España vive por estos días un estado de convulsión a raíz de la detención del rapero Pablo Hasél, condenado a nueve meses de prisión por haber insultado al rey emérito Juan Carlos. La condena desencadenó marchas multitudinarias para exigir su liberación, con varios hechos de violencia y epicentro en Madrid y Barcelona. El caos opacó un hecho político de relevancia: una semana antes, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) se impuso en las elecciones autonómicas por primera vez desde 2003.
El resultado de las elecciones del 14 de febrero es ambiguo. Aunque los socialistas fueron los más votados en Cataluña, los partidos secesionistas obtuvieron bancas suficientes en el Parlament para formar un gobierno de corte separatista y dejar al PSC fuera del ejecutivo. El líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Pere Aragonès, anticipó en la campaña que el objetivo de un gobierno secesionista sería celebrar un nuevo referendum de autodeterminación. Esta vez, con “aval internacional”.
El balance de fuerzas en el parlamento catalán no es una novedad. En los últimos 37 años, los partidos nacionalistas han obtenido siempre la mayoría de las bancas. No así en número de votos. En 2017, los partidos opuestos a la secesión obtuvieron el 52% de los sufragios, pero sumaron menos de la mitad de los escaños debido al sistema con el que se asignan los mismos.
A pesar de las tres décadas de mayoría nacionalista, hubo dos gobiernos socialistas en estos años: el de Pasqual Maragal (2003-2006) y el de José Montilla (2006-2010). En ambos casos, el PSC contó con el respaldo de Esquerra Republicana: los nacionalistas no actuaron entonces como un bloque.
La deriva separatista
El nacionalismo catalán identifica los orígenes del conflicto con el gobierno nacional a la guerra de sucesión española de 1714. Barcelona había combatido el ascenso de los Borbones y defendido la continuidad de los Habsburgo. La derrota catalana significó un retroceso en los derechos culturales y la autonomía de este pueblo. Esta narrativa, sin embargo, no explica por qué el independentismo ganó fuerza en forma tan acelerada en los últimos años, tras décadas de convivencia con el gobierno central.
El secesionismo fue un movimiento minoritario hasta 2012, cuando comenzó a ganar apoyos, motorizado por la fuerte crisis económica que golpeaba a España. En aquellos años gobernaba Convergència i Unió, una federación de partidos nacionalista de derecha que hasta ese entonces no había impulsado la ruptura con el Estado español. Las medidas de austeridad que impulsó el gobierno conservador de Mariano Rajoy golpearon las cuentas públicas catalanas. La respuesta del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, fue iniciar una cruzada por la independencia, con la consigna de que Cataluña podía ser más próspera si administrara sus propios recursos. La causa independentista sirvió a Artur Mas para desviar la atención de las causas de corrupción que cercaba a su partido, que venían desde los años de Jordi Pujol.
De las mismas filas de Pujol surgió el polémico expresidente catalán Carles Puigdemont, sucesor de Artur Mas y responsable de que el conflicto llegara al extremo. En 2017 convocó a un referéndum unilateral para separar Cataluña de España y declaró la independencia, con la esperanza de una mediación internacional. El gobierno español declaró ilegal el referéndum desde que lo anunciaron. La crisis política desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que consiste en una intervención de la comunidad autónoma. Puigdemont y todo su gobierno fueron cesados. El expresidente optó por el exilio en Bélgica, pero otros dirigentes fueron encarcelados por secesión. Es el caso del líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, vicepresidente de Puigdemont y socio en aquella aventura separatista.
La fuerza de Junqueras, liderada actualmente por Pere Aragonès obtuvo en las últimas elecciones el 21,3% por ciento de los votos y logró el segundo lugar. Es un cambio resonante dentro del independentismo, ya que relegó al partido de Puigdemont — renombrado Junts per Catalunya— al tercer lugar, con el 20,4%.
Esquerra y Junts per Catalunya mantienen estrategias políticas distintas. Mientras Esquerra optó por la vía del diálogo y la negociación, aún sin abandonar la idea del referéndum de autodeterminación, la líder de Junts per Catalunya, Laura Borrás sostiene que el independentismo logró la mayoría del 50% en las urnas y tiene legitimidad para una declaración unilateral de independencia, sin negociaciones.
Negociaciones complicadas
Los dos partidos más votados, el PSC y ERC, obtuvieron 33 bancas cada uno. Para formar gobierno se necesitan 68 escaños, lo que anticipa unas negociaciones complicadas. El candidato socialista fue Salvador Illia, exministro de Salud de España y figura central en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Aunque Illia triunfó en las elecciones, solo logró el 23,04% y la tiene complicada para reeditar la coalición entre socialistas y podemitas que a nivel nacional sustenta a Pedro Sánchez.
La representación de Unidas Podemos en Cataluña —llamada En Comú Podem— logró solo ocho escaños, insuficiente para construir una mayoría con los socialistas. La alternativa de un frente contrario a la independencia también es inviable, ya que Ciutadans obtuvo seis bancas y el Partido Popular (PP), solo tres. Esto sin contar con que un acuerdo entre socialistas y populares queda descartado por las diferencias políticas históricas entre ambos partidos. La derecha también sufrió una transformación significativa. La de ultraderecha Vox creció con fuerza y obtuvo 11 bancas; quedó en cuarto lugar, por delante del PP y Ciutadans. Illa ya manifestó que nunca se sentaría a negociar con ellos.
Las cuentas cierran más fácil del lado nacionalista. A Esquerra no le costaría sumar sus 33 diputados a los 32 de Junts per Catalunya y los 9 de la CUP, el partido antisistema separatista, para superar los 68 escaños.
La primera fecha para formar gobierno en Cataluña es el 12 de marzo. Si no se alcanzara una mayoría se debería convocar a una nueva sesión de investidura en los diez días siguientes. Habría tiempo hasta el 26 de marzo. Si tampoco se consiguiera en esa fecha, correría un plazo de dos meses para las negociaciones. La última fecha es el 26 de mayo. Si se cumpliera el paso sin conseguir la formación del gobierno, el Parlament quedaría disuelto y se debería convocar nuevamente a elecciones en julio.
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