El Gobierno Nacional sostiene que la economía crece y todos los sectores muestran mejorías palpables, pero la realidad es otra. La economía Argentina se contrajo más de 10 puntos en 2020 por el efecto de la pandemia y al año siguiente se recuperó, sin embargo, no hay una mejora significativa que alcance para cubrir el crecimiento vegetativo. Y la pobreza es del 40%. Tenemos una inflación galopante del 6% mensual y escasa inversión privada, del 12% del PBI. El crédito bancario prácticamente no existe en el país: es apenas el 11% del PBI. Y, por si fuera poco, el Estado desfinancia al sector productivo.
La dificultad más seria de las empresas es la falta de capital de trabajo. Lo que se define como. Esto les impide crecer. El Estado genera circunstancias que conspiran contra esta posibilidad. Es la consecuencia de su lógica recaudatoria, que incluye sistemas de anticipos, retenciones, percepciones, pagos a cuenta, mecanismos que horadan el capital de trabajo de las empresas. Con ellos, el fisco cobra antes de que las empresas obtengan sus ganancias, lo que repercute negativamente en el círculo virtuoso que debe tener la actividad industrial, comercial y de servicios. En esa voracidad por recaudar pronto, el Estado no contempla que es el flujo es el que potencia todo: actividades, negocios, empleo e inclusive la recaudación del fisco.
Esta concepción del Estado es negativa para el desarrollo de la economía. Va achicando la capacidad de las cadenas de producción. Si se combina la falta de crédito con un Estado recaudador que cobra por anticipado, la posibilidad de recomponer el capital para seguir trabajando queda fuertemente limitada. Y la apropiación anticipada del fisco fue creciendo con los años, un extremo tal que en muchos casos las direcciones de Rentas de las provincias tienen saldos a favor producidos por la recaudación de Ingresos Brutos. Una situación que se agrava porque esos saldos no pagan intereses y sus montos no se actualizan, por lo que van licuándose por el efecto de la inflación y el paso del tiempo. Con este mecanismo, en definitiva, el fisco provincial cobra una tasa mayor a la alícuota establecida por la legislación. Son préstamos forzosos y gratuitos, por lo que pueden considerarse una expropiación o, en todo caso, como una sanción por producir y pagar tributos.
Las empresas exportadoras suman otros obstáculos a la falta de crédito, los sistemas de recaudación anticipada y el cepo cambiario. También deben afrontar las demoras del Estado en pagar los reintegros a las exportaciones o de la AFIP para devolver el IVA COMEX, que es la parte del impuesto de lo que se envía al exterior, porque no se deben exportar impuestos que lastran la competitividad.
Una adecuada política económica, que potencie la industria y las exportaciones, debe contemplar estos asuntos y corregirlos. Si el Gobierno no lo hace, el Estado continuará desfinanciando a las empresas y se seguirán perdiendo oportunidades para generar mayor actividad, empleo y exportaciones.
El país necesita un plan y metas racionales, pero el déficit no se reduce, los subsidios económicos se mantienen y el equilibrio presupuestario no se logra. El superávit comercial, aunque saludable, es fruto de los mejores precios internacionales y no de mayores exportaciones, salvo las agroindustriales. Para que la economía argentina crezca y se capitalice, se requiere al menos una tasa de inversiones del 25% del PBI. Y estamos muy lejos de ese valor.
Para afrontar estos problemas y hacer frente en simultáneo a la inflación hace falta un plan que conjugue los dos términos: estabilización y desarrollo. O desarrollo para la estabilización.
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