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El destructor ARA La Argentina (D-11). / argentina.gob.ar

Argentina tiene un litoral marítimo imponente, numerosos ríos y su principal centro urbano creció en torno a un puerto; es difícil de creer que no se haya convertido en una potencia naval en los más de 200 años como país indepediente. De hecho, a pesar de sus características geográficas, Argentina no tiene una política clara sobre sus recursos marítimos. La defensa de los intereses nacionales en el mar quedó relegada, en parte, debido a que el país no logró replantear el papel de la Armada desde el retorno de la democracia.

La falta de una política marítima en la actualidad no significa que nunca se haya intentado, o incluso logrado parcialmente, sentar las bases de un proyecto naval argentino. Tras la consolidación del Estado nacional comenzó un tortuoso camino para acumular recursos de poder que defendieran los intereses del país en el mar. A comienzos del siglo XX se creó el Ministerio de Marina y para entonces la Armada Argentina había alcanzado un relativo prestigio internacional. La publicación en 1916 de la obra Intereses argentinos en el mar, del vicealmirante Segundo Storni, marcó un hito en la nueva escuela geopolítica argentina. Storni recomienda en su libro fomentar la cultura naval en la ciudadanía y, en particular, entre la dirigencia política.

La construcción de astilleros y la promoción de la industria pesquera cobraron ritmo a partir de la década de 1930, en paralelo con la nacionalización y ampliación de puertos, los desarrollos de apostaderos y de arsenales para la defensa nacional. La creación de la Marina Mercante en 1941 fue otro acontecimiento relevante que apuntaba a la expansión del comercio ultramarino.

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La política naval en los últimos 60 años

El siglo XX estuvo atravesado por la polarización política y los golpes militares. Esto afectó profundamente el accionar estatal y también la política naval. Cuando asumió Arturo Frondizi (1958-1962) tuvo que enfrentar a la presión permanente de las Fuerzas Armadas. Una de las iniciativas de Frondizi que apuntaban a este sector fue la unificación de las carteras militares bajo un solo minsterio, dirigido por civiles. Era un intento de administrar las exigencias políticas de las máximas autoridades militares.

El gobierno de Frondizi prestó atención especial a la política naval. Durante su mandato la Armada compró el primer portaaviones, el ARA Independencia. En el plano institucional, Frondizi creó la Secretaría de Marina y la Comandancia de Operaciones Navales. El objetivo era separar la conducción política de las funciones netamente militares dentro de la fuerza. Tristemente, esta políitiica no sobrevivió al golpe de Estado que derrocó a Frondizi en 1962.

En las últimas seis décadas Argentina atravesó un periodo convulsionado, que afectó tanto a los funcionarios civiles como a las Fuerzas Armadas. Los cambios abruptos de gobierno por los sucesivos golpes cívico-militares quitaron previsibilidad a las políticas públicas, con una marcada falta de permanencia de los equipos de gobierno que debían pensar los planes de largo plazo, entre ellos los respectivos a los intereses argentinos en el mar.

Otra consecuencia, en especial de la última dictadura militar, es el desprestigio de las Fuerzas Armadas. Esto se traduce en una situación inversa a la que se vivía en los años sesenta, cuando los elementos técnicos miltiares tenían preeminencia sobre los agentes civiles con menor preparación. Ocurría en diferentes ámbitos, pero con mayor claridad en asuntos de Defensa. En la actualidad, los elementos militares tienen poca influencia en el esquema político del Ministerio de Defensa, que reemplazó las funciones que antes cumplían tres ministerios diferentes: Ejército, Marina y Aeronáutica.

Es un error grave la falta de consideración de los elementos militares en la gestión de la política de defensa. Esto es aún más notorio a la hora de evaluar los intereses argentinos en el mar, donde el Estado enfrenta cada día amenazas que ponen su capacidad operativa en tensión ante el desafío y competencia de nuevos actores. Es hora de cambiar la perspectiva sobre la política de defensa y replantear qué papel deben tener las Fuerzas Armadas en una sociedad democrática.

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