Finalmente el pasado 9 de noviembre, el plenario de comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto de la Cámara Baja logró que el proyecto de ley de humedales obtuviera un dictamen de mayoría para ser tratado en el recinto. Se trata del impulsado por la oposición de Juntos por el Cambio, definido por sectores ambientalistas como insuficiente o meramente nominal. Estos, en cambio, apoyaban el proyecto del diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales (FpV) que era mucho más exigente y explícito en relación a “presupuestos mínimos” que la Nación debía obligar a las provincias. Sólo lograron que este sea aprobado como proyecto de minoría por lo que que no tendrá prioridad en el recinto. La razón de su fracaso fue la falta de apoyo de diputados peronistas de provincias mineras o agroindustriales que no quieren una norma estricta. Como en el caso del aborto, el debate trasciende la bandera partidaria.
El debate en torno al Proyecto de Ley De Presupuestos Mínimos De Protección Ambiental Para El Uso Racional Y Sostenible De Los Humedales tiene más de 10 años de historia en el Congreso. Lo relevante es que finalmente la Argentina se encamina a tener una ley al respecto. Es cierto que no es un proyecto consensuado ni del agrado de todos, pero es la ley posible hoy día. La urgencia que nos imponen las necesidades económicas y los desastres ecológicos son reales pero no deben turbar el proceso de un debate en el que la falsa antinomia entre producción y ambiente debe ser zanjada y plasmarse en un modelo de desarrollo sustentable. El estudio de las diversas particularidades de los ecosistemas y de las actividades productivas, así como sus múltiples interacciones es clave para encontrar ese camino.
Una ley posible y necesaria
En la Argentina, los humedales ocupan alrededor del 21% del territorio y el país presenta además 23 “sitios Ramsar”, estos son aquellos humedales que se consideran de importancia internacional en el marco de la Convención sobre los Humedales (firmada en 1971 por 171 países). Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado con agua durante períodos considerables de tiempo. Son claves para el ecosistema ya que permiten almacenar el agua disponible para la vida humana y silvestre, así como amortiguar el efecto de las tormentas y las inundaciones. También por el mismo motivo son idóneos para la actividad productiva desde el agro, la ganadería y hasta en la minería en el caso de litio que se extrae a partir de salares forjados sobre estas napas de acumulación milenaria de sales por arrastre y decantación.
El tema se empezó a discutir en el 2010 a raíz de los incendios del 2008 cuando llegaron cenizas a la ciudad de Buenos Aires desde el Delta bonaerense y rosarino. En 2013 se presenta el primer proyecto.
En algunos casos estos incendios están asociados a la explotación agro ganadera. Allí el fuego se utiliza para renovar los pastizales, con el objetivo de que estos rebroten al llegar la primavera, o como medio para expandir la frontera agropecuaria. Incluso desarrollos inmobiliarios son una amenaza sobre ellos. La pomposa Nordelta está construida sobre un humedal y no hubiese sido posible de haber existido una ley que los regule y proteja.
En diciembre de 2021, luego de haber recibido dictamen conjunto de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, la iniciativa no logró obtener dictamen en el resto de las comisiones, lo que lo llevó a perder estado parlamentario. Este año, sin embargo y en base a esa experiencia, surgieron varios proyectos para regular el tema entre los que se destacaron dos que finalmente fueron promovidos para el tratamiento parlamentario. El de los diputados Ximena García (UCR- Santa FE), Ferraro (CC) y Vara (UCR) logró el aval de 57 firmas y logró la prioridad de la mayoría, mientras que el proyecto que promovió el diputado Leonardo Grosso FPV, auspiciado por grupos ambientalistas logro 47 apoyos y se constituyó en dictamen de minoría. Esto implica que cuando el proyecto se trate en el recinto se tratará el de mayoría y solo en caso de no aprobarse podrá votarse el de minoría.
