Manifestación frente al Congreso Nacional a favor de la libertad de enseñanza en 1958
Manifestación frente al Congreso Nacional a favor de la libertad de enseñanza en 1958

El 30 de septiembre de 1958 el Congreso Nacional sancionó la Ley Domingorena, 14.557, que otorgaba validez a los títulos expedidos por las universidades privadas. Cinco meses más tarde, tras una gran ebullición social, el presidente Frondizi promulgaría el decreto que la pondría en vigencia. Algo que hoy día nos parece una decisión evidente y sin cuestionamientos fue, en aquel entonces, eje de la famosa disputa Laica o Libre que dividió a la Argentina como años más tarde lo haría las leyes sobre el aborto o el divorcio entre sectores afines y detractores de la influencia y valores de la Iglesia Católica. Se consagraría de esta manera un derecho fundamental para el logro del desarrollo nacional: la libertad de enseñanza en la educación universitaria de la República Argentina.

Una convicción frente a una gran adversidad

El 25 de junio de 1957 el entonces candidato presidencial de la UCRI, Dr. Arturo Frondizi, manifestó “… el derecho de los padres a elegir la escuela para sus hijos y el de los ciudadanos a instituir los centros de enseñanza que sus convicciones o las exigencias técnicas les dicten.” Y el 13 de enero de 1958: “Queremos una escuela en la que la enseñanza sea auténticamente libre. A cargo el Estado está el asegurar una educación suficiente par todos. Pero quienes quieran impartir enseñanza ya sea por razones técnicas, ya por sus creencias filosóficas o religiosas, tienen que estar en condiciones de hacerlo en iguales condiciones que las que rigen por el propio Estado”. La libertad de enseñanza era por lo tanto un eje del programa de gobierno desarrollista.

En la campaña electoral Frondizi señalo “el derecho de aprender y la libertad de enseñar”, y que “todo argentino tendría asegurado, bajo su gobierno, el acceso a la educación y el derecho a elegir el tipo de enseñanza que prefiera para sí o como padre para sus hijos. La salvaguarda de estos derechos es esencial porque la imposición obligatoria de un espíritu determinado en la enseñanza constituye un avance peligroso en el ámbito sagrado de las conciencias”.

El 26 de agosto de 1958 el Poder Ejecutivo expresó que ajustaría “estrictamente su gestión a lo que dispone la Constitución Nacional. En consecuencia está resuelto a garantizar la efectiva posibilidad del derecho concedido a todos los habitantes de la Nación por el articulo 14 de enseñar y aprender”.

El 30 de septiembre de 1958, y por el apoyo decisivo de los diputados de la bancada oficialista, votóse el proyecto Domingorena que, como Ley 14.557 reemplaza al anterior artículo 28 del Decreto Ley 6403/55.

El 12 de febrero de 1959 el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto reglamentario de aquella Ley.

El 20 de agosto de 1959 se reconoció y autorizó el funcionamiento de la Universidad Católica de Córdoba.

El 2 de noviembre de 1959 se lo hizo con la Universidad Católica de Santa María de los Buenos Aires.

La cuestión de la libertad de enseñanza

De esta manera quedaba consagrado uno de los derechos fundamentales de los sociedades democráticas modernas, derecho muchas veces solicitado por diversos grupos sin obtener resultado por parte de las autoridades políticas. Sin sostener que se trate de una “concesión” a la Iglesia Católica, ya que beneficio a todos los sectores ideológicos, y concretó una realidad exigida por las circunstancias del mundo contemporáneo, de hecho fue esa Iglesia la que luchó con mayor empeño en defensa de esa libertad. Siendo un asunto de tal trascendencia y de tanto sentido espiritual era obvio que el electorado católico pusiera especialísima interés en la posición que al respecto adoptaron los distintos partidos, y en el caso de la UCRI no es exagerado afirmar que gran parte de él la apoyara teniendo absoluta fé en que una vez llegado al Gobierno cumpliría su palabra como efectivamente aconteció.

Laica o Libre: Gane quien gane, gana Frondizi

El haberlo hecho a pesar de las enormes dificultades de toda índole que llegaron a alterar el orden público, y en un momento en que el Gobierno más bien hubiera debido evitarlas si hubiera atendido a su propia tranquilidad, ha demostrado la sinceridad de sus promesa y la autenticidad de los valores que la inspiraron.

Buenos será recordar cómo gran parte de los sectores liberales, o de otro origen, que combatieron esta vez esa libertad de enseñanza díeronle un tinte de combate religioso, son los mismos que con anterioridad y en otras situaciones la reclamaban con insistencia.

El tiempo demostró como  la iniciativa del gobierno desarrollista fue superadora de una situación de estancamiento que hacía necesario renovar la universidad para ponerla al servicio de un plan de desarrollo que interesaba al conjunto de la sociedad argentina. La competencia con las universidades privadas promovió una época de oro en la universidad pública en los años siguientes. Al mismo tiempo, se crearon universidades en todo el país de diversos credos e ideologías no prevaleciendo las católicas, como pregonaban los detractores de la ley, sino las no confesionales.


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