En plena cuarta revolución tecnológica, y tras la experiencia de la pandemia que nos demostró lo factible y esencial de lo digital y remoto, se hizo evidente la necesidad de que los gobiernos promuevan y potencien el uso de las diversas tecnologías y herramientas digitales para agilizar la burocracia estatal a todos los ciudadanos. Si bien en la gestión Macri se inicio un disruptivo proceso de gobierno electrónico, digital y abierto, sin el que no hubiese podido funcionar la burocracia estatal durante la pandemia, aún queda mucho por hacer al respecto. En esa línea propongo analizar el caso ejemplar de Estonia así como compartir un breve resumen de los avances y retrocesos a nivel local.
El ejemplo de Estonia
El caso de Estonia es muy interesante, siendo el líder de la era digital en este sentido. E-Estonia (Estonia electrónica) es un movimiento iniciado desde su independencia y reforzado a partir del 2000 por su clase política a fin de hacer más productivas y eficientes las interacciones de los ciudadanos con el Estado. El 99% de los servicios que provee están online y hasta la identidad de las personas es digital, dado que la identificación electrónica en Estonia es obligatoria. Su programa está centrado en el ciudadano, permitiéndole al mismo el control de sus datos personales y un acceso universal a internet. Esta fue de una de las medidas que entre otras reformas llevaron al país a salir de la crisis económica existente luego de su proceso de independización.
Recordemos que la república báltica se había liberado de la Unión Soviética en 1918, pero apenas tres décadas más tarde, en 1941, había sido invadida por la Wehrmacht, las fuerzas armadas de la Alemania nazi. Y tres años más tarde llegaría la reocupación soviética. Pero con su independencia -y, especialmente, con su ingreso en la Unión Europea en 2004- y con la adopción de una serie de políticas tecnológicas revolucionarias cambiaría el panorama hasta tal punto que hoy día es conocido como el “Silicon Valley europeo“. A punto tal que hasta un extranjero puede ser residente digital en Estonia, lo recibiendo una identificación digital que hace más fácil abrir cuentas de banco, registrar empresas o firmar digitalmente todo tipo de documentos.
Ahora bien, ¿Qué significa el concepto de “ciudadanía digital”? Para Ribble (2014) “el concepto de ciudadanía digital se considera como ese espacio digital que es mediado por las diferentes herramientas y dispositivos digitales para el ejercicio de su ciudadanía”. Es por lo tanto lo referente a la pertenencia a una comunidad desde la promoción y uso de las tecnologías de la información y comunicación, acordando normas de comportamiento responsable con respecto a sus miembros en el uso de la tecnología.
Este concepto se enmarca en el ODS 9 de Naciones Unidas: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación, ya que la innovación y el progreso tecnológico son claves para descubrir soluciones duraderas para los desafíos económicos y medioambientales, como el aumento de la eficiencia energética y de recursos. A nivel mundial, la inversión en investigación y desarrollo (I+D), como porcentaje del PIB, aumentó de un 1,5 % en el 2000 a un 1,7 % en el 2015, y continuó casi en el mismo nivel en el 2017. Sin embargo, en las regiones en vía de desarrollo fue inferior al 1 %, lo que paradójicamente implica que no estén en vías de desarrollo.
Avances y retrocesos en el panorama local
Como señalamos anteriormente, el gran cambio disruptivo en gobierno abierto y digital se dio en la gestión del presidente Mauricio Macri pero no solo hacia dentro de la propia administración pública sino a nivel comunitario. Ejemplo de eso es que se conectó a dos millones de hogares que no tenían acceso a Internet, quintuplicando los kilómetros de fibra óptica iluminada de ARSAT. Lo mismo ocurrio con más de 1400 escuelas rurales. La fibra óptica que había dejado el kirchnerismo llegaba a sesenta localidades, aproximadamente; la de cambiemos llegó a mil trescientas, con la fibra óptica y los privados. Se logró llevar de seiscientas localidades que tenían 4G a dos mil ochocientas. Se instaló Internet satelital y puntos WiFi gratuitos. Se conectaron a Internet a tres mil seiscientas escuelas rurales y a doscientos centros de salud. Fue lanzado un plan de conectividad para el turismo. Se implementó la telemedicina: conectando más de cien centros de todo el país con el Garrahan. Los trámites a distancia, que tanto se usaron en pandemia. La velocidad de banda ancha del país pasó de 4,5 megabits por segundo a más de 20 megabits por segundo.
