Las camionetas de Luis Vacazur recorren cada día uno de los territorios más codiciados de Argentina: los salares de litio en la Puna. A sus 45 años, dirige una empresa de logística de alta montaña que brinda servicios a las mineras de esta zona semidesértica a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los ganadores del boom del litio.
Vacazur está orgulloso de su éxito. Lo compara con su infancia en San Antonio de los Cobres, cuando la mejor forma de ganar dinero era vender recuerdos a los turistas que visitaban el Tren de las Nubes. Como la mayoría de los 5.000 habitantes de su pueblo natal, Vacazur pertenece a la comunidad colla.
“La minería nos cambió la vida”, dice Vacazur.
Antes de la pandemia, la empresa Grupo Vacazur Hermanos (GVH) tenía 30 empleados. Desde entonces cuadruplicó el personal.
El litio es una promesa de inversiones, empleo y exportaciones que ilusiona a Argentina en un momento de falta de dólares y tras más de una década de estancamiento. Una promesa que se está convirtiendo en realidad, como demuestra el caso de Vacazur. Pero las tensiones políticas, los riesgos ambientales y el contexto internacional ponen en duda el futuro de la industria.
Las proyecciones del crecimiento del litio son exponenciales. La Agencia Internacional de la Energía calcula que la demanda mundial se multiplicará por 40 de aquí a 2040, impulsada por la transición hacia la movilidad eléctrica, ya que el mineral es utilizado para fabricar las baterías. Esto es especialmente significativo para Argentina, que tiene el 20% de las reservas mundiales y es el país con más proyectos de litio próximos a entrar en funcionamiento.
Argentina puede multiplicar por siete su producción de litio en los próximos cinco años, según Víctor Delbuono, que fue director de Economía Minera de la Nación entre 2020 y 2021. La expectativa es que los proyectos más avanzados comiencen a operar entre el año próximo y 2028, lo que elevaría la capacidad de producción hasta 275.000 toneladas de carbonato de litio. Un volumen mayor que la capacidad actual de Chile, el segundo productor mundial después de Australia.
En 2021, Argentina exportó 200 millones de dólares en litio; la cifra se multiplicó más de tres veces en 2022 porque los precios se dispararon. Para los próximos cinco años, Delbuono calcula que las exportaciones pasarán de 700 millones de dólares a más de 5.000 millones. Tanto como las exportaciones de trigo, el cuarto mayor complejo exportador del país después de la soja, el maíz y la energía.
Un proyecto de litio requiere una inversión de entre 400 y 800 millones de dólares, según Santiago Dondo, que fue subsecretario de Política Minera de la Nación entre 2015 y 2017. Cada uno emplea a más de 2.000 trabajadores durante la construcción y a unos 800 operarios una vez en producción.
“En el lugar donde esto ocurre, tiene un gran impacto”, dice Dondo. “Son puestos de trabajo privado que pagan los salarios más altos del país y generan empleos indirectos”.
En enero pasado había 3.500 trabajadores en la producción del litio, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación. Delbuono calcula entre dos y tres empleos indirectos por cada trabajador minero en este tipo de explotación.
Cambios legales y riesgos ambientales
La legislación explica parte del despegue del litio en Argentina. Las regulaciones son menos estrictas que en los vecinos Bolivia y Chile, países que forman junto a Argentina el triángulo del litio y concentran el 65% de las reservas mundiales. Sin embargo, esto podría cambiar pronto.
La idea de que el Estado intervenga en el mercado del litio forma parte del debate público, a tal punto que la vicepresidenta, Cristina Fernández, mencionó el tema en sus últimas intervenciones públicas. Incluso un grupo de diputados oficialistas, encabezado por Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa, presentó en mayo un proyecto de ley para declarar el litio como estratégico. El proyecto, que todavía no ha sido debatido en comisiones, propone que el Estado tenga prioridad en la compra del mineral y la potestad de prohibir su exportación. Este cambio normativo acercaría a Argentina a la posición de Chile, que estableció en 1979 que el litio no es concesionable —lo que hace más difícil su explotación— y Bolivia, que lo declaró estratégico en 2008.
“Argentina está bien posicionada gracias a las políticas de Bolivia y Chile”, dice Dondo.
Delbuono tiene una opinión diferente, y cree que declarar el litio estratégico permite al Gobierno coordinar la política a nivel nacional. Según el marco regulatorio actual, cada provincia es dueña de los minerales y puede aplicar su propia política.
Tanto Delbuono como Dondo coinciden, no obstante, en otro punto que está en el centro de la controversia sobre el litio. Ambos consideran que la fabricación de baterías no debería ser la prioridad para Argentina. Esto no significa renunciar a la industrialización del litio. Delbuono y Dondo, por separado, plantearon que la estrategia más inteligente para Argentina es concentrarse en el refinamiento de la calidad del mineral extraído y en las etapas “aguas arriba” de la cadena de valor, lo que incluye el desarrollo de tecnología, servicios e insumos para la industria minera.
“Las plantas de baterías y celdas compiten mucho por costo, hay cantidades industriales gigantescas y la tecnología cambia a gran velocidad. Es muy difícil competir”, dice Delbuono. “Es un desafío para una economía como la argentina, por el tamaño de su mercado”.
