La economía argentina necesita sincerar precios relativos, desregular, equilibrar la macroeconomía y promover fuertemente la inversión y el empleo, para relanzar el proceso de acumulación de capital, roto hace más de una década, y superar el subdesarrollo. Parecernos a un país capitalista mediano exitoso.
Luego de un largo período de administraciones populistas, que generaron exceso de malas regulaciones que traban la actividad económica, se hacía necesario deshacer esa maraña para que la economía pueda lanzarse a un proceso de desarrollo de sus fuerzas productivas. La idea de “un paquete amplio de reformas”, lanzado en simultaneo, es correcta pues le imprime ritmo a una fuerte señal pro-inversión, imprescindible para mostrar un cambio de rumbo profundo.
Lamentablemente, no son todas las reformas propuestas adecuadas a fortalecer el proceso inverso y el empleo privado, dadas las características específicas de funcionamiento de los distintos sectores económicos. Tampoco parecen todas las reformas de necesidad y urgencia ni del mismo nivel de prioridad como para estar contenidas muchas de ellas en un DNU. Respecto a las formas, dialogar y negociar con los sectores afectados no significa debilidad ni tener que ceder en el punto de vista, sino solo dar la oportunidad a los sectores expresarse y ser escuchados, como comenzaron a hacer los congresistas con el proyecto de ley ómnibus.
Las buenas necesarias reformas vs las pequeñas malas
Las referencias serán parciales, dada la amplitud de las reformas planteadas y la diversidad de sectores tratados.
Empecemos por algunas de las reformas incluidas que considero valientes e importantes para destrabar el proceso de inversión y empleo, en general y en sectores específicos. Lo que más me sorprendió positivamente es el pragmatismo desarrollista del Presidente que expresa el revolucionario Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que puede disparar un proceso inversor de una envergadura tal que puede cambiar el perfil de la Argentina en poco tiempo. Transformación como en su momento logró la promoción que permitió la consolidación de las grandes empresas productoras de insumos básicos industriales (aluminio, celulosa, petroquímica, siderurgia, papel de diario) a partir de 1958 y los años ´70s. El capítulo laboral reduce la litigiosidad, atacando la industria del juicio, y adapta a los cambios tecnológicos las formas de contratación. La política de cielos abiertos, que amplia la oferta aérea con las líneas low cost, significa una revolución en ese campo. Medidas como la prohibición al Poder Ejecutivo para restringir exportaciones otorga seguridad jurídica a la inversión en un país que abuso de ese tipo de restricciones arbitrarias.
En lo que respecta a las modificaciones impulsadas que me resultan objetables, considero que, en algunos casos, se puede presumir desconocimiento, en otros, prejuicios ideológicos, y, finalmente, diferencias conceptuales con los principios con que se llevaron adelante.
La eliminación de políticas activas de promoción de la producción local parece responder a prejuicios ideológicos. Me refiero al compre nacional, que a igualdad de condiciones en las licitaciones públicas prioriza, con un margen de preferencia al proveedor local, y el desarrollo de proveedores, diseñadas para ayudar a fortalecer sectores estratégicos, típicas en todos los países desarrollados. Una ingenua desregulación del comercio exterior, bajo la idea de que cualquiera pueda importar, sin necesidad de cumplir determinados requisitos legales o de patrimonio, no teniendo la Aduana la fortaleza institucional necesaria, puede llevar a descontrol del contrabando y la subfacturación como ocurrió en los años ´90s. Se incluyeron reformas erradas a una cantidad importante de sectores económicos, entre ellos, la pesca, el sector naval, biocombustibles, las sociedades de gestión colectiva. La eliminación de la administración del comercio exterior en el azúcar, en el marco del MERCOSUR, que evita que, en momentos de exceso de oferta en el mercado brasileño (2do. Productor mundial), inunde nuestro mercado con precios bajos y destruya la producción local, es un desconocimiento de la especificidad de funcionamiento de ese sector. Todos los países del mundo tienen este tipo de regulaciones del comercio exterior. La derogación de la ley del libro que establece el precio único para estos, con el fin de defender la bibliodiversidad y la existencia de librerías en todo el país, generando un límite al poder de mercado de grandes jugadores. También es cuestionable muchas de las empresas públicas que abre la posibilidad a privatización como Banco Nación, BICE, el INTI e YPF, por motivos variados.
Los escenarios
Sería deseable que se generase una mayoría política reformista liberal-desarrollista con expresión parlamentariamente que logre impulsar “las buenas reformas”, cuya expresión más acabada es el revolucionario proyecto de ley de inversiones (RIGI). El escenario temido es uno en el que se trabara todo el proceso reformista por la incapacidad del oficialismo de priorizar los capítulos de reformas más relevantes, sobre las que existe cierto consenso social, contaminándolas con reformas menores sectoriales mal pensadas.
La confusión de origen sobre la jerarquía de las reformas podría deberse a impericia política o fanatismo ideológico de los asesores que la diseñaron. Espero que sea lo primero y, una vez superada la instancia de rectificación, tomando muchos de los planteos de sectores y regiones, se pueda avanzar sin resignar el planteo básico de sincerar, desregular, equilibrar la macro e incentivar la inversión y el empleo, condiciones necesarias para el desarrollo acelerado e imprescindible de nuestro país.
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