Tras la intervención de Vicentín, una ola de protestas forzó al Gobierno Nacional a dar marcha atrás y abandonar los planes de estatizar la cerealera. Nada de eso ocurrió con la estatización de IMPSA, una de las empresas industriales más importantes del país. El viernes pasado, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunciaron la capitalización de la compañía energética. En términos prácticos, significa que la mayoría accionaria estará en manos estatales: un 63,7% serán de la nación y un 21,2%, de la provincia. ¿Por qué no generó el mismo rechazo que el caso de Vicentín?
La primera diferencia es la forma en que se llevó a cabo. IMPSA atravesaba una situación financiera delicada y estaba cada vez más cerca de la quiebra. Tras dos intentos fallidos de venta, el último en 2020, la misma empresa pidió auxilio estatal en agosto del año pasado. El ministerio dirigido por Kulfas trabajó el tema con bajo perfil durante varios meses y analizó detalladamente la situación de la firma, desde el nivel de endeudamiento hasta las proyecciones de las ganancias futuras. La conclusión fue que, con una inyección de capital suficiente, era posible mantener la compañía en funcionamiento.
El mecanismo para el rescate es una capitalización, es decir, la emisión de nuevas acciones por 20 millones de dólares: el Estado Nacional aportará 15 millones y Mendoza, los 5 millones restantes. “Con el apoyo del Estado, IMPSA volverá a competir en los mercados de Asia, Europa, África y América Latina”, asegura un tuit del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación publicado tras el anuncio. Los directivos de la empresa sostienen que no podían presentarse a más licitaciones internacionales por falta de espalda financiera.
IMPSA es una empresa industrial estratégica. Es una de las pocas compañías del mundo que desarrolla turbinas hidroeléctricas y consiguió prestigio internacional en el rubro. También fabrica torres eólicas, generadores para la industria nuclear, parques solares y grúas portuarias entre otros equipamientos industriales. Tiene 720 empleados, de los cuales 250 son ingenieros. La mayoría de ellos están radicados en Mendoza. Una de las condiciones para la capitalización es que la empresa no pueda mudarse de la provincia.
Auge y caída de un gigante industrial
Los problemas financieros de IMPSA comenzaron con el proceso de internacionalización que encaró hace más de una década, cuando desembarcó en Brasil, explica el presidente de la compañía, Enrique Pescarmona, en una entrevista que dio Perfil en 2015. Pescarmona destaca que IMPSA invirtió más de 300 millones de dólares en la construcción de parques eólicos en Brasil. De hecho, instaló en Santa Catarina el tercer parque eólico más grande del mundo y el mayor de Sudamérica. “El error nuestro fue una percepción errada del Brasil moderno”, dice el empresario en la entrevista y explica que el Estado brasileño quiso rescindir el contrato con IMPSA, por lo que la empresa tuvo que recurrir a la justicia. Esto significó que durante tres años la filial de Brasil no cobró por los servicios eléctricos que brindaba. Pescarmona asegura en la entrevista que IMPSA fue la única empresa que dejó de cobrar, a diferencia de todas las proveedoras del Estado que luego fueron investigadas por la megacausa de corrupción Lava Jato.
En la misma época que comenzó a operar en Brasil, IMPSA ganó licitaciones importantes en Venezuela. Entre ellas, el contrato de provisión de las turbinas hidroeléctricas más grandes del mundo. Derrotó en esa licitación a líderes del mercado como Siemens, General Electric y Alstom. Los problemas llegaron cuando el Estado venezolano dejó de cumplir con sus compromisos, algo que los directivos de la compañía vinculan con la negativa a pagar coimas al gobierno argentino.
Si bien IMPSA no estuvo involucrada en el Lava Jato ni en el caso Odebrecht en Brasil, sí fue salpicada en la causa de los cuadernos. Pescarmona y Francisco Valenti, el número dos de IMPSA, declararon como arrepentidos y admitieron haber pagado coimas a Roberto Baratta, entonces secretario de Energía de la Nación. “Baratta en una de las reuniones, a mediados de 2007, directamente nos pidió dinero para regularizar los pagos de Venezuela. Interfirieron los pagos, nos mostraron su poder”, declaró Valenti ante el Juez Bonadío.
