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Billetes de 100 pesos argentinos. / Pixabay

El déficit fiscal es uno de los principales problemas de Argentina. Y reconocerlo no te convierte en liberal. Las cuentas públicas nacionales cerraron en rojo en 53 de los últimos 60 años. Es evidente que algo no funciona como debería. Las consecuencias son conocidas por todos: inflación y deuda externa. No existe otra manera de financiar el déficil. Para resolver este problema hay solo dos soluciones posibles: aumentar los ingresos o reducir el gasto. Pero Argentina tiene una de las presiones tributarias más altas del mundo. Resulta inviable subir los impuestos para recaudar más. Por eso la necesidad de bajar el gasto público vuelve al centro del debate político nacional. El oficialismo habla de convocar a la “oposición patriótica” para llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo para qué? Para respaldar un programa económico que se ajuste a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). En palabras simples: para ajustar el gasto público.

Bajar el gasto es una política antipática que los gobiernos tratan de evitar y tiene consecuencias recesivas. ¿Es inevitable un ajuste duro de tipo neoliberal? Existe un antecedente histórico que muestra que es posible un camino alternativo para estabilizar la economía y motorizar en simultáneo una etapa de crecimiento acelerado y desarrollo. Así ocurrió durante el gobierno de Arturo Frondizi.

La composición del gasto público

Antes de pensar en bajar el gasto público hay que entender de qué estamos hablando. El gasto público consolidado, es decir la suma del gasto en los municipios, provincias y nación, representó en 2019 el 40,4% del PBI, según los datos de la consultora de Orlando Ferrere. Ese es el peso del Estado en la economía argentina en la actualidad.

El informe de Ferreres destaca que el principal concepto son jubilaciones y pensiones, que suman el 26,7% del gasto público consolidado. Le sigue personal, que representa el 26,1%. Entre jubilaciones y salarios suman más de la mitad. El tercer rubro más importante es transferencias: un 23,4% que se destina a subsidiar al sector privado y a sostener las universidades públicas, entre otros conceptos. El pago de intereses de la deuda es el 8,5% del gasto público. Y un 7,2% corresponde a bienes y servicios, que son los gastos corrientes necesarios para el funcionamiento del Estado.

El gasto en capital, por su parte, solo alcanza el 8,1% del gasto público consolidado. Parece una ironía que se destine una fracción tan pequeña al rubro que tendría mayor impacto para mejorar la productividad y lograr un crecimiento más elevado en el largo plazo. Que es en definitiva lo que el país necesita. Un mayor crecimiento, por otro lado, generaría un incremento de la recaudación sin aumentar la presión impositiva.

Estos datos discrepan con un número que normalmente se menciona en el debate público: que tres cuartos del presupuesto se destina a gasto social. Pero no existe ninguna contradicción los datos antes expuestos y esta afirmación. En 2019, el 74,4% del gasto primario del Estado nacional fue a gastos sociales. Vale la aclaración: es solo el gasto del Estado nacional, no el consolidado, y no incluye el pago de intereses de deuda. Si se tiene en cuenta el pago de intereses, el gasto social representa el 62,1% del total del gasto de 2019.

Los gastos sociales son un gran concepto que abarca los servicios de agua potable y alcantarillado, salud, trabajo, vivienda, urbanismo y, por supuesto, seguridad social. Pero el número puede prestar a confusión. No quiere decir que el 74,4% del gasto sea para pagar planes sociales. De hecho, la promoción y asistencia social más la Asignación Universal por Hijo que otorga ANSES representan solo el 4,7% del gasto primario del Estado nacional.

El elevado peso del gasto social en las cuentas públicas explica por qué es tan sensible la decisión de llevar a cabo un ajuste.

El rubro que todos están mirando es el de los subsidios a los servicios públicos, en especial a la energía y el transporte, que sumaron un 10% del gasto público nacional primario entre enero y mayo de 2021, según un estudio elaborado por la comisión de energía de la Fundación Alem. Estos subsidios económicos fueron implementados tras el fin de la convertibilidad y, desde entonces, se convirtieron en una de las grandes causas del déficit fiscal.

Un crecimiento vertiginoso

Cuando Néstor Kirchner asumió en 2003, el gasto consolidado sumaba el 29% del PBI. Durante los 12 años siguientes el peso del Estado creció en forma vertiginosa y alcanzó el 47% del PBI en 2015. Esto fue posible gracias al boom de los commodities. La soja llegó a precios récord que permitieron recaudar cifras millonarias a través de las retenciones a las exportaciones y financiar la expansión del gasto público.

El problema comenzó a evidenciarse a partir de 2011, cuando la economía argentina inició en una etapa de estancamiento de la que aún no ha salido. En aquel año los subsidios a los servicios públicos ya sumaban el 14% de la recaudación nacional. De hecho, superaban el monto total recaudado por las retenciones a la soja. Las cuentas fiscales ingresaban en un terreno peligroso.

“En una economía primarizada, cuando bajan los precios estás complicado. Porque los precios bajan y el gasto público y los derechos adquiridos son inflexibles”, plantea la economista Eliana Scialabba en entrevista con Visión Desarrollista. “Cuando cayeron los precios había mucha gente que dependía del Estado, pero ya no había plata. Ahí se quebró el modelo económico y comenzaron a emparcharlo con emisión desmedida, lo que alimentó la inflación”, sostiene Scialabba.

