pandemia
Tapabocas contra el COVID-19 tirado en el suelo. / Ivan Radic (flickr.com)

Los números de la pandemia expresan la gravedad de la situación actual y la falta de rigurosidad que ha acompañado todo este proceso. El reporte diario de contagiados y fallecidos, cuál si fuera la cotización del dólar o la soja, naturaliza un escenario catastrófico, pero peca de limitado en cuanto a las diferenciaciones epidemiológicas y sanitarias que permitirían precisar escenarios, diagnósticos y proyecciones.

Lo mismo sucede con la contabilización periódica de las vacunas que entran al país, que busca contrapesar de manera optimista los números negativos, reduciendo así el tratamiento de la pandemia a una contabilidad banalizada. Lo que en verdad cuenta no se puede contar.

Así lo muestra el proyecto de ley que propone un índice numérico para decidir la aplicación de restricciones: apenas una cuantificación y progresión de los contagios en relación con la capacidad de internación. No hay distinción alguna entre población enferma y vulnerable, ni ningún otro índice específico que permita analizar esos pocos datos en lugar de meramente cuantificarlos.

De esta manera, se desvía y trastoca el accionar lógico que señala la metodología sistémica epidemiológica. Todo el ruido mediático, político y cotidiano oculta el silencio de quienes tienen la misión de aportar pensamiento crítico, riguroso y constructivo a quienes deberían tener las herramientas de gestión. Es decir, la conjunción del saber y del hacer que falta.

En este sentido, una dimensión que ha develado su importancia irremplazable es la de contar con profesionales formados en diversas especialidades y distribuidos de manera adecuada a lo largo del territorio nacional. Falencia incrementada a causa del agotamiento por los profesionales intervinientes. Ciertamente, no es algo que se consiga en el corto plazo, pero sí algo que hoy debe comenzar a llevarse a cabo.

Queda en evidencia la falta de un órgano que articule a las universidades y facultades de medicina con las necesidades tangibles, no exactamente la demanda, de formación y especialización profesional. Es decir, un nexo entre los ministerios nacionales de Salud y Educación, sea a través de sus sendos Consejos Federales, sea a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, la CONEAU, o algún otro órgano a crear. Sin caer en imposiciones ni cercenamiento alguno de la autonomía universitaria, sino con incentivos e inteligencia, se pueden usar las libertades adquiridas como herramienta para alcanzar mayor eficiencia al servicio de la Nación. Como siempre, lo importante no es el sello institucional, sino la operatividad resolutiva.

Resulta irracional que ante la acuciante falta de determinado personal médico y de enfermería, toda la inversión personal, institucional y social en general dependa de cuestiones desvinculadas de las necesidades de producción de salud y del consumo de atención médica oportuna.

No podemos deshacer las consecuencias que lamentamos hoy, pero sí podemos comenzar a construir un sistema sanitario integral para enfrentar la nueva configuración social pospandémica, que ha profundizado la ya alta desigualdad comunitaria. Basta, como señal de alarma, hacer referencia a los datos actualizados de la pobreza infantil que alcanzan un 60% en el noroeste, 62% en el nordeste, 65% en el AMBA y 72% en el conurbano bonaerense.

Necesitamos una salud democrática para una democracia saludable. Hoy más que nunca.


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