El gobierno propone el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta para reactivar la economía, pero es una política de dudosa eficacia que puede provocar el deterioro del entramado productivo local, consolidando la primarización y el extractivismo, en vez de potenciar la diversificación productiva. Y generar ventajas indebidas de ciertas empresas en comparación con otras.
El proyecto, que forma parte de la Ley Bases, ofrece una serie de beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios para proyectos que inviertan más de 200 millones de dólares en bienes de capital. Estos beneficios tendrían vigencia por 30 años.
En el plano tributario incluyen una reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, la suspensión del impuesto sobre dividendos distribuidos, el pago IVA con crédito fiscal, que bienes personales y el impuesto al cheque sean tomados como un adelanto del pago del impuesto a las ganancias, lo que implica que estarán exentos de esos tributos. También estarán exentas del pago de todos los impuestos provinciales o tasas municipales.
En el plano aduanero, las compañías incluidas en el régimen podrán importar libre de aranceles y tampoco pagarán el impuesto PAIS, que es el que paga cualquier persona cuando compra dólares.
En materia cambiaria, las empresas incluidas en el régimen podrán disponer libremente del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40% a partir del segundo año y de la totalidad a partir del tercero.
El régimen no prevé ningún tipo de mecanismo de incentivo al agregado de valor local o el desarrollo de proveedores, por lo que difícilmente podría considerarse desarrollista. Pero al mismo tiempo tampoco es una política que se aplica por igual a todas las empresas argentinas o extranjeras, por lo que no podría considerarse liberal. Lejos de la “igualdad ante la ley”, es un régimen que elige ganadores y perdedores, que genera ventajas artificiales para ciertas compañías en particular.
Y ni siquiera hay objetivos de desarrollo específicos definidos que justifiquen por qué el gobierno crea estos beneficios extraordinarios para las compañías que inviertan en Argentina.
Voces críticas
Desde distintos extremos del arco político, Elisa Carrió y Cristina Fernández de Kirchner criticaron el RIGI.
“¿Cuál es el beneficio de las inversiones que harían, que no van a pagar el impuesto al cheque y van a pagar el 25% de ganancias?”, planteó Carrió. “¿Cómo miro a la cara a las PyMEs que dan trabajo?”.
Fernández de Kirchner destacó que el presidente Javier Milei dijo, en cadena nacional, que la recuperación y el crecimiento vendrían del petróleo, el gas, la minería y el campo.
“Quiere una economía de carácter extractivista, sin valor agregado, precapitalista. Me hace acordar a la Argentina del Río de la Plata. Se llevan todas las riquezas”, dijo Fernández de Kirchner. “Más que anarcocapitalismo, es anarco-colonialismo”.
Y es que lejos de establecer desarrollo de cadenas de valor con el entramado productivo actual, simplemente se presupone un eventual efecto derrame sobre otras actividades que no están directa o indirectamente ligadas al diseño particular de la medida.
El exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo en un largo hilo de X que estaba “conceptualmente a favor” de un régimen que incentivase las grandes inversiones, pero criticó la forma en que la política está diseñada.
“El punto que me parece insalvable en los términos en que está escrito es el claro desincentivo al desarrollo de proveedores nacionales”, dijo Kulfas. “El RIGI está fundamentalmente orientado a la inversión en actividades primarias. Las mejores experiencias internacionales y nuestra propia historia indican que el gran desafío en las inversiones vinculadas a recursos naturales consiste en desarrollar proveedores nacionales, industriales, tecnológicos e ingeniería que permitan justamente utilizar al recurso natural como una palanca para el desarrollo productivo
El planteo de Kulfas destaca las experiencias de países como Noruega, Canadá o Finlandia, que crearon capacidades industriales a partir de la explotación de sus recursos naturales y se convirtieron en líderes de sectores tecnológicos.
