Un modelo educativo al servicio del desarrollo nacional

Últimamente, el debate educativo ha girado en torno a la apertura de las escuelas y la vuelta del estudiantado a las aulas. Lo que no se menciona es cómo deben abrir las escuelas: ¿las queremos iguales (o en muchos casos peores) de cuando cerraron allá por marzo del 2020? ¿O no es ésta una oportunidad para abrir escuelas y universidades renovadas, con nuevos aires acordes a los desafíos de nuestros tiempos? Pero por sobre todo las preguntas de fondo: ¿Qué educación nos hace más Nación? ¿Cuál es el modelo educativo a implementar en un programa de desarrollo?

La radiografía de nuestro sistema educativo saca a relucir que la falta de acuerdos básicos y la ausencia de políticas públicas -efectivas y a largo plazo- producen un progresivo aumento de desigualdades.  A modo de síntesis, en el actual modelo educativo argentino nos encontramos con un elevado número de alumnos que abandonan la escuela secundaria por año (aproximadamente, son 300.000 y se estima que serán muchos más a causa de la pandemia), la tendencia irreversible en la suba de la matrícula de educación privada  y la baja de la matrícula en la educación estatal,  y el hecho de que en los sectores más pobres sólo 4 de cada 10 estudiantes llegan al último año de la secundaria. La lista de los problemas es larga y cuesta creer que para gran parte de la dirigencia el panorama actual no sea suficiente para olvidar intereses individuales y priorizar el interés nacional arreglando conjuntamente los vicios del sistema.

Además, la irrupción de la pandemia en la educación visibilizó, como nunca antes, la realidad de que la brecha digital imposibilita el acceso a la educación. Un Estado que reparte netbooks en lugares con poca o nula conectividad y sin alfabetizar digitalmente a docentes y estudiantes, es un Estado ineficiente que sólo busca desentenderse del problema. A través de un impulso estatal eficaz, las escuelas de la pospandemia están obligadas a implementar un modelo innovador que tenga a la tecnología – con todas sus herramientas digitales- al servicio de la pedagogía. La tecnología es parte de los procesos educativos y ahora será cuestión de orientar esta realidad al bien común de los estudiantes. Pero no lo es todo. Nuestros jóvenes necesitan de un modelo de enseñanza que estimule aquellas capacidades que precisan para desenvolverse con mayor libertad y autonomía en la sociedad, tales como el pensamiento crítico, la resolución de conflictos y el trabajo con otros.

Atender este imperativo será fundamental para favorecer la inserción laboral de las nuevas generaciones a un mundo donde el valor está en el conocimiento y en el capital humano. Muchos son los jóvenes compatriotas que no encuentran en nuestro suelo el ecosistema necesario para desarrollar plenamente su vocación y se ven obligados a encontrarlo en el exterior. Sin criminalizar al que elige crecer en otro país, como respuesta, el Estado argentino tiene que asumir el compromiso de crear las condiciones necesarias para que todo el talento argentino sea capaz de contribuir en la transformación productiva y social de su propio país. No podemos permitir que las escuelas y las universidades se mantengan al margen de nuestro desarrollo técnico y económico.

Justamente sobre este punto, Antonio Salonia, referente educativo desarrollista, sostiene que la educación no es una ‘isla suelta’, sino que integra la problemática del país. Esto no quiere decir que la tragedia educativa que estamos atravesando sea un problema más, lejana en prioridades; por el contrario, la crisis de nuestro sistema educativo significa la desintegración de nuestro orden nacional. También implica que como eje principal requiere un programa de desarrollo nacional al cual acoplarse y aportar su valía: “La cuestión educativa debe comprenderse en función de la cuestión nacional” explica Salonia.

Es ese programa de desarrollo nacional el que articula y orienta la educación y el trabajo hacia el desarrollo personal y nacional. Pero estos tampoco son compartimentos estancos sin conexión entre sí. Una de las funciones de la educación es preparar a la fuerza laboral del mañana. Por eso, los procesos de aprendizaje en las instituciones educativas no sólo deben nutrirse de los contenidos duros, sino también potenciando a los estudiantes permitiéndoles descubrir y desarrollar habilidades y competencias. En ese sentido son destacables las políticas publicas que promueven cursos intensivos para la formación en actividades relacionadas con la economía del conocimiento con amplia salida laboral, como la programación de software, y buenos salarios. Sin embargo, sin una educación de base sólida es extremadamente difícil poder aprovechar estas oportunidades. El impulso educativo debe venir desde la primera infancia para dar verdaderos frutos y abarca otras dimensiones que muchas veces exceden a la responsabilidad formal de la escuela.

Definido el programa y orientada la política educativa hacia su concreción, el siguiente paso es invertir más y sobre todo mejor, donde más efecto cualitativo produzca, en todos los niveles: primera infancia, inicial, primario, secundario, terciario y universitario. Mientras la Ley de Financiamiento Educativo se viene incumpliendo sucesivamente en cada Presupuesto Nacional, la infraestructura escolar se encuentra en declive y la escasa (y mala) asignación de los recursos para la educación pública contribuye al deterioro de la calidad educativa.

La propuesta pasa también por alcanzar un modelo donde se prestigie la tarea docente con capacitación continua y mejores condiciones laborales, y en el que se trabaje sobre un federalismo que conciba a la diferencia como estímulo para la unidad del sistema. Pero, sobre todo, un modelo que encuentre en la educación un canal de integración nacional, transmitiendo a todos, sin exclusiones, los valores culturales fundamentales que nos hacen ser más nación.

El ejemplo más contundente de nuestra historia es el gobierno desarrollista que no sólo autorizó las universidades privadas ampliando la oferta sino que promovió las escuelas técnicas y  el trabajo de investigación de diversos organismos públicos, y todo eso orientado a la promoción de un programa de desarrollo transformador de las estructuras productivas.

Ubicar a la educación como una prioridad nacional es una deuda pendiente que tenemos como país que busca insertarse en el concierto de las naciones que miran el progreso. Requiere previamente la consolidación de un programa de desarrollo nacional consensuado al cual orientarse y nutrir.  Desde allí será fundamental proveerle de políticas educativas que entiendan el diagnóstico del presente y que puedan ver los desafíos y posibilidades que ofrece el mundo del mañana. No se trata únicamente de reparar lo que funciona mal, sino de renovar estructuralmente el aparato educativo con la participación activa de cada actor del sistema (funcionarios, directivos, docentes, padres, alumnos y gremios), para que cada uno de ellos pueda desarrollar su rol libremente -sin obstáculos ni resquemores- y ponerse al servicio del desarrollo integral del pueblo argentino.


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