En su discurso en el Foro de Davos, el presidente, Javier Milei, argumentó que cualquier problema de funcionamiento en el mercado resulta de la intervención del Estado. En concreto dijo que :”Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el estado que tiene el monopolio de la violencia”, dijo Milei. “Si alguien considera que hay un fallo de mercado, les recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio, les sugiero que hagan de nuevo el análisis porque definitivamente está mal. Los fallos de mercado no existen.”
Esta definición simplemente afirma, pero sin probarlo, que la transacción del ejemplo es entre iguales (nadie tiene más poder) y que el único con poder coercitivo es el Estado. En su lógica, rechaza la posibilidad de “fallos del mercado” como la falta de competencia, las externalidades, la falta de bienes públicos, las asimetrías de información, los problemas de coordinación y cuestiones similares, que pueden hacer necesaria la intervención del Estado para mejorar la eficiencia de la economía.
En su devoción por el libre mercado y su rechazo visceral del papel del Estado como organizador y promotor del bien común, Milei centra sus críticas en los llamados “fallos del gobierno”, que por supuesto también existen. De hecho, hay una gran variedad de ellos, como el uso del poder para enriquecerse y perpetuarse, la incapacidad operativa y la incompetencia, entre otros. Estos “fallos del gobierno” pueden hacer que las intervenciones propuestas, supuestamente para reducir los “fallos del mercado”, acaben generando más efectos negativos que los derivados del problema que pretenden resolver.
Sin embargo, asumir que los fallos del gobierno son el núcleo de los problemas es un grave error que se magnifica aún más cuando se niega doctrinalmente la existencia de fallos de mercado. El hecho de que el gobierno aplique medidas inconexas e ineficientes para resolverlos no significa que sean perjudiciales, que no deba hacerse nada al respecto o que no existan, sino que deben analizarse en profundidad los efectos y externalidades de cualquier política pública que se implemente para intentar solucionarlos.
Un ejemplo son las prohibiciones y la fijación de precios de las que ha abusado el kichnerismo con enormes perjuicios para la producción y la competitividad. Pero reitero, esta mala praxis no implica que no existan fallas de mercado y mucho menos que el Estado no deba hacer nada al respecto.
Por ello, una visión desde las teorías del desarrollo reconoce la existencia de las dos fallas, sin dejar de reconocer la primacía del Estado como árbitro y promotor benevolente del bienestar general, pero siempre valorando y ponderando la necesidad de pesos y contrapesos institucionales así como de un amplio diálogo entre los distintos grupos de la sociedad para evitar sus excesos, abusos y errores.
Las falacias liberales desenmascaradas con la realidad
Afortunadamente, la lógica de este mercado imperfecto, y la necesidad de regulaciones sensatas, ha quedado expuesta en los pocos meses de gestión del gobierno libertario con el caso emblemático de la asistencia social. Bajo la lógica de la liberalización de precios, ciertamente necesaria, pero con la inocente ilusión de que los precios se regularían en niveles de “mercado” —y acordes al contexto económico—, el famoso DNU desreguló el sector de las prepagas de salud. Fue entonces que lejos de un aumento ordenado y acorde a la inflación del período, las grandes prestadoras (OSDE, Swiss Medical, Galeno y Sancor) incrementaron sus tarifas en más de un 140% cuando la inflación acumulada en el período fue de poco más del 70%.
Es cierto que hubo retrocesos anteriores, cuando los precios fueron pisados por la Superintendencia de Salud de manera abusiva, pero el salto en las tarifas es tan grande que el impacto en las economías de los afiliados es sensible. Se han producido cuatro subidas consecutivas por encima de los dos dígitos — 40% en enero, 27% en febrero y 20% en marzo, y se espera un 18% en abril. Más del 100% desde principios de año, mucho más que el incremento acumulado de las pensiones.
“Lo que pasa con las prepagas es que nosotros desregulamos, damos libertades, lo que no permitimos es que exista un grado de cartelización que afecte a los argentinos”, dijo el vocero Manuel Adorni. Un día antes, el ministro Caputo había publicado un mensaje en su cuenta personal de X. “Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”. Parece que unos y otros descubrieron por fin que el mercado no es tan perfecto y que también puede jugar en contra de sus intereses políticos.
La cartelización es precisamente un síntoma del fracaso del mercado debido a la falta de competencia al generar un acuerdo formal entre empresas del mismo sector para prevalecer en el mercado basándose en su posición dominante. En general, esto se hace para eliminar a otros competidores más pequeños, aunque aquí se entiende que el objetivo es coordinar entre todos un precio similar de los servicios para no competir entre ellos y poder aumentar sus servicios. Es que la mera acción coordinada de dos o más competidores para fijar precios a los consumidores o coordinar posiciones frente a sus prestadores implica una violación a la ley de defensa de la competencia.
En la misma línea, hace unas semanas la CC-ARI denunció que Claudio Belocoppit, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) y titular de Swiss Medical, coordinó desde la UAS aumentos entre distintas empresas de medicina prepaga, esquivando así la máxima del Gobierno en materia de desregulación: la competencia en el mercado.
“No es el rol de la Cámara coordinar los aumentos de precios o las políticas respecto de los proveedores. Belocopitt no es consciente de que anunció la comisión de una actividad ilícita, no pueden hacer lo que hicieron”, fue la crítica en su momento, cuando el propio empresario, en diálogo con Clarín, admitió que mucha gente se iba a caer del sistema privado de salud y este precisamente es otro punto débil del argumento libertario. Habrá quienes argumenten que los usuarios siempre pueden acudir a prestadores más baratos pero eso no siempre es así porque muchos de ellos son afiliados de edad avanzada o que tienen patologías detectadas no se los aceptaría como afiliados en caso de que quieran cambiarse a una prepaga más barata si quiere. Es decir que en este sector por estas particularidades de admisión que tienen las prepagas no existe esa libertad real de oferta y demanda. Si renuncian pueden quedarse sin nada.
Vale la pena recordar que la salud es ante todo un negocio, sobre todo cuando se desregula a merced de la buena voluntad de unas pocas grandes empresas del sector.
Aunque el presidente no dijo nada al respecto, el caso sirvió para que sus propios funcionarios mostraran en sus quejas y advertencias la inconsistencia de aquellos dogmatismos liberales predicados en Davos. Paradójicamente, podría decirse que fue un “fracaso del gobierno”, como lo fue aquella ciega liberalización, dejando los precios a merced del “mercado”, que no sólo expuso al gobierno al tan temido aumento de los índices de inflación, sino que también expuso a miles de personas a la vulnerabilidad de un servicio de salud público que, si bien es un gran logro social que el país lo ofrezca, está sumamente colapsado para asumir una mayor carga de pacientes.
Milei es presidente porque denunció mejor que ningún otro candidato las “fallas del gobierno” que tanto daño han hecho al país al distorsionar el ciclo económico y el proceso de acumulación. Pero será un buen presidente si logra quitarse las anteojeras ideológicas y genera las mismas objeciones a las inevitables fallas del mercado, sobre todo en un ecosistema empresarial tan acostumbrado al “sálvese quien pueda” como es el argentino. Y para eso, inevitablemente tendrá que hacer lo que hacen todas las democracias capitalistas exitosas: usar el poder del Estado, no para apretar y reprimir al mercado como lo ha hecho la lógica populista durante tantos años, sino para ordenarlo, guiarlo y evitar sus excesos.
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