La política sudamericana viene acumulando complejidades graves al no poder resolver los problemas esenciales socioeconómicos que pide la sociedad. No importa el color político del gobierno de turno todos tropiezan con la misma piedra. La paciencia de la ciudadanía se agota al no ver cambios reales. El paso desde una formación ideológica al otro extremo, con aires de esperanza de un cambio real, se agota a los pocos meses de no obtener los resultados deseados. La mayor consecuencia de estos banquinasos, al que también estamos acostumbrados los argentinos, es que las prácticas de las políticas de Estado no tienen vigor, salvo algunas excepciones.
La institucionalidad cuestionada por las pésimas y mediocres administraciones chocan de manera constante hacia un abismo peligroso. En el medio de semejante tempestad aparecen los políticos que se presentan a sí mismo como antisistema que con prédicas incendiarias generan más irracionalidad con discursos anti todo y recetas que debilita a la democracia. Ejemplos sobran como lo acontecido en Brasil en la era de Jair Bolsonaro o candidatos comunistas en Chile o ex guerrilleros como Petro en Colombia. Milei es el caso autóctono pero también hubo en la oferta electoral de las recientes elecciones paraguayas, Payo Cubas.
La inestabilidad política tuvo su impacto más reciente en el caso de Ecuador, que demuestra una vez como la falta de diálogo, concesiones y puntos en común al otro que piensa diferente, sumado a acusaciones sin fundamentos, deterioran la gobernabilidad y la vida institucional. Fue así que dejaron al gobierno del centroderechista Guillermo Lasso en un callejón sin salida. Acorralado por una grave crisis socioeconómica, y por la Asamblea Nacional, el presidente andino tomó la decisión constitucional de la llamada “muerte cruzada” que dispone el cierre del poder legislativo y que a su vez del ejecutivo gobierne por decreto hasta las elecciones presidenciales que se adelantan al 20 de agosto de este año restringiendo su mandato. Otro camino no le quedó a Lasso que se encaminaba a un juicio político por parte de la oposición que lo acusaba sin fundamentos de haber suscrito un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana y Amazonas Tanker Pool, que es una empresa de servicio de transporte de crudo. Dicha contratación se comprobó antes del proceso de juicio en el legislativo que se había realizado antes de su presidencia. Sin embargo, diputados del expresidente populista Rafael Correa señalan que Lasso agregó una adenda la cual considera penable. Desde la asunción en mayo del 2021 Lasso, exbanquero de 67 años, sufrió desde las filas del correísmo una campaña de desprestigio constante que a la falta de resultados en un contexto de crisis económica con una gigantesca deuda de 8.200 millones de dólares contraída al FMI que impone severos ajustes. Para contrarrestar la situación y llevar adelante reformas estructurales, Lasso convocó a un referéndum en febrero que fue una rotunda derrota para su gobierno que se acrecentó, además, porque el correísmo se alzó con las alcaldías de Quito y Guayaquil, entre otras.
Frente al complejo escenario se agrega que parte de sus aliados, entre ellos el poderoso movimiento indígena que fueron esenciales para la victoria del balotaje contra el candidato de Correa, el economista Andrés Arauz, saltaron a la oposición. Encima para mayores males el narcotráfico se hizo presente, dejando de ser un paso de tránsito entre Perú y Colombia, en el país generando ríos de sangre en las calles ecuatorianas. Por eso, Lasso dispuso el estado de excepción en varias ciudades de la nación para reestablecer el orden, decisión que fue leída por la oposición como un modo de control contra ellos.
Mientras que la inestabilidad total reina en Ecuador, en su vecina Colombia la presidencia del izquierdista Gustavo Petro no logra la estabilidad prometida en la campaña. Para colmo el mal llevado Petro, que fracasó en sus intentos de reforma política y sanitaria ,rompió la alianza de su gobierno echando del gabinete a los miembros de los partidos tradicionales el Conservador y Liberal junto a de La U que obstaculizaban, según Petro, las reformas de su gobierno. Sin estás alianzas en el Congreso se dificultará la gobernabilidad hasta el final de su mandato.