“El RIGI genera exactamente lo contrario. Por una parte, admite la posibilidad de importar sin ningún tipo de arancel cualquier bien de capital, repuesto y otros insumos sin aclarar que éstos deban ser nuevos o usados, con lo cual incluso se da la posibilidad de que operadores internacionales ingresen maquinaria ya utilizada generando una competencia desleal con instrumental obsoleto, es decir, donde no hay transferencia de la mejor tecnología internacional”, dijo Kulfas. “Nuestras industrias deberán pagar aranceles de importación para ciertos insumos que no deberán afrontar quienes ingresen en este régimen, generando desincentivos groseros a la producción en el país”.
Enfoque extractivista
En una primera versión del proyecto, el régimen se enfocaba en sectores extractivistas —el agro, la minería, la energía, la industria forestal— y en tecnología. Son actividades que hoy cuentan con ventajas competitivas y ya son rentables. El incentivo fiscal así planteado era, más bien, un regalo fiscal.
La estabilidad macroeconómica sería condición suficiente para que estos sectores despegaran y atrajeran inversiones. En algunos casos, también son necesarios otros cambios legislativos para habilitar la explotación. Pero no necesitan incentivos fiscales, aduaneros o tributarios especiales a los que otros sectores no pueden acceder.
El nuevo proyecto, que debe ser votado en el Senado, amplía el régimen a proyectos de cualquier sector que cumplan con los requisitos del monto a invertir. Si bien parece un enfoque más acertado, no resuelve los problemas de diseño del régimen. En especial, porque los sectores extractivistas son los principales beneficiarios. Y quizás los únicos, ya que en una economía recesiva como la actual, sólo actividades con potencial exportador tiene incentivos para realizar grandes inversiones en el país.
Con el uso de la capacidad instalada por debajo del 55%, hay pocos incentivos para invertir en la ampliación de la producción nacional.
Lavado de activos
Otra crítica al régimen es el riesgo de que sea un vehículo para el lavado de dinero. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtió que el RIGI podría convertir a Argentina en un paraíso fiscal.
El GAFI cuestiona que el Estado se deslinda de toda responsabilidad en caso de que se compruebe un origen espurio de los capitales.
“No existe en el texto del proyecto ley ningún requisito sólido de acreditación de origen lícito de los fondos o su trazabilidad para evitar un blanqueo o lavado encubierto producto de organizaciones criminales”, advierte el organismo. “Todos los grandes fondos de flujo ilícito de dinero calificarían para ingresar al registro de incentivo para grandes inversiones con lo cual Argentina se transformaría en un nuevo paraíso fiscal para capitales de origen incierto”.
Al respecto, Milei dijo en una entrevista radial: “Me importa un rábano. Habrá que hacer un blanqueo más flexible para que puedan blanquear”.
Voces a favor
Uno de los mayores defensores del RIGI ha sido el diputado nacional Eduardo Falcone, del bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).
“La estabilidad jurídica es una condición necesaria pero no suficiente para conseguir inversiones de largo plazo. Nadie va a hundir 1.000 o 10.000 millones de dólares en capital físico en Argentina si está sujeto a la posibilidad de que de un día para el otro un burócrata del Estado le cambie las reglas de juego y le modifique las condiciones que había proyectado para que su inversión sea rentable”, dice Falcone en una nota en el diario Clarín.. “Lamentablemente la inestabilidad económica y los drásticos cambios de orientación política de nuestra nación en las últimas décadas han hecho completamente imposible que estas inversiones hayan sido viables”.
Según Falcone, el descrédito del país impide estas inversiones y desbloquearlas es un beneficio en sí mismo: “Las inversiones que no existen no dan trabajo, no ingresan dólares a la Argentina, ni pagan impuestos”.
Falcone compara los cuestionamientos al RIGI con las críticas que sufrió el gobierno del presidente Arturo Frondizi cuando convocó al capital privado nacional y extranjero para impulsar la producción del petróleo. El diputado del MID considera que son críticas sobre las formas, pero que no van al fondo del asunto que es iniciar un proceso de capitalización de la economía con inversiones de largo plazo para modernizar la infraestructura existente y agregar otra nueva que no existe.
