Jubilaciones, un debate difícil y un dilema moral

Más de la mitad de los niños vive por debajo de la pobreza, mientras que solo el 13% de los mayores de 65 años es pobre. ¿Es justo que el Estado gaste un 8% del PBI en el pago de jubilaciones?

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Jubilados en la cola del banco para cobrar los haberes. /TELAM

Las jubilaciones generaron debates polémicos durante los últimos 25 años en Argentina. Un foco de conflicto es la sustentabilidad del sistema previsional, que no alcanza a financiarse solo con los aportes de los trabajadores. Parte de las jubilaciones y pensiones se pagan con recursos tributarios. Esto genera un dilema moral. Más del 50% de los niños de entre 0 y 14 años vive por debajo de la línea de la pobreza, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo semestre de 2019. En el estrato etario de más de 65 años, solo el 13% es pobre. ¿Es justo que se destinen impuestos para pagar los haberes de un sector social con menor tasa de pobreza que el promedio de la sociedad?

El Banco Mundial publicó en 2014 el libro Los años no vienen solos donde destaca que “Argentina cuenta actualmente con una estructura etaria de su población muy favorable, con la mayor proporción de su población en edad de trabajar”. Esto se conoce como bono demográfico y hace referencia a que aumentará durante los próximos la proporción de personas económicamente activas con relación a los jubilados y los niños. Ese cambio en la estructura etaria permite mayor capacidad de ahorro e inversión en el país. Por eso, el libro y señala que el proceso de envejecimiento genera una oportunidad para el desarrollo, pero también un desafío: volverse rico antes de volverse viejo.

 

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Pirámide Poblacional

El sistema previsional argentino es uno de los más amplios de Latinoamérica. Un aspecto positivo es, de hecho, su universalidad. En el último censo se registró que el 93% de los mayores de 65 años tenía cobertura previsional, destacan Oscar Centrágono y Carlos Grushka en la publicación de la CEPAL El sistema de pensiones en la Argentina. La cobertura presenta grandes variaciones entre jurisdicciones: desde el 75% en Tierra del Fuego hasta el 96% en La Pampa.

El camino que llevó a la situación actual es sinuoso y evidencia tanto los puntos fuertes como las debilidades del sistema de jubilaciones y pensiones.

Privatización, estatización y juicios

Entre 1994 y 2008 coexistieron dos sistemas previsionales. Uno público, organizado por un esquema financiero de reparto, y otro privado, basado en la capitalización individual. Juntos formaban el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). Las críticas a este esquema dual apuntaron tanto a los problemas de sostenibilidad financiera, porque el sistema público perdió una fracción importante de sus aportantes; al bajo nivel de cobertura; y a la diferencia entre los haberes previsionales en uno y otro sistema.

Después de la crisis del fin de la convertibilidad, Eduardo Duhalde congeló las jubilaciones superiores a los 1.000 pesos mensuales y aumentó las jubiliaciones mínimas a una tasa mayor que la inflación. Esto agregó una nueva controversia al sistema previsional argentino: los jubilados cuyos haberes fueron congelados demandaron a la ANSES ante la Justicia.

Néstor Kirchner lanzó en 2005 una moratoria previsional, lo que permitió que se jubilaran 1,3 millones de trabajadores que no cumplían con los años de aportes exigidos para acceder a beneficios previsionales.

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2 Beneficiarios del sistema integrado previsional argentino según sexo. 2001 – 2019

La gestión de Cristina Fernández eliminó en 2008 el régimen de capitalización individual, uno de los componentes del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). Los beneficiarios y aportantes del sistema de capitalización se incorporaron al régimen de reparto y se creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Esta política generó nuevos juicios contra el Estado.

La economía argentina ingresó a partir de 2007 en un nuevo proceso inflacionario, lo que exigió la definición de un mecanismo de actualización. El esquema se basó en la evolución de dos variables: el aumento de la masa salarial de los trabajadores en actividad y el de los recursos previsionales.

La Corte Suprema de la Nación dictaminó en 2008 que la ANSES estaba obligada a compensar a los jubilados o pensionados cuyos haberes habían sido congelados durante entre 2002 y 2007. A pesar del fallo de la Corte, cada beneficiario tuvo que realizar acciones legales en forma individual. Los beneficiarios ganaron todos los juicios, pero el Estado Nacional utilizó todos los recursos legales que tenía a su alcance para estirar el máximo posible el plazo para pagar los montos adeudados. Muchos los jubilados fallecieron antes del cobro. Finalmente, el gobierno de Mauricio Macri termió de pagar estos juicios en 2016, en una política que fue conocida como Reparación histórica.

Sustentabilidad

A partir de la moratoria de 2005, el número de beneficiarios ha aumentado notablemente. La erogación realizada por Estado en jubilaciones y pensiones llegó en 2017 al 8% del PBI, lo que puso en el foco del debate la sostenibilidad del sistema. El SIPA cuenta actualmente con 12 millones de aportantes y unos 6 millones de beneficiarios, entre jubiliados y pensionados. Con esta relación, los aportes al SIPA no alcanzan para pagar los beneficios previsionales y el Estado utiliza recuros de tributos —como el IVA o Ganancias— para cubrir el déficit.

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Aportantes SIPA y Erogaciones en jubilaciones y pensiones como porcentaje del PBI

En este contexto, el Gobierno de Cambiemos decidió modificar la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios, una medida muy controvertida y cuestionada. El nuevo método de cálculo definió que las jubilaciones se actualizaran con base en un índice donde la evolución de la inflación pesaba un 70% y el aumento de la masa salarial, un 30%.

Este año, Alberto Fernández derogó la fórmula sancionada en 2017. Los economistas más cercanos al presidente explican que el objetivo es “achatar la pirámide”, es decir, que se reduzcan las diferencias entre la jubilación mínima y las más altas. Una política similar a la que llevaron adelante Duhalde y Kirchner.

Cuando Fernández asumió, en diciembre pasado, uno de los principales objetivos que se había planteado era la reestructuración de la deuda pública. La agenda política estaba subordinada a este tema. Finalmente, el Gobierno evitó un nuevo default. El acuerdo con los bonistas ya es una buena noticia porque se resolvió el problema sin llegar a un litigio en la corte de Nueva York, pero el proceso de renegociación dejó además otro resultado positivo: el apoyo de casi todo el arco político, lo que facilitó que el Gobierno cumpliera las metas propuestas. Este respaldo marca un precedente importante para otros debates políticos que el país deberá enfrentar en el corto plazo. Entre ellos, el sistema previsional. Un desafío largo y difícil, que exige de una gran fuerza política para encararlo.


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