La posibilidad de que las provincias compren vacunas contra el COVID-19 generó una polémica semanas atrás. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró el 7 de abril en declaraciones a la prensa que la ley de vacunas aprobada en 2020 no prohíbe que las provincias negocien con los laboratorios y “no es el Gobierno nacional el único que puede comprar”. Esta directiva, de federalismo repentino, contradice los principios en los que se basó desde el inicio la política para hacer frente a la pandemia: todo lo decide el presidente.
En marzo del año pasado, por ejemplo, el Estado nacional compró la totalidad de la producción de respiradores artificiales del país de los dos meses siguientes. Los repartió de forma discrecional, según la evaluación que la Casa Rosada hizo de las necesidades de cada provincia. Por otra parte, el presidente dictó decretos que restringieron la circulación en todo el territorio nacional, a pesar de que la situación en cada provincia era diferente. Una política más ajustada a la evolución de los distritos hubiera evitado grandes pérdidas económicas.
Los resultados de la centralización en la toma de decisiones fueron negativos para el Gobierno. Tanto en términos económicos como políticos.
El proceso de vacunación avanza lento en todos los países subdesarrollados, pero Argentina muestra un rezago con respecto a sus vecinos. Es el tercer país con más vacunados en Sudamérica, aunque muy por detrás de Uruguay y Chile, según el registro de ourworldindata.com. Un 12,4% de la población argentina recibió al menos una dosis, pero el ritmo fue insuficiente para enfrentar la segunda ola de la pandemia y evitar restricciones rígidas que tienen un gran impacto en la economía.
Autonomía y federalismo
La primera vacuna que se aplicó en Argentina fue la Sputnik V, desarrolada por el Instituto Gamaleya de Rusia. Con el correr de los meses se abrió el abanico de posibilidades y hoy también se aplican en el país la vacuna del laboratorio chino Sinopharm y la de la farmacéutica británica AstraZeneca. Esta semana se conoció una noticia positiva para Argentina: el laboratorio Richmond anunció que prevé comenzar la producción de Sputnik V en el país a partir de junio.
San Juan fue primera provincia que avanzó en las negociaciones con las farmacéuticas para comprar vacunas sin la participación del gobierno nacional. La semana pasada, el gobernador Sergio Uñac confirmó que prevé firmar contratos con AstraZeneca para adquirir 1,5 millones de dosis. Más que las que necesita para toda la población de la San Juan. Por eso hubo un acercamiento entre Uñac, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y de Jujuy, Gerardo Morales. Lo que no solo es una muestra de autonomía y federalismo, sino de diálogo político, ya que son mandatarios de partidos rivales.
La pandemia es una carrera contra el tiempo y la vacuna es un aliciente. El mensaje de Cafiero evidenció que había alternativas, pero se perdieron meses de negociaciones que podrían haberse aprovechado si se respetaba el federalismo que sostiene la Constitución.
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