“Estamos ante una situación crítica y necesitamos salir rápidamente del atraso y el subdesarrollo”, dice Falcone.
El cambio de estructura
El gobierno de Arturo Frondizi efectivamente impulsó las inversiones petroleras y las de otras industrias de base, que consideraba fundamentales para cambiar la estructura económica del país. Pero tenían claro que el objetivo era el cambio de la estructura, no la inversión en sí misma. Inversiones que consolidaran “la vieja estructura”, como denominaba Rogelio Frigerio al modelo agroimportador, no era necesariamente el comienzo de un proceso de desarrollo. De hecho, Frigerio había identificado claramente qué sectores debía priorizar.
Los cambios legales que impulsaron las inversiones durante el desarrollismo
Una justificación posible para un régimen de grandes inversiones, con beneficios como los del RIGI, sería el potencial impacto dinamizador de la economía y la creación de capacidades productivas. Como una mina de litio, que contrate proveedores locales, genere empleo y que incorpore tecnología. Aunque esto no justifica de forma evidente que compense el tratamiento fiscal preferencial, es un impacto potencial. Sin embargo, el RIGI deliberadamente omite cualquier obligación de contenido nacional o políticas de desarrollo de proveedores locales. Y, de hecho, elimina los aranceles de importación para estos proyectos.
El planteo de que el flamante régimen atraería inversiones que no se producirían en Argentina sin estos incentivos, y, por lo tanto, generaría una recaudación fiscal adicional que no existiría de otro modo, es difícil de sostener cuando Argentina ya es el país con más proyectos de litio en el mundo, por ejemplo.
No está claro que el régimen genere inversiones adicionales en el país, pero sí está claro que aquellas que se realicen pagarán menos impuestos y tendrán menos incentivos para desarrollar proveedores locales.
Una política desarrollista para incentivar las inversiones debería considerar cómo genera valor agregado local, promueve la integración de cadenas de valor, genera empleo y logra una inserción en la economía global más provechosa para el país. Y por supuesto como transforma la estructura productiva hacia la innovación y desarrollo industrial y no en cambio como consolida un modelo extractivista. Fue lo que hizo el gobierno de Frondizi, que no dejó librado a las grandes corporaciones el destino del desarrollo productivo del país ni confió que estas provocarían un hipotético derrame sobre el resto de la economía.
Además, uno de los mayores problemas del RIGI es que genera ventajas de las nuevas inversiones sobre las ya radicadas. La ley de inversiones extranjeras de Frondizi buscaba lo contrario: igualar las condiciones para los capitales extranjeros y los nacionales, no darle ventajas adicionales.
La ley de inversiones extranjeras de 1958 daba preferencia a los capitales dirigidos al desarrollo y la integración de las economías regionales, la elaboración de materias primas, la producción de bienes de capital y de utilización intermedia y aquellos que se asociaran a empresas de capitales nacionales. Es virtuoso y posible apalancar el desarrollo desde la explotación de materias primas si se enmarca en un plan estratégico hacia el agregado de valor y la innovación tecnológica. El RIGI no contempla ninguno de estos aspectos. Y eso no es una cuestión de formas.
Frondizi explicaba que una política de inversiones “debe programarse con el criterio de establecer una escala de prelaciones que conduzca al desarrollo vertical —una estructura industrial integrada desde los rubros básicos hasta la industria liviana y soporte de una agricultura tecnificada— y horizontal que, mediante la intercomunicación física de las regiones y la radiación de polos fabriles en el interior, integre la nación, y extienda y unifique el mercado”.
Estos argumentos siguen vigentes. Es lo que hacen los países desarrollados o que buscan desarrollarse en el siglo XXI. No es solo conseguir inversiones sino que estas sean un medio para el cambio de la estructura productiva. La clave es crear un modelo de acumulación diferente, un proceso de desarrollo que sustente mayores niveles de bienestar en Argentina. Claramente el RIGI no tiene esa impronta desarrollista.
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