Chubut
Protesta contra la ley de zonificación minera, en Rawson, Chubut.

Chubut es el centro de una disputa clave para el futuro del país: la que enfrenta a partidarios y opositores de la minería a gran escala. La provincia vive horas convulsionadas desde el 15 de noviembre, cuando comenzó una ola de protestas en rechazo a la aprobación de una ley que autorizaba la minería en los departamentos de Gastre y Telsen, en la zona de la meseta central. Las protestas incluyeron episodios violentos y sufrieron la represión policial. El pico máximo del estallido social fue el incendio de la Casa de Gobierno, el jueves pasado en Rawson. La violencia continuó y este lunes un grupo aún sin identificar atacó con bombas molotov la redacción del diario El Chubut, en Trelew. Unas horas más temprano, el gobernador Mariano Arcioni había anunciado que iba a enviar un proyecto a la legislatura para derogar la ley que había desatado el conflicto y convocar a un plebiscito sobre la autorización de la minería en la provincia. Esta crisis pone en jaque una de las apuestas más importantes del gobierno de Alberto Fernández: el Plan Estratégico  para el Desarrollo Minero Argentino (PEDMA), que propone triplicar las exportaciones del sector en una década y es una de las mayores esperanzas del presidente para atraer inversiones al país.

En la zona de la meseta central está la mina Navidad, uno de los mayores yacimientos de plata sin explotar en el mundo. La empresa Pan American Silver, con sede en Vancouver (Canadá), es la propietaria del 100% de la mina. Al día siguiente de la aprobación de la ley que autorizaba la minería en la zona, las acciones de la compañía subieron un 8,6% en la Bolsa de Nueva York. La euforia duró poco. Ese mismo había una ola de protestas en distintos puntos de la provincia, una lucha que terminó este martes con la derogación de la ley. Fue una nueva victoria de la resistencia antiminera, que tiene una larga tradición en Chubut.

Esquel fue en 2003 el epicentro de una gran movilización contra la megaminería en la provincia. Aquellas protestas derivaron en un referéndum que rechazó con el 81% la instalación de una mina de oro y plata en las afueras de la ciudad. Una segunda consecuencia fue la sanción de la ley provincial 5001, que prohíbe la actividad minera a cielo abierto y el uso de cianuro en la actividad. La norma también establece que debe realizarse la zonificación del territorio para definir en qué áreas sí se permite la minería. El plazo previsto para la zonificación era 120 días desde la promulgación de la ley, pero el tiempo pasó y nunca hubo avances. En gran medida, debido a la resistencia de la ciudadanía.

Una votación controvertida

El miércoles pasado la legislatura de Chubut aprobó la ley de zonificación que establece los departamentos de Gastre y Telsen como zonas de excepción, lo que autoriza la explotación a de minas a cielo abierto. La sanción encendió el malestar social, que se vio agravado por la manera en que se dio el debate. El proyecto de ley de zonificación había sido presentado a finales de 2020 y estaba a punto de perder estado parlamentario. Su tratamiento no había sido incluido en el orden del día de la sesión del 15 de diciembre, pero fue tratado sobre tablas. Para el movimiento ambientalista fue una jugada para tratar de evitar el escándalo, protagonizada por un gobierno con baja representatividad. Tienen razones para pensarlo: en las elecciones legislativas del 14 de noviembre pasado, los candidatos oficialistas obtuvieron menos del 10% de los votos.

El archivo, por otra parte, no perdona a nadie. Tan pronto se conoció la noticia de la aprobación de la ley, varios usuarios de Twitter recuperaron un mensaje de Arcioni de 2016, en el que prometía: «Quiero llevarles la tranquilidad de que no vamos a dejarnos presionar por nadie. No a la minería». También circuló un spot de la campaña de 2017, en el que Arcioni, que se postuló a diputado nacional, plantea un mensaje sugerente: «[Somos] esa fuerza que defiende los recursos de la provincia, la que dice no a la megaminería que quieren imponer desde Buenos Aires».

La idea de que el proyecto es impulsado desde Buenos Aires no es un eslógan de los manifestantes antiminería. De hecho, el diputado provincial del Frente de Todos Carlos Eliceche destacó durante la sesión del 15 de diciembre que el proyecto de ley era «un pedido del presidente Alberto Fernández para que la minería se desarrolle y existan inversiones».

La votación de la ley de zonificación fue ajustada: 14 a favor, 11 en contra y dos ausentes. Entre los legisladores que se opusieron había cuatro del Frente de Todos.

Economía y ambiente

El politólogo Hugo Haime explica en el libro Qué tenemos en la cabeza cuando votamos que existe un mito fundacional compartido por la mayoría de los latinoamericanos: somos países ricos por naturaleza. Esto se ve en las encuestas de opinión de Haime, donde se refleja un reclamo frecuente de la población: que los políticos «saquen la riqueza de la tierra». Con una macroeconomía descontrolada, el mercado interno hundido y sin otras variables que permitan proyectar un crecimiento sostenido, parece que el único plan para reactivar la inversión en Argentina es aferrarse a ese mito y apostar por las virtudes de la naturaleza.

