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El 'premier' británico es investigado por organizar fiestas clandestinas durante la cuarentena. /Twitter (@BorisJohnson)

Las calles de Londres estaban casi desiertas. Era la tarde noche del 20 de mayo de 2020 y regía el confinamiento estricto a la circulación que había impuesto el gobierno británico para contener la ola de contagios de COVID-19. Pero el ambiente era otro en los jardines del número 10 de Downing Street, la casa del primer ministro. Allí parte del gabinete celebraba una fiesta, con la excusa de una reunión de trabajo. La consigna tenía poco que ver con la agenda del gobierno: cada invitado debía llevar su propia bebida. Fue el primer evento de este tipo, de un total de 16 que se conocen hasta ahora, que se llevaron a cabo entre mayo de 2020 y abril de 2021. 

La noticia convulsionó Reino Unido. La actitud relajada del Gobierno indignó a los británicos; miles de ellos no habían podido despedir a sus seres queridos durante aquellos meses. Desde el comienzo de la pandemia y hasta el 10 de febrero de 2022 se registraron 158.953 muertes por COVID-19 en Reino Unido. La bronca y la decepción se expandieron por todo el país y el principal destinatario de ellas fue al primer ministro, Boris Johnson, por haber violado las restricciones que él mismo había establecido. De hecho, Johnson festejó su propio cumpleaños el 19 de junio de 2020 en la Oficina del Gabinete.

Como reacción al escándalo, el Gobierno encargó una investigación sobre los festejos clandestinos. Quedó en manos de una funcionaria intachable, la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete, Sue Gray. La Policía Metropolitana también comenzó a investigar el caso. Todo el personal fue interrogado y se controlaron los datos de las tarjetas magnéticas, que señalan la entrada y salida de Downing Street.  Las primeras indagaciones revelaron que se habían celebrado más de media docena de fiestas clandestinas en dependencias ministeriales. El material recolectado muestra unas 500 fotos de las fiestas; se espera que el informe final tenga más de 1000 páginas.

Los investigadores descubrieron que el secretario privado de Johnson, Martin Reynolds, envió vía correo electrónico 100 invitaciones para eventos en pleno confinamiento. Entre los invitados estaban el primer ministro y su esposa. Tras la polémica del mail, Reynolds presentó su renuncia. Las dimisiones continuaron con el correr de los días por la dura presión del líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, que también exigió en la Cámara de los Comunes la renuncia del primer ministro. Además de Reynolds, dimitieron el Jefe de Personal, Dan Rosenfield; la asesora en Política de Igualdad, Elena Narozanski; y Munira Mirza, asesora política del primer ministro y miembro de su equipo desde sus tiempos en la alcaldía de Londres. La salida Mirza es la de mayor impacto político.

Fuego amigo

Johnson sufre también el fuego amigo. Quien fuera su asesor principal, Dominic Cummings, hizo propio el objetivo de hundir a su exjefe. Cummings es un eurófobo, admirador de Mao y Bismarck, considerado por muchos el cerebro de la campaña del Brexit. El antiguo asesor de Johnson declaró por escrito ante Sue Gray que el personal de la Oficina del Gabinete había ocultado material sensible y que con el correr de los días aparecerían más evidencias, que incluirían fotos y videos de las partygates. Cummings apuntó contra Carrie Johnson, la tercera esposa del primer ministro, a la que acusa de ser la que maneja en verdad los hilos del poder y de ser la organizadora de varias de las fiestas clandestinas. El resentimiento de Cummings con la esposa de Johnson es el resultado de una disputa entre ambos que derivó en la renuncia del asesor en 2020.

El tiempo le dio la razón a Cummings: con el trancurrir de los días aparecieron nuevas pruebas de los festejos clandestinos. Los embates de la oposición recrudecieron y aumentó la presión para que Johnson renunciara. Una presión que hace eco puerta adentro del Partido Conservador, donde los ánimos están caldeados. A tal punto, que está en marcha un proceso que podría acabar con la destitución de Johnson.

Los tories tienen un mecanismo interno para manifestar la disconformidad con el Gobierno de su propio partido: el Comité 1922. Margaret Thatcher y Theresa May lo sufrieron en carne propia. Este comité está compuesto por diputados que no forman parte del gabinete y tienen mayor libertad política con respecto a la marcha del Gobierno. Ante un escenario de disconformidad, los diputados del comité pueden manifestar, con el envío de una carta, su voto de no confianza. Si el número de cartas llega a 54, que representa el 15% de los diputados conservadores, el Comité debe llamar a una moción de confianza en el Parlamento. No necesariamente se convoca a elecciones en caso de que el primer ministro pierda la votación; puede ser reemplazado por otro miembro del Partido Conservador.

La oportunidad laborista

El riesgo de apelar al Comité 1922 es que Johnson podría optar por convocar a elecciones anticipadas y los sondeos muestran que, si las elecciones se celebrasen en las próximas semanas, el Partido Laborista obtendría una victoria aplastante.

Las últimas elecciones en Reino Unido se celebraron en diciembre de 2019. Johnson arrasó entonces con la promesa del Brexit y provocó un giro inesperado en la política británica: los tories ganaron en las regiones del centro y norte de Inglaterra conocidas como el Red Wall (Muro Rojo), donde históricamente el laborismo era imbatible. Los conservadores sumaron 20 bancas en estas regiones y estos diputados, que nunca habían imaginado pisar el Parlamento de Westminster, se resisten a abandonarlas. De hecho, el diputado Christian Wakeford, representante de la circunscripción de Bury South, ya se pasó a las filas del laborismo. Tras su cambio de bando, Wakeford acusó a Johnson de ser «incapaz de proporcionar el liderazgo y el gobierno que necesita este país». 

Este movimiento estimuló a varios parlamentarios conservadores a imitar los pasos de Wakeford y derivó en una nueva acusación contra Johnson. El diputado tory William Wragg denunció que asesores del primer ministro y diputados oficialistas ejercieron «presiones e intimidación» sobre los legisladores conservadores que piden la dimisión de Johnson.

En las últimas horas se sumaron nuevas críticas de peso, como las del ex primer ministro conservador John Mayor, que estuvo al frente del Gobierno entre 1990 y 1997 y actualmente es miembro de la Cámara de Lores, quién sostuvo que «el que miente ante el Parlamento debe renunciar».

A pesar de todo, Johnson no baja los brazos y busca recupeerar la iniciativa. Ejemplos de ello su participación activa en los debates sobre la crisis en la frontera con Ucrania y el anuncio reciente del fin de las restricciones por COVID-19 a finales de febrero, a pesar de que estaba prevista que las medidas se levantaran a finales de marzo. Esto significa que ya ni siquiera deberan aislarse los casos confirmados de COVID-19. 

El gobierno de Johnson fue un periodo convulsionado desde el comienzo y, aún así, obtuvo logros importantes. Llegó al número 10 de Downing Street tras la renuncia de Theresa May, se alzó con un triunfo arrollador en 2019 y completó la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Parece irónico que su carrera pueda terminar en forma abrupta por un caso como el partygate. Aunque el final no está escrito. Las principales esperanzas de Johnson están en el espíritu de supervivencia de su propio partido, que ve con espanto la posibilidad de que su renuncia desencadene el retorno del laborismo al poder.


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