Para las bebidas actualmente no gravadas, propone una suba gradual en tres años;
  9. Un cambio en el impuesto a los combustibles para que el tipo de cambio y el precio del petróleo influyan menos sobre los precios locales.

El proyecto de reforma laboral incluye una amplia gama de beneficios para las compañías que busca facilitar la contratación, el blanqueo y el despido de personal. También contempla una reducción de las prerrogativas judiciales para los trabajadores y hasta la redefinición del concepto de trabajo. El Gobierno busca con estos cambios reducir la litigiosidad laboral. También busca crear nuevas modalidades laborales y ampliar las licencias.

En materia de blanqueo laboral, la propuesta establece un periodo de un año para la regularización, con costo cero para el empleador durante los primeros seis meses y un descuento del 70% para los restantes. A los trabajadores blanqueados se les reconocerían cinco años de aportes previsionales, como una suerte de moratoria. La reforma prevé, además, una reducción de los aportes patronales del 21% al 19% en forma escalonada hasta llegar al nuevo piso en 2022.

Con respecto al concepto de trabajo, propone una modificación sustancial: iguala los roles entre empleador y asalariado, a contramano de la jurisprudencia que reconoce una debilidad intrínseca del trabajador frente al empresario.

El proyecto pretende facilitar la tercerización y la subcontratación, mecanismos que hasta ahora no habían sido regulados y que intentará dejar consagrados en su funcionamiento para evitar los juicios. También prevé la creación de modalidades de trabajo a tiempo parcial y una flexibilización en el criterio del ius variandi,  que prohíbe la modificación unilateral de las condiciones de trabajo del empleado. El borrador del proyecto incluye la creación de la figura del trabajador independiente, que podría tomar hasta cuatro colaboradores despegados de las modalidades habituales de contratación.

En materia de indemnizaciones, contempla una reducción significativa: elimina los pagos correspondientes a aguinaldo, horas extra, comisiones, premios o bonificaciones y todo tipo de pago no regular. La posibilidad de iniciar una demanda hoy prescribe a los dos años; con los cambios lo haría al año. La reforma habilita a los sindicatos y empresas a negociar un fondo de cesa labora, una suerte de seguro de desempleo, con aportes del asalariado y del empleador. Algo similar a lo que ya rige en la construcción.

Entre los cambios se incluye la prohibición de la fijación de sumas no remunerativas en los acuerdos salariales y la creación de la agencia nacional de evaluación de tecnologías de salud. El objetivo es poner un freno a los juicios iniciados por afiliados para obtener prácticas médicas o remedios no contemplados en las coberturas de estas prestadoras.

Con respecto a la ampliación de licencias, propone una extensión de las de paternidad a 15 días para los hombres, las de matrimonio a 10 días, y las de muerte de cónyuge, padre o hijos a tres días y las de un hermano a un día. Además, si se aprobara, permitiría una licencia de 30 días corridos sin goce de sueldo.

Los desafíos pendientes

Es imprescindible generar las condiciones para que el crecimiento económico sea sustentable en el tiempo. Para ello es necesario incrementar la oferta de bienes y servicios a través de un fuerte aumento de la inversión productiva. El requisito sine qua non para lograrlo es encarar reformas estructurales que permitan bajar costos, aumentar la competitividad, mejorar la infraestructura física para integrar el país de norte a sur y de este a oeste, incrementar la producción y la diversidad de las fuentes de energía y generar las condiciones e incentivos para que el capital fluya ahí donde se requiere para mejorar la productividad y la competitividad sistemática de la economía. En este sentido, es interesante la ley de participación público-privada, que establece un régimen para el fomento de la inversión privada en obras de infraestructura de gran envergadura en sociedad con el Estado y fija para ello una serie de obligaciones, sanciones por incumplimiento y formas de ejecución.

Con ese norte, es necesaria una estrategia de fomento y promoción de la inversión extranjera, enfocada a aquellos sectores que tengan mayor potencial de desarrollo en la Argentina. También es clave una estrategia posicionamiento del país a nivel internacional que destaque sus recursos y competitividad potencial y la facilitación de la colaboración entre inversionistas extranjeros y empresas nacionales para el desarrollo y la ampliación de las actividades productivas en el país.

Horacio Pereira

Licenciado en Comercio Internacional. Máster en negocios con China y Asia Pacífico

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