Seis varones violaron en el medio de la calle a una mujer de veinte años. Pasó este fin de semana en Palermo. El ataque es impactante por su brutalidad, porque quedó registrado en las cámaras, por cómo los violadores agredieron a los vecinos que fueron a socorrer a la víctima y porque fueron atrapados en flagrancia. Desgraciadamente, es un problema que se agrava. El número de abusos aumentó en 2020 un 43% con respecto al año anterior . Y estos solo son los casos reportados: se calcula que apenas una de cada diez mujeres abusadas realiza la denuncia. ¿Qué está funcionando mal en nuestro país para que sigan aumetando los femicidios a pesar de las campañas de concientización y la exposición de casos de violencia hacia las mujeres?
Las causas son múltiples. Estamos hablando de un problema de fondo, arraigado a los violentos de nuestra sociedad, pero esto no tiene que ser la excusa para combatir el flagelo ni para dejar de preguntarnos qué se está haciendo mal. En primer lugar, las leyes que nos “protegen”, ¿quiénes las sancionan? Si bien se ha avanzado en la paridad del Poder Legislativo aún falta mucho camino por recorrer. En el Congreso Nacional, son mujeres el 42% de las diputadas y el 39% de las senadoras.
Por otro lado, sobran ejemplos de miembros de todos los poderes denunciados por violencia hacia las mujeres y por abuso de poder. Y algo más, que es casi tan grave como esto: el silencio de sus compañeras y compañeros de cuerpo, sin distinguir partidos.
Dentro del Poder Judicial, ¿quiénes son los que mayoritariamente deciden condenas y la viabilidad del proceso? La Justicia Federal y las de las provincias están pobladas de personas que demoran las causas y se toman plazos interminables para aplicar medidas que pongan a las víctimas a salvaguarda del agresor, que generalmente es de su núcleo cercano y ejerce sobre ella un poder que limita su libertad de acción. Sin embargo, estos funcionarios son muy rápidos para encontrar tecnicismos que garantizan la impunidad al violador o nulidades para que prescribann las causas. En vez de pedir reformas judiciales para los fueros federales debe revisarse el sistema procesal en los delitos contra la integridad sexual.
El Ejecutivo, a pesar de la inestabilidad de sus funcionarios, no está exento de mismos vicios que los otros poderes. La mayoría de los partidos apoya las políticas contra la violencia de género, pero a veces parece una estrategia de marketing porque no se abordan las soluciones de fondo para dar las respuestas que la sociedad reclama y que las víctimas merecen. La politización de estos problemas desvía el debate hacia enfoques sociológicos y la dirigencia evita así asumir la responsabilidad que les cabe. No alcanza con designar a mujeres al mando de los ministerios, la gravedad de la cuestión exige políticas públicas eficaces y severas.
A pesar de pedir y luchar por los derechos de las mujeres durante años, en mi humilde opinión, como víctima, abogada y política, para erradicar la violencia hace falta entender qué les sucede a las víctimas y qué efectos tiene en ellas y, por ende, en la sociedad. La dirigencia política no tiene que sentarse frente al escritorio y escuchar a las víctimas, tiene que sentarse al lado de ellas, acompañarlas y escarbar hasta lo más profundo para terminar de una vez por todas con la violencia solo por ser mujer.
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