La provincia de Buenos Aires arrastra desde hace demasiados años y gobiernos una angustiante sensación de inviabilidad que agobia los mejores intentos por levantar al principal estado de Argentina. No es necesario detenerse a recordar las fuertes dicotomías que la atraviesan: sede de los principales establecimientos productivos e industriales del país, con inmensas riquezas que emanan de sus fértiles tierras y salida al mar inmediata, en ella también conviven concentrados apabullantes bolsones urbanos de pobreza y marginación. Cuenta con un sector público amplio, pero insuficiente para dar respuesta eficiente a las obligaciones principales del Estado, con recursos limitados para las válidas demandas que recibe, preso de una densa burocracia que a la vez requiere una urgente modernización y siempre tironeado entre la legítima mayor presencia subsidiaria que requieren los vecinos y la poca eficacia en sus funciones que advierte el contribuyente cuando simultáneamente se le exigen crecientes esfuerzos y colaboraciones. Podríamos seguir enumerando estos grandes trazos dicotómicos que rápidamente se advierten en la provincia de Buenos Aires e, incluso, adentrarnos en las enormes posibilidades y déficits que la definen hoy, pero la breve mención encuadra donde estamos parados. Es en este marco objetivo donde irrumpe la pandemia del COVID-19 acompañada por la cuarentena impuesta a efectos de intentar mitigar los problemas sanitarios que se evidenciaron en otras latitudes: es inevitable que se agraven significativamente en el corto y mediano plazo los ya profundos problemas socioeconómicos que atravesaba la Provincia.
La crisis inexorable que sobrevendrá en materia económica, laboral y social requiere preparar de la mejor forma posible las herramientas que pueden ayudar en los difíciles momentos que se avecinan. En especial, porque, como sucede en cada trance histórico sufrido, golpea de manera particular a los sectores más vulnerables. Ya empiezan a llegar datos que anticipan el deprimente panorama: empresas, industrias, comercios, emprendimientos de distintos tamaños, inversiones y tecnologías que no resisten una economía cerrada y detenida; cadena de pagos que se corta; trabajadores formales e informales dependientes directa o indirectamente de las actividades paralizadas o en baja que pierden sus ingresos; profesionales y cuentapropistas perjudicados por los impedimentos; funcionarios y empleados públicos, junto a jubilados, que aún no vieron afectados sustancialmente sus ingresos pero que no serán ajenos a las consecuencias de la merma de recaudación que traerá aparejado necesariamente la caída del PBI. Recesión, desempleo, inflación, aumento de la pobreza y marginalidad.
Esta situación incrementa los requerimientos en los auxilios sociales y también las posibilidades de conflictividad. Se hace imperiosa la necesidad de ámbitos que colaboren en la escucha directa de las distintas realidades, que ayuden en la articulación de las crecientes necesidades sociales, que intercambien visiones y proyectos de reactivación económica y laboral, que lleguen a consensos y acuerdos entre los distintos protagonistas de la vida comunitaria. El diálogo se convierte, particularmente aquí, en un valor central para encontrar caminos democráticos y pacíficos de salida, valorando la diversidad y la pluralidad en la unidad de una comunidad de destino que se concibe fraterna y solidaria.
La magnitud de los desafíos impide que sean encarados y asumidos solo desde una posición política o social. El desarrollo sustentable e integral al que aspiramos deberá proceder de acuerdos, consensos y convicciones profundas, que sostengan el rumbo ante las tormentas coyunturales que siempre aparecen.
El proyecto
Ante estas, consideraciones que elevamos a la legislatura bonaerense el proyecto para la creación del Consejo Económico Social de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que no es una respuesta única ni exclusiva, pero sí pertinente por el sentido, la misión y los frutos que puede dar, en especial en momentos de crisis profunda como los que se avecinan. Es prepararnos y anticiparnos con instrumentos idóneos para lo que viene: quien no tenga cabeza para prever deberá tener espaldas para soportar, enseñaba un sabio General.
Generamos así un espacio institucional de encuentro, participación, escucha, consulta, articulación, concertación y, en especial, de diálogo social para avanzar en el análisis, propuesta y construcción de respuestas y políticas públicas integrales en el ámbito económico y social.
