El dengue nos enfrenta al persistente desgobierno argentino. Cada tres a cinco años, un nuevo brote alarma como si fuera el primero, las campañas de fumigación llegan tarde, la concientización pública es parcial y la mitigación de casos insatisfactoria.

Se ha explicado la virulencia de este año por la variedad de los serotipos, el calor extremo, secuelas de la pandemia, entre otros factores. Todos válidos, pero dejan afuera la variable clave, o, a decir verdad, la invariable: la ausencia de gobernanza sanitaria afirmada sobre una sólida salud pública. En pocas palabras, no se trata de la capacidad del mosquito, sino de nuestra propia incapacidad.

Por caso, los responsables de la salud pública nacional y local han desestimado los análisis argumentando la asunción de “dengue” ante la aparición de síntomas, sin precisión de laboratorio alguna. Sería más honesto admitir la falta de recursos de gestión, logística, material y humanos. Respecto a la disposición de vacunas, cabe remarcar la importancia de estudiar su incorporación en el marco de un riguroso esquema de política pública, y no según el parecer de expertos aislados.

Asimismo, la campaña para combatir al dengue y al mosquito debe realizarse todo el año. En invierno no sufrimos la enfermedad, pero es cuando se encuentran las larvas en diversos cúmulos de agua, y por lo tanto deben realizarse campañas específicas con el fin de lograr la eliminación oportuna de los criaderos del mosquito transmisor.

Recordemos que con el brote de 2009 se había planteado una estrategia regional entre nuestro país, Paraguay y Bolivia, e incluso ya en marzo de 2003 se había organizado un simposio regional sobre el dengue y otras enfermedades de transmisión vectorial en Misiones, cerca de la triple frontera.

El enfoque era y es adecuado: buscar detener al mosquito allá de donde surge. Claro que también hay que combatirlo aquí, donde ya está instalado y se reproduce, pero aun si lográramos erradicarlo en nuestro país, volvería nuevamente. Pero pasados veinte años, no hay logros que mostrar.

Por otro lado, la prevención no ocurre en el vacío. La pobreza que alcanza al 40% de la población, y supera esa cifra en determinados nucleamientos rurales, urbanos y suburbanos, no implica simplemente un bajo nivel de ingresos, sino condiciones de vivienda sin agua corriente o red de cloacas, lo que implica guardar agua en tachos para su uso.

En definitiva, descacharrar no es sólo vaciar el desagüe del aire acondicionado. Implica un desafío logístico considerable y un cambio de condiciones materiales de vida, además de conductas.

Contamos con recursos aislados y capacidad técnica subutilizados, ciertamente incompleta, pero suficiente para brindar una respuesta de calidad superior. Sin embargo, corremos atrás de los problemas en lugar de adelantarnos y prever escenarios, trazar estrategias, ejecutar planes, realizar monitoreo constante, observación clínica sistemática.

Estamos acostumbrados a la improvisación, resignados a la mediocridad, cómodos en la queja general, que no es lo mismo que la crítica y mucho menos que la autocrítica. Somos expertos en encontrar culpables exógenos, o excusas para nuestras propias fallas.

Necesitamos que los gobiernos que se suceden asuman la responsabilidad y el compromiso de construir una co-gobernanza de gestión político-sanitaria, pero para ello es necesario que la ciudadanía se los exija. Es tiempo de privilegiar la salud.


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