Es característica singular del desarrollismo ser un justo medio entre las posiciones de los extremos (neo)liberales y populistas que a forma de péndulo han gobernado este país. Esto se ve con especial énfasis respecto al rol del Estado, en donde se opone tanto al intervencionismo y las regulaciones excesivas del populismo como a la creencia de que cuando el mercado actúa con total libertad promueve el desarrollo espontáneamente. “Nosotros somos antiestatitstas, pero precisamente porque queremos un Estado fuerte, no un elefante herido como quieren los populistas, ni un pigmeo como quiere el liberal”, explicaba Rogelio Frigerio.
Desde la visión desarrollista el Estado es el custodio y promotor del interés común, garante de la libertad y capaz de crear las condiciones que favorezcan las actividades prioritarias de la economía nacional y de ese modo abran el camino del desarrollo. La definición de prioridades y el ritmo con que se las impulse, mediante diversos mecanismos de políticas públicas, es el punto de equilibrio que encuentra y define al desarrollismo entre esos dos extremos de Estado, el que ahoga la actividad privada asumiendo actividades para las que no tiene aptitudes financieras ni de gestión, y el que se desentiende del desarrollo de los sectores productivos. En el primer caso se reprime la inversión productiva y la competencia, en el segundo, hay sectores, regiones y actividades que quedarían eternamente postergadas dado que no son hoy atractivas a la inversión privada.
Un buen ejemplo histórico que muestra esta cuestión es del propio presidente Arturo Frondizi, que luchó por conectar la red eléctrica de la Patagonia, una región en 1960 aislada y marginada de los grandes centros urbanos. Su objetivo principal era construir el embalse el Chocón, capaz de electrificar a media Patagonia pero no había interés de inversores privados para tamaña quimera. “¿Le quiere dar electricidad a las ovejas?”, criticaban los liberales desde la incomprensión de las necesidades de un desarrollo nacional que se propagara a todo el territorio argentino. La visión estrecha del mercado no veía más que el negocio concreto y oportuno, la visión del desarrollo nacional veía en cambio como la instalación de la red eléctrica de la región iba a promover industrias, tecnificar el agro, levantar escuelas, hospitales, en fin, llenar de vida y prosperidad el sur argentino. Por eso el Estado desarrollista define prioridades y otorga incentivos al sector privado para que invierta no solo en los sectores que ya son negocio, sino en aquellos que logran serlo gracias a los incentivos adecuados.
Lejos de contradecir los valores e ideales liberales, el desarrollismo crea las condiciones para su efectiva realización. Me refiero especialmente a conceptos como la libertad y la república. Son estos ideales sustancialmente afines al desarrollismo. Decía Frondizi en su visita presidencial al Japón que “en la sociedad democrática, el respeto de la ley vigente es la condición que rige las relaciones entre los hombres que ponen las bases para toda acción en el plano político, económico y cultural”. Sin estas condiciones no hay desarrollo en pleno sentido de la palabra, humano, pero tampoco hay verdadera libertad en una sociedad sumida en el subdesarrollo donde cada vez menos pueden elegir y gozan de verdaderas oportunidades.
Desarrollo económico, libertad y rol del Estado
En palabras de Frigerio: “Interesa a los empresarios, pero mucho más interesa a la Nación, que los hombres de negocios tengan la certeza de que no existen motivos circunstanciales susceptibles de poner en peligro la estabilidad de sus empresas; que sepan que su adversario será inicialmente la competencia; que el objetivo deberá ser la reducción constante de los costos de producción y que, al ser la ganancia el principal incentivo de su negocio, no tendrán otra limitación que la de observar literalmente las leyes que rigen la vida de la república”.
Es difícil encontrar definiciones tan claras como marco de acción de la empresa privada como las que acabamos de reproducir. Hay que asumir el papel creativo del empresario en la creación de riqueza y eso no se agota en proclamar la propiedad privada, sino que abre el camino de la comprensión de su función social: abrir oportunidades, desplegar iniciativas y crear puestos de trabajo que a su vez van a permitir la mejora social de los trabajadores.
Los impuestos desorbitados, la excesiva burocracia y regulación, el ineficiente gasto público, aquel que no rinde cuentas ni impacta en la mejora de la vida de los ciudadanos, los subsidio arbitrarios, el control de precios, son muchos de los males que hay erradicar sin que esto implique negar el rol del Estado. Aún con estos graves defectos, es relevante aclarar que esto no es socialismo ni comunismo (sistemas que también se enfrentan al desafío de la productividad y no logran resolverlo sino con la explotación autoritaria de sus pueblos) sino más bien una maraña de confusiones y torpezas, e incluso corruptelas, sobre el ineludible rol regulador del Estado que debe promover antes que impedir y, sobre todo, no trasladar su propia ineficiencia al sector privado que necesita campo de acción para expandirse. Hablamos de un Estado probo y eficiente.
Un Estado inteligente es también un Estado emprendedor que promueve la innovación. No sólo con inversiones en I+D a ritmos que tengan impacto, sino asociándose con empresas y compartiendo el riesgo de la innovación. Ese es el eje del Estado emprendedor que puso en agenda la economista italiana Mariana Mazzucato. Precisamente cuando Frondizi y Frigerio lanzaron la batalla del petróleo en 1958 lo hicieron asociando a la YPF estatal con las compañías petroleras internacionales. El resultado fue que en tan solo cuatro años lograron el autoabastecimiento. Algo inédito. Y ese Estado emprendedor debe tener principal foco en las pymes que promueven la innovación. Además, es un buen negocio pues está probado que por cada peso que el Estado invierte en las PyMEs, le vuelve aumentado directa o indirectamente.
Sin Estado no es posible el desarrollo, pero tampoco con un Estado invasivo de las libertades y que ve como un enemigo al empresario, que combate al capital. Solo un Estado que comprende el rol del empresario, y promueve incentivos y condiciones para que legalmente genere riqueza, y éste la redistribuya, puede generar la integración y el desarrollo que tanto anhelamos los argentinos. Por eso hablamos de un Estado inteligente, formado por gente capacitada en su función, antes que de burocracias que sólo se alimentan a sí mismas.
La libertad es el valor supremo de la democracia y del Estado de derecho. La vida, la integridad de las personas y la disponibilidad de la propiedad privada son bienes jurídicos supremos que deben tutelarse a ultranza por parte del Estado. El desarrollo no sólo se nutre de ella, sino que la vivifica y las consolida cuando amplía las oportunidades para toda la población. Pero para eso necesita un Estado que, en base a los valores e ideales liberales, promueva una estrategia de desarrollo nacional que, articulada con la iniciativa privada, nos consolide como pueblo y nación constructora de su destino.
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