presencialidad
Pupitres en el aula de una escuela argentina. / Telam

La educación virtual es incapaz de contener a toda la comunidad educativa. A pesar del esfuerzo inmensurable que hacen los docentes desde el comienzo de la pandemia para mantener la virtualidad, las limitaciones del acceso a la tecnología desnudaron las desigualdades del sistema. En un país polarizado como Argentina, caímos en el peor de los escenarios: la politización de la discusión sobre la presencialidad en las escuelas.

La escuela no solo cumple un rol educativo, sino también de contención para millones de niños y adolescentes. Esto tendría que haber sido abordado como un tema prioritario, dado que más de la mitad de los niños en Argentina viven por debajo de la línea de pobreza, según INDEC. 

El efecto del cierre de las escuelas es más profundo entre los niños pobres, como era de prever. Uno de cada cuatro chicos en edad escolar que vive en barrios populares abandonó los estudios en algún momento de 2020, según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación. El estudio del observatorio menciona que los alumnos afectados por el cierre de las escuelas sufren consecuencias a largo plazo, como una pérdida salarial promedio del 1%, según los cálculos de la economista alemana Nicola Fuchs-Schündeln. Un factor que explica este deterioro en los ingresos es la previsión de que estos niños alcanzarán un menor nivel educativo final.

El cierre de las escuelas, por lo tanto, viola la Ley de Educación Nacional (26.206/06), que establece en el artículo 84 que el Estado debe garantizar las “condiciones materiales y culturales” para que todos los alumnos logren “aprendizajes comunes de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural”.

Abandono y trabajo infantil

El abandono escolar tiene otras consecuencias para los niños y adolescentes. Es más probable que un chico no escolarizado sea sometido al trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo infantil como todo aquel que “prive a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad”. La explotación infantil provoca perjuicios en el desarrollo físico y psicológico, que tiene efectos duraderos en la adultez en la salud, la educación y el acceso a un trabajo formal.

La calidad educativa entró en el debate público en los últimos años. Los resultados de las últimas pruebas Aprender, de 2019, que evalúan a los estudiantes de la secundaria, muestran el 38,2% de los alumnos tienen un nivel por debajo del satisfactorio. Argentina tiene que concentrar sus esfuerzos por mejorar estos indicadores, que ya eran preocupantes antes de la pandemia y, sin dudas, empeoraron con la virtualidad.

A pesar de que no hay evidencia concluyente sobre la relación entre la presencialidad en las aulas y el aumento de casos de COVID-19, el Gobierno Nacional insiste con la política de la virtualidad. En un escenario de caída del empleo y aumento de la pobreza, debería haber un consenso educativo básico: que las aulas abiertas son una herramienta igualadora de oportunidades y un dique de contención contra el abandono.


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