La gestión de Mauricio Macri redujo el peso del gasto nacional primario en 5,4 puntos del PBI. En ese mismo periodo, sin embargo, aumentó el pago de intereses de deuda. Si se incluye ese concepto, el gasto público disminuyó durante el gobierno de Cambiemos en cuatro puntos del PBI.

Hubo dos periodos bien diferenciados durante la administración Macri. En los primeros dos años, el gobierno siguió una receta gradualista que terminó de manera abrupta y derivó en 2018 en el pedido de auxilio financiero al FMI. A partir de entonces comenzó una etapa más estricta de ajuste y reducción del déficit.

El ajuste macrista se combinó además con una política monetaria y productiva inconsistentes que atentaron contra la actividad económica. En un momento se adoptaron políticas monetaristas tan duras que la tasa de interés trepó hasta el 80%. Acceder al crédito se tornó imposible para las PyMES.

La etapa final del gobierno de Cambiemos es también una advertencia sobre lo que pasa cuando la reducción del gasto público se convierte en un objetivo en sí mismo y no es acompañada de un programa económico general para reactivar el país.

La alternativa desarrollista

La reducción del gasto público es una bandera de los liberales. Pero no es un territorio exclusivo de ellos, como lo demuestra la experiencia de gobierno de Arturo Frondizi. Existe, sin embargo, una diferencia central entre la visión desarrollista y las ideas liberales. Frondizi puso en marcha un programa de desarrollo que transformó el país y en simultáneo llevó a cabo una política de estabilización, que implicaba bajar el gasto del Estado. Pero este no era el objetivo central, sino que formaba parte de una plan integral que buscaba sentar las bases para el desarrollo del país.

Frondizi no fue gradualista. Adoptó medidas tajantes y algunas de ellas generaron descontento social. Hubo protestas sindicales que provocaron la ruptura de la alianza con el peronismo que lo había llevado al pode. Al respecto, Frondizi decía: “Políticas antipopulares, nunca; medidas impopulares, siempre que sea necesario”.

Un liberal reconocido como Ricardo López Murphy destaca la determinación de Frondizi para llevar a cabo una política de ajuste fiscal. En una entrevista de 2019 con Visión Desarrollista, López Murphy recuerda la noche del 29 de diciembre de 1958, cuando Frondizi pronunció un discurso dramático en el que anunció el plan de estabilización: “Me acuerdo de la preocupación de mi familia. Ese gesto cambió la perspectiva. A partir de ahí, nadie minimizaba lo que venía. Sabíamos que había en marcha un proceso que iba a ser muy difícil, muy exigente y que no había forma de evitarlo”. Y compara: “Tengo la sensación, cuando escucho a los políticos actuales, de que hablan en un clima de frivolidad”.

Entre 1958 y 1962, la nómina estatal se redujo en 300.000 empleados. Muchísimo para la época. Pero tampoco se trataba de reducir la planta de empleados públicos per se. Frondizi aspiraba a crear una administración pública moderna que acompañara y promoviera el programa de desarrollo. La calidad de los servicios públicos era un eje fundamental para el programa de desarrollo, junto con los incentivos a la iniciativa privada. El éxito del programa se reflejó en un indicador sensible: el desempleo no aumentó. Los trabajadores cesados fueron absorbidos por el sector privado que desepegaba  sus actividades siguiendo la máxima de Rogelio Frigerio: “Transferir fuerza de trabajo de los sectores improductivos a los más productivos”.

Pero el objetivo no se limitaba a reducir el gasto y las ineficiencias. Así lo explica Frigerio en Las condiciones de la victoria: “Planes de estabilización de ese tipo, también patrocinados por el FMI, se han puesto en práctica en la mayoría de los países latinoamericanos. Sabíamos que evitaban la crisis violenta, pero que no curaban la crónica enfermedad del empobrecimiento provocado por un ritmo de capitalización insuficiente frente al aumento de la población y de sus necesidades. Se necesitaban otros remedios, aplicados al mismo tiempo, que aquellos sectores básicos que habían sido descuidados por la excesiva persistencia en la monoproducción agropecuaria”. Frigerio planteaba que era fundamental evitar que en la etapa de estabilización se hundiera la economía. La clave era la interacción simultánea entre estabilidad y desarrollo.  “Para evitar ese estancamiento o retroceso formulamos un plan de expansión que debía estar en plena ejecución al tiempo de formularse el plan de estabilidad”, resume Frigerio.

“El gobierno desarrollista pasó a la historia por el cambio de la estructura productiva, no por los dos años de estabilización”, explica el economista Federico Poli en entrevista con Visión Desarrollista. Y se pregunta: “¿Cuántas veces en la historia argentina se logró la estabilización por dos años y la inflación cero, pero fue algo pasajero y sin sustento en la economía real? Lo que pone en valor la gestión de Frondizi, y por lo que es reivindicado, es porque tenía estrategia con una voluntad transformadora de las estructuras productivas y una claridad contundente sobre qué era lo principal y qué lo accesorio”, subraya Poli. 


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