Una interpretación que explica con claridad (y mapas) Matías Battaglia, especialista en desarrollo territorial y geoestrategia, además de colaborador frecuente de este portal: «Geografía: a donde el agro no llega, llega la minería».

Campo y minería, extractivismo y exportación. Estos son los sectores más prometedores para generar una nueva radicación de inversiones en el país. Y la minería en especial, porque es un sector poco explotado y donde una serie de reformas legislativas puede provocar un despegue en un plazo razonablemente corto. Pan American Silver, por ejemplo, prevé una inversión de 1.200 millones de dólares en el proyecto Navidad y calcular que la obra generará 1.400 puestos de trabajo directos durante la construcción y 800 cuando la mina esté operativa.

El entusiasmo, sin embargo, no es compartido por algunos sectores de la ciudadanía y miembros de la comunidad académica y científica de Chubut, como la Universidad Nacional de la Patagonia y el Centro Nacional Patagónico del CONICET (CENPAT). El CENPAT emitió el viernes pasado un comunicado donde advierte sobre el riesgo ambiental y apunta que la ley tendrá una «muy baja transformación de la matriz económica».

Los cuestionamientos del CENPAT se centran en dos razones principales, como explica Elisabeth Möleh en Cenital. La primera es el efecto sobre la disponibilidad del agua, ya que la minería es una importante consumidora de este recurso. El Gobierno provincial desestima este riesgo, pero es una preocupación instalada en la sociedad, en especial este año en el que Chubut atraviesa una crisis hídrica importante debido a la escasez de lluvias. La segunda razón es la vulnerabilidad ambiental, derivada de la explotación de yacimientos a cielo abierto. Mölhe explica que esta actividad provoca un aumento del volumen de roca molida, algo que en condiciones normales no debería generar incovenientes, pero podría tenerlos ante eventos extraordinarios. O aquellos que se espera que sean cada vez menos extraordinarios debido al cambio climático.

Los defensores de la ley de zonificación destacan que la norma prevé la realización de Estudios de Línea de Base Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental y la exigencia de la aprobación del Estado a través de la Declaración de Impacto Ambiental. Por otro lado, la ley mantiene la prohibición del uso de cianuro en la actividad minera, que de todos modos no se emplea para la extracción de plata, sino de oro.

Las tensiones entre ambientalistas y productivistas existen incluso dentro del Gobierno nacional. Son la expresión de un equilibrio difícil entre las nuevas agendas progresistas y las viejas banderas del peronismo: producción y trabajo.

El Plan Estratégico Minero

El anuncio del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino (PEDMA) estaba previsto para después de PASO, pero se postertó para evitar la controversia con los movimientos ambientalistas en un momento político delicado. El PEDMA es una de las mayores apuestas del Gobierno nacional. En noviembre de 2020 se constituyó una mesa que reúne a gobiernos provinciales, empresarios, sindicatos y organizaciones civiles para debatir el marco para el desarrollo del sector. Durante la presentación de esta mesa, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, rechazó que existiera una contradicción entre ambiente y producción y planteó como objetivo generar una «minería inclusiva y sostenible, que capte inversiones y genere divisas». El conflicto en Chubut demostró que era demasiado optimista.

El PEDMA busca definir las reglas para el desarrollo del sector minero en los próximos 30 años. Esas reglas incluyen una ley para la promoción minera, un sistema de retenciones móviles similar al del sector de hidrocarburos y mecanismos para acelerar la devolución del IVA de exportación. Herramientas de estímulo para un sector que requiere inversiones elevadas, con un riesgo alto y plazos largos de ejecución. La meta es ambiciosa: atraer unos 20.000 millones de dólares de inversión en la próxima década y triplicar las exportaciones mineras hasta superar los 10.000 millones de dólares, con base en proyectos de cobre, oro, plata y litio. El espejo es Chile, un país que exporta más de 30.000 millones de dólares al año y comparte la misma cordillera.

Pero una cosa es trazar planes, por más consensuados que sean, y otra distinta es llevarlos a la práctica. Así lo prueba la resistencia, algunos casos  violenta, de los movimientos antimineros de Chubut. La decisión de Arcioni de convocar a un referéndum es una jugada arriesgada. ¿Qué ocurriría si volviera a triunfar el No a la minería, como en Esquel en 2003? Los inversores y el Gobierno nacional deberán estar pendientes de esa votación.

Por lo pronto, el PEDMA lleva meses esperando un momento adecuado para su presentación. Tal vez tenga que esperar mucho tiempo.


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