Aun así, más allá del logro del dictamen de mayoría existe la posibilidad de que el proyecto no se trate en la Cámara Baja. Y es que una ley de humedales puede ser en este momento un impedimento a las apuestas productivas más fuertes del Ministro de Economía como no menos estratégico proyecto de ley para el Fomento al Desarrollo Agroindustria. Mediante este instrumento se busca una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con más valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología, como semillas, fertilizantes, y genética. El objetivo de la iniciativa es alcanzar en el 2030, exportaciones por US$ 100.000 millones y la generación de 700.000 nuevos puestos de trabajo. La cuestión, como debe asumirse, es que muchas de esas actividades se realizan en humedales. Otro caso es el del litio y sus inversiones en el norte del país que veremos a continuación.
Los dos extremos de otra grieta
La dicotomía real, sin embargo no es entre estos dos proyectos con dictamen. Ambos contemplan criterios para regular las actividades productivas en los humedales y medidas para su protección, incluso en la misma definición de humedal, aunque el de Grosso es claramente inspirado en una visión marcadamente conservacionista que exige presupuestos mínimos harto exigentes, diríase desalentadores de la actividad productiva. Lo cierto es que este proyecto condicionaba las posibilidades de intervención positiva, y por lo tanto desalentaba las inversiones en actividades claves como el litio en el norte o incluso del arroz en Entre Ríos. Desde su enfoque, ciertas acciones de preservación esenciales en estas áreas inundables, como la de remover tierras y armar terraplenes para paliar y prevenir eventuales inundaciones, estaban prohibidas.
El otro extremo es el de mantener el status quo, el “de esto no se habla” que promueven las provincias mineras que no quieren saber nada con ninguna norma que les imponga condiciones de cuidado estricto, incluso la aprobada que es más laxa y a la que terminaron favoreciendo al no darle mayoría a la propuesta de los diputados de su mismo frente. Esta oposición a la norma viene principalmente de las provincias mineras. Fueron bancas peronistas de La Rioja, Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa las que decidieron no firmar ni un dictamen ni el otro.
Su estrategia fue siempre la de posponer el debate. Tampoco dicen explícitamente que se oponen a que haya una ley sino a sus criterios, que es incluso más laxo que el propuesto por Juntos por el Cambio. Solicitan trabajar en la elaboración de un concepto de humedales que tenga interpretación restrictiva, respetuosos de derecho de propiedad y de las facultades reservadas a las provincias. En su momento el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, declaró en el medio El Ancasti: “Hay que tener una ley, pero no tiene que ser incompatible con nuestra matriz productiva. Todos los gobernadores nos pusimos de acuerdo, hablamos desde el Norte Grande con los diputados nacionales y se pudo prorrogar el tratamiento de la ley. Si vamos a hablar de humedales, tienen que reubicar Nordelta”, ironizó para concluir: “Creo que cada provincia tiene que ser la autora de decidir qué impacto ambiental” expone con un enfoque que puede resultar fragmentador y contradictorio con la realidades geográficas que no se guían por los límites administrativos entre jurisdicciones. Este objetivo es clave porque los libera de tener presupuestos mínimos desde Nación, algo que la propuesta de Juntos por el Cambio les concede y que por supuesto la del diputado Grosso no. Otro objetivo que pretenden es que sean las propias provincias las que establezcan un inventario de humedales, cuando estos deben responder a parámetros objetivos.
Las razones claramente están en que estas provincias dependen en gran parte de las inversiones que muchas veces se hacen en territorios pasibles de ser considerados humedales. En esa línea el vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim, señaló que “la ley de humedales pone en riesgo la inversión en nuestras provincias”, Incluso fue más allá al decir que en base a investigaciones científicas “si bien es cierto que hay agua donde está el litio, no son humedales, es agua con una salinidad más alta que el agua de mar, considerarlo como humedal no es lo correcto”. Y es que la extracción de litio es una de las actividades más condicionadas en caso de prosperar una ley estricta del concepto y regulación en torno a los humedales. Sin embargo, el enfoque ambientalista no se limita a la restricción de actividades como la minería, sino que incluye claramente al agro y la ganadería. Buena parte de esas actividades a lo largo del país se realizan en torno a esas áreas.
