Una simple resolución puede cambiar el sistema procesal penal y convertir en inviable que cualquier condena quede firme. Es lo que está tratando actualmente la Comisión Bicameral del Monitoreo del Código Procesal Penal. Con el sistema vigente, cuando el Tribunal de Casación Federal rechaza un recurso, estamos ante una sentencia firme. Si la iniciativa de la Bicameral prosperase, esto ya no sería así. Sería un pasaporte a la impunidad que demuestra que está más vigente que nunca la máxima que enseñan en las primeras clases de derecho: “El día que la política entra por la puerta, la justicia se va por la ventana”.
Este embrollo comenzó en 2014, cuando se sancionó el Código Procesal Penal federal. La novedad de este código la modificación del sistema de enjuiciamiento, que pasa a ser más parecido al de la mayoría de los procesos penales ordinarios provinciales. Se cambia así el viejo sistema inquisitivo por uno acusatorio que asigna más poder a los fiscales y convierte a los jueces en garantes constitucionales. Cuando Mauricio Macri asumió en 2015, congeló la aplicación de la norma para realizar una revisión integral. El Congreso Nacional realizó algunas modificaciones y en 2018 comenzó a aplicarse parcial y paulatinamente. En la actualidad rige en dos provincias piloto, Salta y Jujuy. El último avance se está produciendo en estos días: la Bicameral busca que se implementen algunos artículos del nuevo código en todos los tribunales del país. Se produce así una melange selectiva, ya que solo estos artículos se aplicarían en todo el país, pero no el proceso completo.
Los artículos en cuestión son los 366, 367, 368, 369, 370 y 375 del Código Procesal Penal y cambian el criterio para considerar qué es una condena firme. La Bicameral asegura el objetivo es “evitar que se generen situaciones de desigualdad ante la ley”. Este era, evidentemente, el espíritu con el que fueron planteados estos artículos, pero en el conjunto del nuevo proceso completo. Con la adopción parcial del nuevo sistema se busca el beneficio de unos pocos y se altera el sentido con el que fue diseñada la norma.
Una modernización necesaria
“La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interés, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen”. Si este párrafo no fuera la definición que el genial Miguel de Cervantes Saavedra puso en la boca de Don Quijote, se podría pensar que habla de la justicia argentina actual más que de la española del siglo XVI. En nuestro país tenemos las dos especies: los “del favor” y “lo del interés”. Empresarios, políticos, influyentes operadores judiciales y extrajudiciales, periodistas especializados, sindicalistas, lobistas, todos participan en la turbación y la ofensa permanente de las que habla Cervantes.
El reclamo para modernizar el sistema procesal penal federal era un grito voces, cualquiera fuera la postura doctrinaria. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es arcaico y le da un poder omnímodo al juez en la investigación. Los sistemas provinciales avanzaron hace décadas. La provincia de Buenos Aires, concretamente, a mediados de los noventa. En estos sistemas, quien maneja la pesquisa jamás tiene la definición de la causa, como sí sucede a nivel federal. El nuevos sistema, además de garantizar los derechos y garantías de los acusados, hace muy difícil el armado o arreglo de una causa por la multiplicidad de actores e instituciones que intervienen.
El juez federal omnímodo, a la usanza de Comodoro Py, construye un poder dentro del poder, que establece reglas propias y condiciona permanentemente al poder político de turno. Jueces que se eternizan en la poltrona del despacho —y tampoco pagan ganancias— son desde hace años verdaderos actores políticos elegidos por nadie. Tienen intereses particulares y operadores para alcanzarlos. Nadie elige al Ministro de Justicia por lo que sabe, sino por sus contactos judiciales. Con la sola aplicación del nuevo Código Procesal Penal y la ampliación de Juzgados, desaparecería esa rémora que se transformó en una de las caras más grotesca de lo que es la justicia y que pone en una misma bolsa a los jueces probos de los que no son.
En el interior se da otro problema. La Justicia federal es una excelente creación para determinados delitos, que aparta a la justicia ordinaria que siempre es más influenciable por los gobernadores provinciales. El Estado federal enviaba un juez de afuera que no tenía relación y que muchas veces chocaba con el establishment local. En los últimos años es una moneda de cambio más con los poderes locales, con lo cual se desnaturaliza el pensamiento de los padres de la patria de la existencia de un sistema paralelo federal que aparte las pasiones locales del juzgamiento de causas esenciales.
Noticias del mundo real
Millones de argentinos nacen, viven y mueren con la necesidad que el Estado le garantice la existencia de un servicio de justicia que sanamente pueda dirimir los conflictos. Los cambio de jueces, las vacantes que a propósito tardan años en llenarse, como la del juez electoral de la provincia de Buenos Aires, que estuvo siete años vacante, jueces subrogantes según el color de la camiseta, juzgados que se amplían o se achican. ¿Qué tiene que ver esto con las necesidades de la gente de a pie?
Nada. Nada beneficia a las personas que habitan el bendito suelo argentino. Las noticias que pasan por la televisión que tengo muda mientras escribo esta colaboración me ahorra el trabajo de buscar antecedentes. Están ahí, todos los días.
El caso Úrsula con sus 17 denuncias, sin que nadie preste atención en una comunidad controlable como Rojas, terminó con el peor final. Otra noticia que viene de Mendoza: condenaron después de 17 años a un solo acusado por la violación en manada y el asesinato de Paula Toledo. Dije en manada: un condenado. Algo falla. No dan los números. Al condenado le dieron solo 11 años de cárcel.
Otros datos. El 80% de la población carcelaria bonaerense tiene menos de 40 años —con una edad promedio de 22 y 25 años— y el deito más recurrente, ocho de cada diez, es contra la propiedad. La cárcel es el castigo para jóvenes pobres sin dinero ni capital social. Es muy difícil que alguien que tiene contactos o dinero termine en un penal en forma permanente. Son los “del favor” o “del interés” del Quijote. Es un sistema para pobres manejado por abogados de clase media, donde la justicia se convierte en una excelente fuente laboral ante el achicamiento de la actividad privada, que beneficia siempre a los ricos.
El resultado de la justicia son los desalojos que no llegan, los concursos que nunca terminan, los documentos y cheques que nunca se cobran, las sucesiones que no se completan, las restricciones perimetrales que nunca se aplican, los trabajos comunitarios que no se realizan. Esto hace que la gente se aleje del contrato social y retome el poder de coerción que había cedido. En pocas palabras: “Que me devuelvan el uso de la fuerza, mejor me defiendo solo”.
Cité a Cervantes y termino con Shakespeare. Hamlet no es otra cosa que la historia de la venganza por mano propia ante el crimen irresuelto del padre y con el asesino impune y poderoso beneficiado por ese crimen. Nada nuevo, me dirán. El dato es que la humanidad hace siglos que intenta salir de ese esquema mientras nosotros nos estancamos.
Sin que funcione el sistema de premios y castigos correctamente, no hay republica ni democracia. No lo digo yo, lo decía Juan Bautista Alberdi hace casi dos siglos.
¿Valorás nuestro contenido?
Somos un medio de comunicación independiente y tu apoyo económico es fundamental para que que este proyecto sea sostenible y siga creciendo. Hacete socio y construyamos juntos Visión Desarrollista.
,Hacete socio
xx
