El impuesto a las grandes fortunas: un ancla para la inversión y la producción

Por su diseño, el impuesto a las grandes fortunas perjudica al sector productivo y dificulta la recuperación económica y la acumulación de capital

impuesto
Un operario en una fábrica. / argentina.gob.ar

Argentina atraviesa un debate espinoso: ¿quién tiene que pagar el costo de la crisis? El gobierno de Alberto Fernández propuso una salida con una fuerte carga simbólica, el impuesto a las grandes fortunas. Sugiere una respuesta que suena a eslogan de izquierda: que la paguen los ricos. El análisis detallado de la propuesta, sin embargo, muestra que el proyecto perjudica directamente al sector productivo. En medio de una dura recesión, la salida no puede ser un impuesto que va a contramano de la recuperación económica.

El espíritu del proyecto parece justo. Exige un esfuerzo extra a los que tienen mayor riqueza para afrontar un momento difícil. Pero el diseño del impuesto despertó las críticas de la oposición, de parte del oficialismo y de la dirigencia empresaria, incluso la que tiene mayor afinidad con el Gobierno. La Unión Industrial Argentina (UIA) publicó un comunicado que advierte: “El sesgo con el que se ha diseñado este proyecto descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia social, sanitaria y económica”. Las críticas de la UIA apuntan a que el impuesto no diferencia entre el patrimonio formado por el capital productivo y el que está compuesto por activos financieros o inmuebles. “Como resultado de esta medida, las empresas deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte”, cuestiona el comunicado.

El impuesto a las grandes fortunas tiene un nombre oficial más rimbombante: Aporte extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. El tributo alcanza a las personas físicas y las sucesiones indivisas residentes en el país. También a los argentinos con residencia en paraísos fiscales y con domicilio fiscal en otros países. En este último caso, solo tributarán por los bienes que tienen en Argentina. Deberán pagar quienes tengan bienes declarados por más de 200 millones de pesos. Y no podrán deducir las deudas de la base imponible. La alícuota aumenta en forma progresiva entre el 2% y el 3,5%. Los impulsores del proyecto calculan que deberán pagar entre 9.000 y 12.000 contribuyentes y la recaudación será de 307.000 millones de pesos.

Contra la formación de capital

El país necesita generar un nuevo proceso de acumulación de capital y este impuesto va en la dirección opuesta, señala Hugo Carassai, presidente de la Fundación Frondizi. “En vez de buscar los mecanismos para reducir los gastos improductivos, buscan aumentar la recaudación para una distribución discrecional, en contra la inversión y la seguridad jurídica”, critica. Carassai cuestiona la elevada presión fiscal del país. Y los números avalan su posición.

La presión impositiva en Argentina es la mayor entre las economías relevantes del planeta, señala un informe de la consultora Data Driven Argentina, con base en datos del Banco Mundial y Price Waterhouse Cooper. La presión impositiva a la producción en Argentina representa el 106% de la ganancia neta —antes de impuestos— de una PyME. Es decir que una empresa que paga todos los impuestos, en promedio, da pérdida.

El contexto político es determinante para entender las razones detrás del proyecto. Cuando falta menos de un año de las elecciones de medio término, el Gobierno prevé comenzar un ajuste antipático, que incluye el aumento de las tarifas de los servicios públicos, la reducción de las jubilaciones en términos reales y la eliminación de los programas de auxilio a los sectores más vulnerables, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Todo en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El impuesto a las grandes fortunas es un gesto: el reverso progresista de un ajuste ortodoxo.  “Uno puede entender la cuestión política y el marco en que se sanciona, pero es un granito más a la larga lista de leyes, normas y de decisiones que juegan en contra del objetivo de cambiar el rumbo del país hacia el desarrollo”, critica el economista desarrollista Luis María Ponce de León.


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