En este sentido, ante el mal menor, estos sectores quedaron parcialmente satisfechos con que el proyecto de ley de los ambientalistas no tuviera mayoría. Eventualmente en una votación preferirán aprobar el proyecto de mayoría que correr el riesgo de no hacerlo y que el de la minoría -más estricto en sus prohibiciones- logre los votos de los diputados más ambientalistas de Juntos por el cambio.
En cambio, para los sectores ambientales la votación fue vista como una derrota aún con la proyección de poder conseguir la primera ley de Humedales luego de 10 años de lucha. Es el “todo o nada” con que muchas veces se suelen nutrir de su propia radicalización.
Defienden a su proyecto como regulacionista, no prohibicionista y consideran que en caso de reglamentarse el dictamen de mayoría será una ley que quede vaciada de todo contenido. En ese sentido el diputado Eduardo Toniolli afirma que: “No queremos cualquier ley de humedales, no un maquillaje declamativo, sino que le dé a los estados las herramientas necesarias para el control efectivo de su territorio”.
Respecto al dictamen aprobado, uno de sus promotores, el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, señalo que: “Nuestro dictamen alternativo busca un equilibrio lógico, razonable, a través de un abordaje responsable de la diversidad de la situación que existe en torno a los humedales a lo largo y lo ancho del país. Tener una ley es brindar previsibilidad a todos los sectores involucrados, para poder desarrollarnos de forma sostenible y valorando los beneficios que los humedales nos aporta”.
En la misma linéa, el presidente de la comisión de Agricultura, diputado Ricardo Buryaile (UCR) sostuvo: “Llegamos a un proyecto consensuado y no se terminó acá. El proyecto tiene tres patas, la social, económica y ambiental y es un triple equilibrio donde debemos escuchar qué falta para una ley de humedales que nos incluya a todos y no excluya. Tiene que servir de cara al futuro”, aportó.
Un paso adelante para seguir dando otros más
Es necesario recalcar que en los humedales se desarrollan muchas actividades productivas e intervenciones humanas, y muchas pueden desarrollarse sin daño ambiental si se las hace adecuadamente. El riesgo de caer en la antinomia de intereses ecologistas que promueven “proteger todo” o de intereses económicos que pretenden “permitir todo” solo puede llevar a concretar una ley sesgada y limitante. Por eso mismo el ordenamiento ambiental del territorio no debería ser visto como una herramienta para definir únicamente áreas a conservar (áreas protegidas, intangibles) y áreas que puedan modificarse y utilizarse sin ningún tipo de reglamentación.
Por el contrario, el ordenamiento territorial se debería ver como el instrumento para articular la conservación de los ecosistemas, sus funciones, procesos y los servicios que brindan, con la diversidad de actividades productivas e intervenciones antrópicas, y que la forma en que estas se desarrollen sea compatible con las características del ambiente. Esta visión reduce así el riesgo de reconocer áreas destinadas a diferentes usos mediante el clásico enfoque del semáforo que aplica diferentes colores (rojo, amarillo y verde) con el fin de identificar alternativas estáticas de aprovechamientos de los ecosistemas (bosques, humedales, etc.) sin considerar las interrelaciones con el entorno y los cambios dinámicos en el paisaje.
Frente a la falsa antinomia que presentan dos intereses contrapuestos y extremos, el proyecto de García, Ferraro y Vara es el mejor proyecto posible hoy día aunque con muchas cosas por mejorar sin lugar a dudas. Y es que precisamente el desafío para lograr consensos en temas que generan tantas antinomias sea ir avanzando de a poco, progresivamente de manera de generar una iteración permanente, a través del estudio y el dialogo, hacía lo óptimo.
En cambio, pretender imponer posiciones bien extremas en cuestiones divergentes, nos aleja de ese equilibrio de intereses y puestas en común que el dialogo y el debate en un marco democrático nos pueden procurar.
Por Sebastián Lucas Ibarra y Malena Reyes
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