Es específico pues se centrará en las cuestiones socioeconómicas, no porque no haya otras áreas centrales sino porque allí estará el eje de las discusiones y dificultades próximas, dado el contexto, y su desatención conlleva el peligro de estallidos sociales además de la disminución de recursos para atender otras prioridades.
Por supuesto, un instrumento sólo no alcanza: necesita de personas que con su compromiso y actuar lo hagan valioso y útil. Las instituciones se conforman por mujeres y hombres que las califican con su proceder. La predisposición interna en el Consejo Económico Social, el desenvolvimiento de la dirigencia fuera de él y la instauración de una cultura que reclame y viva su espíritu de diálogo constructivo será determinante. Parafraseando a Horacio: vanas son las instituciones sin una cultura que la acompañe.
Obviamente no suplanta la representatividad y labor política legislativa ni la acción y conducción del Ejecutivo. Lo que sí brinda el Consejo es un ámbito propicio de intercambios de diferentes pareceres sociales que pueden favorecer y expresar acuerdos suficientes para darle fuerza a las políticas públicas que se requieran en el área, muchas de ellas de reforma, de esfuerzos, de solidaridad, de justicia social, de cambios profundos.
El Consejo propuesto está integrado por 26 miembros que representan diferentes realidades y entidades, intentando visibilizar las fuerzas dinámicas de la sociedad civil. Hemos estudiado otras experiencias nacionales e internacionales de consejos económico sociales y nos pareció mejor a efectos de darle dinamismo que el número de miembros no termine siendo tan elevado que imposibilite luego un conveniente ámbito de diálogo fluido y concreto que permita acuerdos y consensos. Con la integración propuesta se incluyen actores muy diferentes y representativos de la comunidad, suficientes para dotar al espacio de amplia pluralidad social: de todas formas, consideremos que el proyecto prevé la posibilidad de incorporar representantes de instituciones u organizaciones que no formen parte del Consejo Económico Social con el carácter de adherentes, los cuales podrán participar con voz en el mismo.
Los 26 miembros del Consejo expresan al sector político (con dos integrantes, uno por el oficialismo y otro por la oposición), a los trabajadores sindicalizados (seis, tres de gremios del sector estatal y tres del sector privado), a las organizaciones económicas (seis, dos representantes de la producción industrial, dos del comercio y los servicios, y dos de la actividad agropecuaria; a la vez al menos uno de cada sector económico debe representar a actores micro, pequeños y medianos), a las organizaciones y movimientos sociales (tres), a las confesiones religiosas u organizaciones de promoción social y asistencia vinculadas a credos profesados en la provincia (tres, de los cuales al menos uno será de la Iglesia Católica, en especial consideración por el rol clave que la misma tuvo en el antecedente nacional de la Mesa de Diálogo del 2002), al universitario (tres, dos por universidades públicas con asiento en la provincia y uno por universidades privadas), los colegios representativos de profesionales (uno), las organizaciones en defensa de los consumidores y usuarios (uno), y las ONG cuyo principal objeto sea la protección del medio ambiente (uno).
Como se advierte, la representación es amplia. Por supuesto, podría ser diferente y el proyecto está abierto a recibir las mejoras que se sumen en su tratamiento legislativo, pero hemos intentado incluir con especial énfasis a los protagonistas de la vida económica y social de la provincia de Buenos Aires.
La composición del Consejo Económico Social
Está presente la conducción política de la provincia a través de sus dos representantes, que además de ser uno integrante del oficialismo y el otro de la oposición, ambos encabezan el Consejo. De esta forma se ha limitado la presencia política formal en la integración de manera de darle especial espacio y juego a la directa representación de los diversos actores sociales y económicos, pero reconociendo a la vez la importancia que tienen estableciendo la presidencia del Consejo para el oficialismo en la figura del vicegobernador de la provincia, que es una figura adecuada, pues constitucionalmente interactúa con la diversidad política presidiendo la cámara alta provincial. La vicepresidencia está a cargo de quien sea designado por parte del partido o frente opositor con mayor representación en la legislatura.
