La tensión entre el retro-progresismo cuasi-opositor del Instituto Patria y la módica resistencia del presidente Alberto Fernández, tuvo otra sorda beligerancia. Se dio ahora por el decreto que -al prohibir incorporar a más beneficiarios al “Potenciar Trabajo” y a otros programas similares- establece la transferencia a las cooperativas de trabajo de la economía popular del 30% de la obra pública para montos inferiores a los $300 millones. A su vez, en las licitaciones se dará preferencia a las empresas que cuenten con un mínimo del 5% de su planta con trabajadores enmarcados en el programa “Puentes de Empleo”. Talló allí la impronta de Emilio Pérsico, titular del Movimiento Evita y, al mismo tiempo, alto funcionario del Ministerio de Desarrollo Social.
Como si esto fuera poco, se preanuncian ruidosos conflictos con la Unidad Piquetera de la ultraizquierda que dijeron rechazar los planes y reclamar por más trabajo como asalariados de las empresas capitalistas, fingiendo ignorar que ello es inviable en los marcos de la parálisis del empleo formal. También piden que se amplíe el universo del bono para indigentes y se indignan por la escasa llegada de alimentos a sus comedores, en lo que coinciden con la UTEP de Juan Grabois, que suma su queja en la misma dirección. En ese contexto, el gobierno afirmó que proseguirá con las auditorías y que sacará los planes a quienes compraron dólar ahorro. Se trata de más de 35 mil personas que cobran el Plan Potenciar y que se dolarizaron y otros 250.000 que presentaron Bienes Personales, según un informe de la AFIP.
Con relación a esta decisión, es atinado reparar que muchas de estas cooperativas no logran emerger de la informalidad. A veces, son más una tercerización para-estatal que verdaderas cooperativas, con metodología y autonomía organizacional. Se suele desconocer que, en este formato de cooperativas de trabajo, no existen empleados sino que estamos ante asociados monotributistas que deben decidir libremente sobre los excedentes obtenidos.
Tampoco se puede ignorar que este tipo de cooperativas de trabajo no agota todo el abanico que ofrecen estas entidades: agrupan también a medianas y grandes asociaciones y federaciones cooperativas y mutuales, que sí cuentan con asalariados y que tienen un peso significativo en el mercado. Y no es un tema menor que, en las empresas con fines de lucro, los beneficios se distribuyen en función del capital y que, en los emprendimientos de la economía social, las decisiones se toman de forma democrática (un miembro, un voto) y los resultados se reparten según el volumen de las operaciones, sin importar el capital aportado por cada uno de los asociados
La economía social (incluyendo la economía popular) debe fortalecerse como un subsistema diferenciado, junto al subsistema público y al privado lucrativo. Los nuevos emprendimientos no deben limitarse a los unicornios de perfil tecnológico sino que también deben incluir a los sectores más desvalidos y a las pymes de las economías regionales. Por ello, se impone la necesidad de políticas públicas que asistan a estas cooperativas populares y a las cooperativas productivas que protagonizan el desarrollo local y regional, procurando la sustentabilidad de sus inversiones y trabajos genuinos, evitando así cautividades asistencialistas que caen en el paternalismo y en el clientelismo político.
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