Un buen ejemplo es que como el Estado invirtió en Arsat para hacer treinta mil kilómetros de fibra óptica y, gracias a eso, alrededores de ochocientos proveedores de Internet (ISP), tuvieron fibra para conectar a los vecinos de sus localidades. Ese combo público privado es lo que tiene que hacer un Estado que funciona bien. Que genera reglas del juego y que invierte donde no está el privado. Con políticas activas desde el ENACOM, se generó un plan de financiamiento. Fueron ANR (Aportes No Reembolsables) que destinaron al proyecto casi 1.000 millones de pesos. En ese plan, un pequeño empresario o emprendedor, una cooperativa o un ISP, presentaba su proyecto para su pueblo y se le otorgaban los fondos para que invirtiera. Después, por supuesto, se tenía que hacer cargo del mantenimiento y de la operación. Pero si no hubiera sido de ese modo, no se hubiera podido hacer la obra para llevar Internet a tantos lugares. Esto mismo se replicó en centenares de localidades.
En esa misma línea trabajaron Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba o Mendoza. CABA ha desarrollado una ciudadanía global dedicada exclusivamente al tema educación https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/ciudadania-global; Córdoba, existe la plataforma CIDI con esta finalidad, un solo lugar donde realizar todos mis trámites https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/; Mendoza cuenta con un un proyecto de ley similar, denominado “Creación Plataforma Ciudadano Digital” https://www.hcdmza.gob.ar/eweb/E-80000/E-80131/E-80131.pdf. Estos programas, por ahora, sólo prevén estas herramientas para ciudadanos argentinos.
En cuanto al actual gobierno comenzó su gestión con el pie izquierdo cuando el presidente Fernández firmó el decreto 338, que aprueba el denominado “procedimiento de contingencia“, para ser utilizado ante “eventuales fallas en el módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) o en cualquier otro soporte que requiera el uso de documentos digitales, a los fines de garantizar la firma en soporte papel y en forma ológrafa de los actos administrativos o comunicaciones” al Congreso. Ósea que si una dependencia tiene dificultades para utilizar el sistema, que está en marcha desde hace años, puede recurrir a la alternativa del papel. La misma norma sostiene, sin embargo, que luego deberá agregar el trámite al documento digital.
Ese decreto permite que se pueda alterar la documentación contenida en un expediente, como también afecta a la unicidad del expediente digital, en consecuencia, hecha por tierra los avances que tanto costó conseguir en la gestión anterior.
Afortunadamente las capacidades e infraestructuras desarrolladas por la gestión anterior permitieron que la administración pública no se paralice durante lo momentos más duros de la pandemia. También es loable que muchos de los proyectos y programas de modernización del Estado continuaron, con sus matices, adelante.
Como deuda pendiente se destaca la posibilidad de que personas extranjeras o argentinas no residentes puedan acceder a una “ciudadanía digital argentina” que permita comerciar en el país, tener una sociedad anónima o de cualquier tipo, y de esa forma atraer capitales; como se puede hacer en Estonia.
Relevancia de la modernización del Estado
Tomemos en cuenta la reflexión de Marten Kaevats, Consejero Digital Nacional del gobierno de Estonia respecto a cuanto y como incidieron los procesos de digitalización y modernización en el desarrollo de Estonia: “…cuando Estonia recuperó su independencia éramos un país pobre. La pregunta que teníamos frente a nosotros era cómo nos sobreponíamos al legado de la ocupación soviética. Nuestra solución fue construir un Estado moderno y eficiente. La idea de futuro estuvo orientada en aprovechar el potencial innovador que ofrecen las nuevas tecnologías… revela que para avanzar por el camino correcto hacia una Sociedad Digital fue necesario cambiar radicalmente la manera en la que las instituciones públicas funcionaban, así como la mentalidad y la cultura de los ciudadanos…”
Salvando las distancias entre la comentada situación de Estonia, un país mucho más pequeño, y Argentina, viendo la macro crisis actual en la que se encuentra sumergido nuestro país, es un buen momento para reflexionar y plantear las reformas necesarias para hacer un verdadero cambio de mentalidad como sociedad, que nos permita avanzar hacia una sociedad digital como solución a buena parte de las problemáticas que estamos atravesando, reflejado en las instituciones, en el gobierno, y en la educación. Sin dudas la modernización y digitalización del Estado es un driver que no puede faltar en nuestra agenda para el desarrollo nacional.
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