Hay un mito fundacional: Argentina, país de inmigrantes. Es un mito que supera la grieta y al que adhieren, entre tantos otros, los últimos tres presidentes de la nación. “Todos los que estamos sentados en esta mesa somos hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Esto es la Argentina”, remarcó Cristina Fernández de Kirchner en abril de 2015. “Soy hijo de inmigrantes. Todos los somos”, afirmó Mauricio Macri en enero de 2017. Reforzó su idea en enero de 2018, en Davos: “Yo creo que la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea es natural porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos”. Alberto Fernández, en febrero de 2020, en su visita a Francia, reversionó el dicho: “No tengo empacho en decir que soy un europeísta y eso tiene que ver directamente con la historia que tenemos en la Argentina. Nuestra sociedad se formó con gente que bajaba de los barcos que llegaban de Europa”.
Es un mito. Es falso. No todos somos descendientes de inmigrantes.
El primer paso que debe dar nuestro país es reconocer que existen más de 30 pueblos índigenas distribuidos en todo el territorio. Oficialmente, de hecho, lo reconoce: los menciona expresamente el censo de 2010. Estas comunidades también forman parte de nuestra historia. Son un sector vulnerable y uno de los más afectados por el cambio climático. Para este sector es especialmente importante la ratificación del Acuerdo de Escazú.
El Congreso de la Nación ratificó este viernes el Acuerdo de Escazú, que garantiza el derecho al acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Es el primer tratado a nivel mundial que contiene disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y defensores ambientales.
Líderes indígenas asesinados por defender sus derechos
América Latina es la región con más líderes ambientalistas asesinados en el mundo. Existen 1.223 conflictos territoriales que involucran a los más de 800 pueblos originarios que existen en la región. Centenares de líderes indígenas han sido asesinados por defender sus derechos, los mismos que busca proteger el Acuerdo Escazú. Solo en 2018, de los 164 asesinatos registrados a nivel mundial de defensores del medio ambiente, muchos de los cuales eran indígenas, 83 tuvieron lugar en la región.
El artículo 5 del acuerdo está dedicado a la accesibilidad a la información ambiental y establece que “cada parte facilitará el acceso a la información ambiental de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad”. Entre dichos grupos, el Acuerdo señala explícitamente “los pueblos indígenas y grupos étnicos”, a quienes las partes garantizarán que “reciban asistencia para formular sus peticiones y obtener respuesta”.
La segunda referencia a los pueblos originarios se encuentra en el artículo 7, dedicado a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. El mismo establece que “cada parte garantizará el respeto de su legislación nacional y de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales”. Es una disposición muy importante porque deja en claro que el Acuerdo de Escazú no afecta la plena vigencia y aplicación de otros instrumentos internacionales que reconocen derechos de los pueblos indígenas, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El acuerdo define que las autoridades contarán con un plazo límite de 30 días para resolver las consultas o las solicitudes de información de los sectores vulnerables y que deberá prestar la misma de forma que se entienda y contar con un sistema para que cualquier persona pueda consultar fácilmente información actualizada. Las personas afectadas podrán participar en la toma de decisiones referidas al tema y las autoridades deberán tener en cuenta su opinión. Los pueblos indigenas no solo deberán ser consultados sino que se buscará su consentimiento.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, sostuvo que “el Acuerdo de Escazú proporciona instrumentos para abordar las preocupaciones ambientales más apremiantes. Al mejorar el acceso a los datos, los conocimientos y la información y prever la participación de los grupos vulnerables, defiende los valores fundamentales de la vida democrática y fomenta políticas públicas eficaces. Cuando el acuerdo entre en vigor y se aplique, los países estarán en mejores condiciones de preservar su patrimonio natural estratégico mediante acciones más inclusivas y orientadas a la comunidad”.
El acuerdo brinda una herramienta importante para la lucha del reconocimiento de los derechos de los defensores ambientales y el de los sectores más vulnerables. El desafío de nuestro país es generar los medios para cumplir con el acuerdo y estar a la altura de las circunstancias.
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