Financiamiento sostenible, un instrumento para la transición ambiental

Los bonos verdes acumulan desde 2017 al menos 682.800 millones de dólares a nivel global; la mitad se destinó al transporte sustentable y un 25% al desarrollo de energías renovables

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Complejo eólico en Movave, California/ REUTERS

El financiamiento puede ser una herramienta para alcanzar los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. La aceptación al respecto ha crecido en los últimos años y esto se ve reflejado en cambios de marcos normativos e incluso en la exigencia de los consumidores. Las empresas están entendiendo la importancia de incorporar políticas alineadas con la Agenda 2030, dado que no hacerlo les saldrá más caro, les hará perder tiempo y afectará el medio ambiente.

Una iniciativa destacada en este sentido son los bonos de triple impacto, llamados Bonos Verdes, Sociales y Sustentables. Este tipo de instrumento se caracteriza por un objetivo centrado en lograr credibilidad en el mercado y financiar o refinanciar proyectos de forma total o parcial. Estos proyectos deben generar un impacto positivo en el medio ambiente o en la sociedad. Algunos ejemplos de las iniciativas financiadas por estos mecanismos son el transporte limpio, la construcción de viviendas sostenible o la mejora en la gestión de los residuos.

Banco Galicia fue la primera entidad financiera que emitió un bono verde en Argentina. Lo hizo en 2018 y logró recaudar 100 millones de dólares que se utiliza para otorgar financiamiento de mediano a largo plazo en proyectos de energía renovable, construcciones sostenibles y reconversión energética. No había antecedentes en el sector privado, pero sí en el público. El gobierno de Jujuy había realizado en 2017 la mayor emisión de un bono verde en el país, 210 millones de dólares para finnanciar el parque de energía solar más grande de  América Latina: Cauchari. 

Los bonos verdes se rigen por los principios definidos en 2014 por la Asociación Internacional del Mercado de Capitaless (ICMA, por sus siglas en inglés). Estas normas tienen como objetivo el fomento de la transparencia con relación a este tipo de instrumentos, que han sido reconocidos por Naciones Unidas como “uno de los desarrollos más importantes en el financiamiento de oportunidades de inversión con bajas emisiones de carbono y resiliencia climática”. La ICMA definió un procedimiento de verificación para comprobar, precisamente, si los bonos están cumpliendo los estándares establecidos.

La Comisión Nacional de Valores de Argentina estableció los lineamientos para la emisión de este tipo de bonos en la Resolución General 764/2018 y el anexo 788. El documento destaca a los bonos verdes como “una forma efectiva de movilizar capital privado hacia sectores prioritarios y así promover el desarrollo de infraestructura resiliente baja en carbono, que permita un desarrollo equitativo y sustentable”.

Inversiones sostenibles

Entre 2007 y 2019, los bonos verdes han acumulado al menos 682.800 millones de dólares a nivel global, según las publicaciones de Climate Bonds Initiative. Más de la mitad de esos fondos se destinó al transporte sustentable y un 25% al desarrollo de energías renovables.  Otros proyectos financiados con este mecanismo están vinculados con el acceso al agua, el uso de la tierra, la gestión de residuos y la construcción sustentable.

A pesar de este avance, solo el 3% de los fondos de inversión a nivel global se invierten en proyectos sostenibles desde el punto de vista medioamienta, según Rubén Mercado, Economista sénior del PNUD en Argentina. Esto ocurre a pesar de que existe una gran cantidad de fuentes de financiamiento público y privado, nacional e internacional. Por lo tanto, un punto clave es redireccionar los fondos existentes

El compromiso para afrontar la Agenda 2030 impacta en todas las temáticas. La economía y sus operaciones también deben adecuarse al desarrollo sostenible y la importancia de la sustentabilidad. Esto permitirá una gran oportunidad para el mercado financiero y su prosperidad. Implica la concientización de que el sector privado tiene que trabajar junto al Estado para de diseñar políticas públicas y aumentar el incentivo del cumplimiento de la protección ambiental. Día a día se puede apreciar más los esfuerzos y la exigencia para lograr una transformación verde.


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