Los trabajadores están representados en forma equilibrada entre los que se encuentran en el sector público y el privado. Son dos realidades centrales de la Provincia, motores de la misma, cada una con su impronta y prioridades. Los empresarios, industriales y comerciantes están presentes, con especial peso de la PyMES, un sector fundamental y con espaso poder de lobby, que designan a la mitad de los integrantes del Consejo en representacióin del sector. La diversidad de la provinca se completa con los representantes de las organizaciones sociales y religosas, las univevsidades, colegios profesionales, las organizaciones de defensa del consumidor y usuario, y las organizaciones no gubernamentales ambientalistas.
En cuanto a su funcionamiento interno, el mismo está previsto en el contenido del proyecto de ley, pero permite un amplio espacio a la dinámica propia que en los hechos se dé más allá de previsiones mínimamente establecidas.
Los integrantes duran dos años en su representación dentro del Consejo Económico Social, salvo cambio previo determinado por su organización o sector. El principio es que los cargos de los miembros del Consejo sean ad honorem, pero se prevé que el Consejo pueda tener un financiamiento mínimo para su mejor desenvolvimiento. La austeridad de la presente institución ayudará en la legitimidad de su misión, y será un aliciente para una composición centrada en el servicio del bien común.
El proyecto elevado insta explícitamente a promover la coordinación con otros consejos económico y sociales que se establezcan a nivel nacional, provinciales o locales, los cuales sería muy positivo se instituyan. La promoción de estas articulaciones directas de participación y diálogo entre las distintas instancias y la consecuente elevación que se realice de las expresiones y conclusiones que allí se toman, pueden convertirse en un interesante mecanismo de interacción comunitaria que ilumine las políticas públicas de acuerdo al sentir, la voluntad y las prioridades que surjan de las diversas realidades, acercando visiones y propuestas que vayan de abajo hacia arriba, con toda la riqueza y legitimidad que ello conlleva. Un comunidad organizada que viva esta capilaridad otorga fuerza a la política para cumplir su deber de fidelidad con la sociedad civil a la cual debe servir y con la nación que le da sentido.
Ni grietas ni odios
La creación del Consejo Económico Social expresa la valoración y el cuidado que merece la inmensa pero a la vez frágil riqueza que tiene la biodiversidad social y económica presente en el amplio y profundo territorio provincial. Y no solo aporta una herramienta institucional adecuada para el encuentro y la generación de políticas públicas que permitan nuestra recuperación, sino que formula una manera de concebir la política y la vida social sustentada en la valoración de todos los que integran la comunidad, fomentando el encuentro, entendiendo que hay que construir sin exclusiones, y por eso hay que dialogar para conocer, entender, explicar, articular y caminar juntos en el largo proceso de reconstrucción.
Hay que avanzar hacia instituciones que no fomenten grietas ni odios, que trabajen en superar la lógica de la confrontación permanente y la peligrosa dialéctica amigo-enemigo, la cual genera un problema de concepción de suma cero donde lo que gana uno lo pierde el otro: allí el Estado es un botín o mero poder uniforme hecho a la medida del que lo detenta. La sectarización de la política conlleva implícita la destrucción del adversario y explica la ausencia de políticas de estado sostenidas a mediano y largo plazo, pues nada puede reconocerse en el que no es parte del proyecto propio. Esta disvaliosa postura sociológica e ideológica, presente en todos los extremos, termina condenando en bloque todo lo actuado por el otro. Necesitamos superar esa dialéctica para generar confianza suficiente en un sistema que apunte a la ganancia de todos aunque ello implique -en primera instancia- alguna resignación para los actores individuales u orgánicos: no niega los legítimos intereses particulares y sectoriales, pero sabe que hay objetivos comunes y compartidos que responden a la justicia, la equidad y la igualdad de oportunidades, permitiendo un mejor despliegue y desarrollo conjunto de las potencialidades y vocaciones de sus integrantes y sus legítimas aspiraciones.
Que el tratamiento del Consejo Económico y Social despierte la conciencia colectiva y acerque un sentido aporte a estos nobles objetivos.
¿Valorás nuestro contenido?
Somos un medio de comunicación independiente y tu apoyo económico es fundamental para que que este proyecto sea sostenible y siga creciendo. Hacete socio y construyamos juntos Visión Desarrollista.
,Hacete socio
xx
