El COVID-19 amenaza nuestras instituciones

Para enfrentar el COVID se necesitan consensos amplios y una alta legitimidad. El Congreso es el ámbito más propicio para lograrlos. Nada justifica que el Legislativo esté paralizado

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El recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, vacío

Sería absurdo suponer que en Argentina hay quienes no apoyan las medidas que se están tomando para hacer frente a la crisis sanitaria. Al menos hasta ahora. En los últimos días empezaron a plantearse algunos debates que pusieron en duda ese respaldo. Son debates en torno a la transición desde el aislamiento social preventivo obligatorio hacia una cuarentena administrada. Una transición que continúa difusa.

En un lado de ese debate, algunos sostienen que la institucionalidad propia de los tiempos normales queda en suspenso en situaciones extraordinarias como la actual, que es inédita a nivel mundial. El la otra punta están los que afirman que las medidas extremas adoptadas por el Poder Ejecutivo atentan contra las libertades individuales y son el camino hacia un hipercentralismo que quebrará el sistema republicano.

Entre esas posiciones, creo que hay un punto justo. Parece lógico apelar al sentimiento nacional y la unidad de los argentinos para enfrentar un momento clave de nuestra historia. Pero para lograr esa unidad es necesaria una alta legitimidad política, algo que solo se consigue con instituciones fuertes y amplios consensos básicos. Y los parlamentos son el ámbito más propicio para que eso ocurra. Nada justifica que el Legislativo esté paralizado y el Ejecutivo gobierne en solitario.

Legislar en cuarentena

Los poderes legislativos, tanto nacionales como provinciales, enfrentan desafíos que van desde cómo funcionar de manera remota, segura y confiable hasta de qué manera legitimar las decisiones que allí se tomen. En definitiva, cómo adaptarse a las nuevas formas para seguir funcionando. Los representantes del pueblo deben hacer, nada más y nada menos, que lo que ya están haciendo sus representados.

Distintos parlamentos en el mundo— en la Unión Europea, Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay— ya se han adaptado a las nuevas circunstancias y contemplan medidas como las sesiones con votaciones remotas. Austria elaboró, en 2001, un canal de producción legislativa electrónica continua que contempla desde la redacción de proyectos de ley hasta su discusión y publicación una vez sancionado.

En nuestro país, el Senado santafesino fue el primero en modificar su reglamento de manera tal de permitir las sesiones remotas utilizando plataformas informáticas adecuadas previa aprobación del pleno. Sin embargo, fue Mendoza la primera provincia en telesesionar. Las dos cámaras del Parlamento mendocino se declararon en estado de sesión permanente y se adaptaron rápidamente. Córdoba será la próxima en dar ese paso y otras provincias lo están analizando.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, merece un párrafo aparte. Todo el arco político dio muestras de madurez democrática y, tras un amplio debate, el oficialismo y la oposición consensuaron acompañar al Ejecutivo porteño en las medidas excepcionales. Siempre respetando los pasos institucionales, que establecen que cada uno de los DNU dictados por el Ejecutivo local deben ser ratificados por el Poder Legislativo. La legislatura porteña acordó un proyecto conjunto para reglamentar el funcionamiento en emergencia, que incluye los mecanismos para sesionar a distancia, presentar proyectos de manera virtual y permitir el funcionamiento de las distintas comisiones.

Reactivar el Congreso Nacional

El Congreso Nacional debería seguir el ejemplo de las provincias. No hay excusas. ¿Qué  impide que el Jefe de Gabinete asista a una Sesión Virtual para explicar la evolución del Gobierno y dar cumplimiento a las sesiones informativas que impone el artículo 101 de ña Constitución Nacional? Varias comisiones de Diputados lo han hecho con los ministros de su cartera.

En momentos de crisis necesitamos que las instituciones estén más fuertes y en pleno funcionamiento. No solo para debatir medidas que no puede tomar el Ejecutivo por su cuenta, porque están vedadas por la Constitución —como la creación de un impuesto extraordinario—, sino para dar mayor legitimidad y respaldo a las decisiones complejas que se deberán tomar.

En lo primeros cuatro meses de gestión, el presidente Alberto Fernández firmó 32 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Casi tantos como Eduardo Duhalde en un periodo similar, durante la mayor crisis económica del país. Sería muy sano para la república que la Comisión Bicamecameral se pronunciara al respecto de los mismos. Algo que también podría hacer en forma virtual.

La situación actual es excepcional y requiere de medidas excepcionales. Pero sería un error aceptar que esto justifique la parálisis del funcionamiento normal de las instituciones. Frente a una crisis como esta se necesitan decisiones políticas consensuadas, un respaldo amplio y una alta legitimidad. Es la mejor forma de garantizar la unidad de los argentinos, al amparo de la Constitución, y evitar que el COVID-10 ataque también la salud de nuestras instituciones.


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