La negativa del grupo IMPSA tuvo más repercusiones, según los empresarios. En Argentina, la compañía ganó dos veces la licitación para construir la represa Néstor Kirchner-Cepernic, en Santa Cruz. Las dos licitaciones fueron canceladas. El proyecto fue adjudicado finalmente a Electroingeniería.
Las reiteradas desavenencias con los Estados de Venezuela, Brasil y Argentina llevaron a la empresa a la crisis financiera, con una deuda de 1.000 millones de dólares. Gran parte de la deuda había sido financiada por bancos argentinos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En 2014 la firma entró en cesación de pagos y Pescarmona perdió su posición como accionista mayoritario: quedó solo con el 35% de la empresa, mientras que el 65% restante se repartió entre los acreedores. Banco Nación pasó a ser un accionista de peso y designó como nuevo CEO de IMPSA a Juan Carlos Fernández.
Durante el macrismo, IMPSA se hizo nuevamente oficialista y reestructuró la deuda con el Banco Nación, el principal acreedor, y evitó la quiebra. Sin embargo, los problemas volvieron tras la crisis cambiaria de 2018 y la situación se tornó aún más crítica con la pandemia.
Así llegó IMPSA a la crisis actual. Con la capitalización anunciada el viernes pasado, la estructura accionaria quedará conformada de la siguiente forma: el Estado Nacional es dueño del 63,7%; Mendoza, del 21,2%; el fideicomiso formado por los acreedores, del 9,8%; la familia Pescarmona, del 5,3%.
El futuro de IMPSA
Creada en Mendoza hace más de 100 años por Enrique Epaminondas Pescarmona como una empresa metalúrgica, IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona) es, junto con Techint, la empresa industrial argentina que logró una mayor internacionalización. Las capacidades industriales de IMPSA son un activo muy valioso que el país no debería perder. Es una empresa con prestigio en grandes obras hidroeléctricas y demuestra, como Techint o INVAP, que la tecnología argentina puede ser líder mundial.
La pregunta obvia sobre el futuro de IMPSA es si el Estado podrá gestionar mejor la empresa que la propia familia fundadora. En primer lugar, la trayectoria declinante de la firma está marcada por una serie de incumplimientos por parte del sector público, tanto en Argentina como en Brasil y Venezuela. No es consecuencia exclusiva de un déficit en la conducción empresarial. Por otro lado, la empresa atraviesa problemas financieros que le restan capacidad de competir por nuevos contratos, por lo que se mantiene en un círculo vicioso del que no es capaz de salir por sus propios medios. El espaldarazo estatal puede romper esa dinámica. Por último, existen modelos exitosos de intervención estatal, como el de INVAP, una sociedad del Estado especializada en energía nuclear que incluso exporta reactores a países desarrollados.
Con el respaldo estatal, IMPSA tendrá capacidad financiera para obtener nuevos contratos, asegura el gobierno, y eso le permitirá recuperarse. IMPSA es el principal postulante para la construcción de la represa Portezuelo del Viento, la llamada obra del siglo, en Mendoza. También está bien posicionada para obtener la adjudicación de las nuevas obras previstas en la represa Yacyretá y continúa con la fabricación montaje de los principales componentes del reactor nuclear CAREM 25. La viabilidad de la compañía, sin embargo, depende fundamentalmente de la internacionalización. Las finanzas públicas Argentinas tienen poco margen para impulsar grandes obras de infraestructura en el corto plazo, por lo que deberá ganar contratos en el exterior.
La intervención de IMPSA es estratégica, no solo porque mantiene puestos de trabajo altamente calificados, sino porque preserva en el país capacidades tecnológicas e industriales que lleva muchos años desarrollar. El Estado tiene en sus manos una herramienta clave para el desarrollo nacional y puede gestionarla con éxito, como lo demuestra INVAP o privatizarla una vez puesta nuevamente en valor. El reto es preservarla de los intereses espurios y la corrupción.
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