Es innegable que el nuestro es un país marítimo. Desde sus orígenes la República Argentina mantiene el desafío de ejercer de manera plena el dominio de sus aguas territoriales, no sólo a través de una ocupación efectiva del espacio marítimo, sino también, ejerciendo sobre él su soberanía económica y social. Atlántico Sur Atlántico Sur Atlántico Sur
A comienzos del siglo pasado, el almirante Segundo Storni advertía acerca de la importancia del mar y llamaba la atención sobre la indiferencia de los argentinos al respecto, reprochando irónicamente que muchos de ellos permanecieran demasiado “absortos en la vida interna de la Nación y en sus excitantes problemas cotidianos”.
Además, dirigiéndose a sus compañeros de armas, señalaba que el porvenir del país dependía tanto de su capacidad para “adquirir material bélico” como de fomentar el desarrollo de “las industrias mecánicas, la marina mercante propia, las poblaciones marineras y las pesquerías”. Sin restarle la debida relevancia a la defensa, esta trascendente figura militar y política del siglo XX consideraba fundamental que el país ejerciera y protegiera su soberanía desarrollando su transporte marítimo y su actividad pesquera, con todas sus industrias de apoyo. Toda una visión desarrollista que mantiene vigencia cuando la Argentina afronta nuevos retos geopolíticos y complejos problemas históricos para actuar y proteger sus intereses en el Atlántico Sur.
Una actividad fundamental para reivindicar nuestra soberanía
En tanto somos una República Federal, parte de nuestras aguas –con un alcance de hasta 12 millas- están bajo la jurisdicción de las provincias ribereñas. Y desde ese punto hasta la milla 200 se extiende la Zona Económica Exclusiva (ZEE) en la que sólo pueden operar buques con bandera argentina, que respeten el ordenamiento jurídico nacional.
En 2016, y como resultado de un persistente trabajo del Estado, con una activa participación de Cancillería, la Armada, el Servicio de Hidrografía Naval y expertos en derecho internacional reunidos en la COPLA, Argentina logró que Naciones Unidas reconociera un nuevo límite para su Plataforma Continental, haciendo reserva de la zona de Malvinas en litigio con Inglaterra.
Así, la Plataforma se extendió hasta las 350 millas en su fondo marino –aunque no así en su columna de agua- adquiriendo una superficie de 6,5 millones de kilómetros cuadrados. La Pampa Azul.
No caben dudas de que existe un escenario lleno de desafíos, regidos por la necesidad de que el país ejerza de un modo pleno y adecuado el dominio y control sobre semejante territorio y de las riquezas que le pertenecen por derecho. Y ello debe ser expresado en una auténtica política de Estado, surgida de definiciones de la Cancillería en las que se asuma que la pesca es una actividad ineludible al momento de reivindicar y consolidar los intereses nacionales.
Entre otras cosas, esa política de Estado debe contemplar la realidad existente más allá de la milla 200, teniendo en cuenta que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho en el Mar (CONVEMAR) define el papel que poseen los Estados ribereños para asegurar la conservación y promover un óptimo uso de las especies marinas altamente migratorias.
En el caso del Atlántico Sur es sabido de qué manera buques pesqueros de distintos orígenes (especialmente asiáticos y europeos) se concentran en el borde de la milla 200, operando con mayor continuidad a la altura del Golfo San Jorge y en diagonal a la localidad de Bahía Blanca.
Se trata de cientos de embarcaciones cuya presencia causa un enorme daño a los intereses argentinos por múltiples razones. No solo ingresan a la ZEE y realizan pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), sino que además explotan las mismas especies que son el sustento de la industria pesquera argentina, como es el caso del calamar, el langostino o la merluza. Capturan la misma materia prima con la que las empresas locales elaboran productos que pagan aranceles para ingresar a los mismos países cuyas banderas son las que detentan muchos de los pesqueros que actúan en el Atlántico Sur.
Esto provoca una situación sumamente desventajosa en materia comercial, acrecentada por las incomparables realidades que existen en materia de costos laborales e impositivos a bordo de estas flotas.
Una política de Estado que proteja los intereses Argentinos en el mar no debe dejar de lado entonces el esfuerzo por lograr acuerdos con los Estados a los que pertenecen aquellos buques que operan en el Atlántico Sur, creando marcos de cooperación y condiciones adecuadas y justas para la explotación de las especies que se capturan en la región.
Existen varios ejemplos sobre cómo un Estado ribereño puede lograr este tipo de acuerdos con otros Estados, en los que basándose en el derecho internacional, se definen condiciones para la explotación de recursos en altamar.
Tal es el caso de distintas áreas del Mediterráneo, el Golfo de México o la experiencia de Chile y el jurel. Si bien lograr este tipo de consensos puede no resultar simple, nada indica que no sea factible. De hecho, la Comisión Técnica Mixta es un buen ejemplo sobre cómo es posible que Argentina y Uruguay actúen de manera conjunta en la regulación y administración de sus aguas comunes, en el marco de una cooperación internacional.
Lejos de poner en cuestión la soberanía de cualquier país, lograr de este tipo de acuerdos es la más clara demostración de la capacidad de un Estado para disponer de forma efectiva de aquello que le pertenece. Por lo tanto, consensuar con todos aquellos países cuyas flotas pesqueras operan en el Atlántico Sur sería la forma más clara de ejercer soberanía.
El caso Malvinas post Brexit
Acuerdos de esta naturaleza no deberían, por supuesto, pasar por alto la sensible situación de Malvinas. Es innegable que la consumación del Brexit, con la salida de Inglaterra de la Unión Europea, crea una situación que potencialmente puede mejorar el posicionamiento argentino frente a su reclamo de soberanía sobre las islas, con todo lo que ello implica en materia de explotación de los recursos naturales.
Es un hecho que desde hace décadas, la situación de Malvinas genera condiciones sumamente perjudiciales para los intereses argentinos y para el desarrollo de la industria pesquera. La explotación que los isleños hacen de los recursos se lleva adelante sin que Argentina, a pesar de sus reclamaciones, pueda ejercer algún tipo de intervención o control. Por lo tanto, la elaboración de acuerdos que mejoren nuestra posición en el Atlántico Sur debería atender también esta realidad, reivindicando la prioridad que las normas internaciones les otorgan a los Estados ribereños para consensuar definiciones al respecto.
Está claro entonces que ejercer la soberanía de forma efectiva sobre nuestro mar, tiene como imperativo la inclusión de la pesca como una actividad central, la cual debe ser considerada no sólo desde un punto de vista teórico, sino también de una forma práctica con la activa participación del sector privado y de los organismos públicos que entienden en su regulación, administración y control.
Esto, sin dejar de poner el debido énfasis en recuperar y mantener la capacidad del Estado de realizar una adecuada vigilancia de nuestro mar, para lo cual debe contar con los recursos humanos y materiales apropiados. Es por ello que las iniciativas implementadas en los últimos años para dotar a la Armada y a la Prefectura de nuevas unidades capaces de protagonizar actos de disuasión y defensa efectivos, no sólo deben ser bienvenidas, sino que además requieren de una continuidad en el esfuerzo.
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