A pesar del optimismo que despierta el litio, hay comunidades que intentan frenarlo. En Fiambalá, Catamarca, los vecinos organizaron una asamblea para oponerse al proyecto Tres Quebradas. Propiedad de la firma china Zijin Mining Group, el proyecto está en etapa de construcción a unos 100 kilómetros de la ciudad.
La resistencia de las comunidades locales es un factor crítico para la minería en Argentina, que tiene un largo historial de proyectos abandonados debido a la oposición ciudadana. Mendoza en 2020 y Chubut en 2021 son dos ejemplos recientes. Incluso la asamblea de Fiambalá realizó cortes de ruta en 2017 para exigir información sobre la explotación de litio.
La preocupación ambiental domina las objeciones a esta actividad. “El factor crítico es el agua en un desierto, estamos hablando de humedales altoandinos”, explica Pía Marchegiani, responsable del área de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “Se evaporan grandes cantidades de salmuera y eso genera un desbalance hídrico que puede salinizar el agua dulce que consumen las personas y los animales de la zona”.
Marchegiani considera que la legislación ambiental argentina es inadecuada para la minería de litio en salares, ya que solo se concentra en los territorios concesionados y no en el impacto de la explotación en toda la cuenca.
“Las empresas tienen que hacer y evaluar los posibles impactos en una zona reducida que no abarca todo el salar sino un pedacito donde van a tener su operación. El agua es poca y tiene un balance hídrico natural, que el proyecto interviene y habría que evaluar”, dice Marchegiani. “Después, llegan más proyectos en un mismo salar y nadie mira los impactos acumulativos. No se tiene en cuenta la información ambiental de todo el sistema hídrico y eso es un problema”.
Los vecinos de Fiambalá supieron del proyecto Tres Quebradas en 2016, cuando la empresa canadiense Neo Lithium —adquirida por Zijin en 2019— contrató a trabajadores locales para la etapa de exploración.
“Sin informar para nada a la población, empezaron a trabajar”, cuenta Beatriz Parera, maestra de primaria jubilada y miembro de la asamblea Fiambalá Despierta.
Un freno de la expansión del litio frustraría a muchos en Argentina, pero no a Parera. Ella y su familia tienen un pequeño viñedo de media hectárea. Dependen del agua de deshielo para su negocio, que procede de las montañas donde se encuentran los salares. Por eso les preocupa el efecto de la minería.
“En el pasado hemos progresado gracias al trabajo de nuestros padres en los viñedos, pero ahora el futuro me preocupa”, dice Parera. “Antes vivíamos tranquilos, sin minería”.
Tres Quebradas es uno de los 38 proyectos que, con distintos niveles de avance, están en marcha en Argentina. Actualmente sólo hay dos en producción. Uno es Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, explotado por la empresa estadounidense Livent. El otro es Sales de Jujuy, en el salar de Olaroz, explotada por la australiana Allkem, en conjunto con la japonesa Toyota Tsusho y la empresa estatal jujeña Jemse. Ocho de los proyectos tienen participación de capitales chino y cuatro de ellos están en construcción.
A comienzos de mayo, Livent y Allkem anunciaron que se fusionarán. Esto convertirá a la compañía en la tercera mayor productora de litio en el mundo.
Todo el litio producido se exporta, principalmente a China. Argentina es también el principal proveedor de Estados Unidos: más de la mitad de sus importaciones de litio proceden de nuestro país. Esto lo convierte en un asunto geopolítico.
Un aumento de las tensiones entre Washington y Pekín podría afectar las inversiones y demorar el desarrollo del sector, señala Jorge Malena, director de la Comisión de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
“Ambas potencias compiten por comercio, tecnología y cuestiones geopolíticas, pero también por aliados”, dice Malena. ” Aún no sabemos si la explotación del litio será parte de la línea roja que Washington nos trace en nuestra vinculación con China, como sucedió con los aviones de combate y con el 5G”.
Para Argentina, añade Malena, cualquier inversión que aumente la producción y las exportaciones mejora la capacidad del país para pagar su deuda externa. Por eso cree que Argentina no puede rechazar capitales de China. Sin embargo, reconoce que la actual dependencia financiera del país respecto a Estados Unidos fomenta un mayor alineamiento con la política de Washington.
Desde la Puna, Vacazur no sufre las consecuencias del conflicto entre las potencias. Trabaja con mineras de capitales chinos o estadounidenses sin distinción. Pero recorrió un camino largo hasta lograrlo.
Cuando Vacazur supo de la existencia del litio, reunió a otros emprendedores de la zona y propuso crear la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna Argentina (CAPROSEMITP). La primera cámara empresaria de comunidades indígenas del país, según Vacazur.
El comienzo fue poco auspicioso. Las empresas no lo recibían. Hasta que Vacazur se enteró de una reunión entre el gobierno y los gerentes de las mineras. Decidió presentarse sin invitación. Todavía recuerda la sorpresa de los gerentes ante la propuesta de ser sus proveedores.
“Me dijeron que nuestros camiones estaban atados con alambres”, cuenta Vacazur. Él admitió que estaban en malas condiciones, pero propuso trabajar juntos para que las cosas mejoraran y dieran oportunidades a los pobladores locales.
La cámara cuenta actualmente con 62 miembros, que prestan servicios a las empresas mineras, como logística, catering, seguridad, mantenimiento y baños químicos.
“Nosotros también podemos formar parte de la minería”, dice Vacazur. “No queremos pasarnos toda la vida junto a las llamas esperando que venga un turista, se saque una foto y nos dé unas monedas”.
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