Similar al caso de Petro en Colombia, al presidente chileno Gabriel Boric le cuesta hacer pie en su presidencia. Cada paso del primer mandatario es en falso chocando con el rechazo de la población, sus propios aliados y la oposición. Su último traspié fue un verdadero cachetazo para su gobierno con la dura derrota en manos de la ultraderecha en las elecciones constituyentes.
Peor es el escenario de Perú. Acostumbrados a la inestabilidad política, la salida por un autogolpe de Pedro Castillo aún ha dejado esquirlas esparcidas que tambalea la gobernabilidad de su sucesora Dina Boluarte con constantes puebladas y manifestaciones en contra de la primera mandataria. Desde su llega al poder se contabilizan en todo el país han muerto 67 personas en las protestas, de las cuales 49 murieron por disparos de policías y militares. Y nada asegura que cambie el actual panorama.
En Bolivia, el gobierno de Luis Arce transita por graves problemas económicos por la falta de dólares en el Banco Central. La ciudadanía desesperada hace colas en las agencias de cambio para hacerse de la moneda estadounidense o alguna otra divisa ante el posible escenario de una profunda crisis económica. Parte de este grave cuadro se debe a la política indiscriminada de subsidios energéticos, la caída de las commodities y la falta de inversión. Encima el país es testigo del feroz enfrentamiento entre el expresidente Evo Morales y quien fuera su delfín político, el actual presidente, lo que dificulta cualquier iniciativa parlamentaria para paliar la compleja situación. Además, toda voz opositora fue silenciada como el caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, que fue arrestado en un dudoso procedimiento por la supuesta acusación de terrorismo por la crisis que llevó al derrocamiento de Evo Morales en 2019 y continúa preso.
Similar situación sucede en Argentina con el enfrentamiento de la vicepresidente y ex primer mandataria Cristina Fernández de Kirchner y su “elegido” el presidente, Alberto Fernández. El cuarto gobierno kirchnerista es un rotundo fracaso con un caos socioeconómico, inseguridad y fisuras internas irreconciliables que suma un nuevo capítulo a la decadencia reinante en Argentina que tardará años en salir hacia adelante.
En la vecina Brasil, la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva en su tercer mandato confronta contra su propio partido por los ajustes económicos y también lidia con un Congreso adverso donde varias iniciativas de su gobierno pueden llegar a naufragar. Principalmente se ve amenazado su organigrama de ministerios, que cuenta con 37 carteras, para regresar a la configuración de 23 ministerios vigente bajo el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. La cintura política y el pragmatismo que caracteriza a Lula será fundamental para negociar con la oposición y los bloques de centro cada acción de su gobierno. En el plano internacional Lula desorientó a más de uno en su opinión sobre la guerra de Ucrania y ni hablar de su postura de reabrirle las puertas de la integración internacional a la dictadura de Nicolás Maduro al manifestar, el martes pasado en la cumbre de presidentes sudamericanos, que en “Venezuela hay democracia”. Sorprende el cambio de postura del Lula en campaña donde dejaba en claro que los regímenes de Maduro en Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua eran dictaduras y ahora ejerciendo su tercer mandato piensa todo lo contrario. Habría que mostrarle al primer mandatario brasileño el informe de la expresidente de Chile la socialdemócrata Michelle Bachelet que señala con lujos de detalles sistemáticamente la violación a los derechos humanos en el país caribeño. Sin embargo, hubo dos voces de diferentes ideologías que si dejaron en claro con firmeza la realidad de Venezuela: el primer mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou y su homólogo chileno, Gabriel Boric. Poco queda del Lula pragmático en el tablero geopolítico.
En el caso de Uruguay, de lo más estable en la región, se registró una suba en la delincuencia callejera que provocaron un elevado número de homicidios. Además, el gobierno de Lacalle Pou lidió con causa de corrupción de tres funcionarios de primera línea. Ni bien se supo de su culpabilidad fueron eyectados del gobierno. En Paraguay donde hubo elecciones presidenciales el pasado 30 de abril la ciudadanía volvió a elegir al inoxidable Partido Colorado, pese a una serie de acusaciones de corrupción, que gobierna el país guaraní hace 76 años.
Como solía decir el polímata griego Aristóteles: “La política se define como el arte de lo posible”, semejante frase no estaría sucediendo en la región asfixiada económicamente, sin paciencia y cero intenciones de consensos para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
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