Todas las sociedades se han construido a partir de las diferencias anatómicas entre los sexos. A lo largo de la historia, construyeron sistemas desiguales para el acceso al poder, mediante el control de los recursos económicos, políticos y sociales. El feminismo es una respuesta a esos sistemas: una lucha de casi tres siglos por conquistar nuevos espacios de libertad e igualdad para las mujeres. En ese marco nace el concepto de género, que subraya que lo femenino y lo masculino no son hechos naturales, sino construcciones culturales con una dimensión política. “Lo personal es político”, define Kate Millet.
Politizar el espacio privado, aquello que el pensamiento patriarcal había designado como ámbito de la naturaleza, ha sido la tarea política central del movimiento feminista. Logró abrir así el espacio de la política a problemas nuevos. La perspectiva de género engloba tres dimensiones, que están interrelacionadas, según el marco teórico de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL). Estas son: la autonomía económica, la autonomía en la toma de decisiones y la autonomía física.
La autonomía económica
La posibilidad de acceder a bienes y servicios condiciona la capacidad de tomar decisiones y actuar en distintas esferas de la vida pública y privada. El concepto de autonomía económica incluye tanto la desigualdad de ingresos entre mujeres y varones como la diferencia en las credenciales educativas.
La educación contribuye a expandir los horizontes personales y a transgredir los estereotipos asignados a las mujeres, que las vinculan tradicionalmente con roles de cuidados no remunerados. Los mayores alcances educativos de las mujeres se asocian en forma directa con una participación plena en el mundo del trabajo, con carreras laborales más estables y con mayores posibilidades de insertarse en ocupaciones que brindan la oportunidad de transitar carreras internas dentro de organizaciones.
En la actualidad, las mujeres participan de la fuerza de trabajo y tienen perfiles educativos similares a los de sus pares varones. De hecho, la tasa de graduación universitaria de las mujeres es más alta que la de los varones. Y aún así están subrepresentadas en las posiciones directivas, tanto en el sector público como en el privado.
La autonomía económica de las mujeres está fuertemente determinada por el mercado laboral, donde las brechas de género persisten. Las mujeres participan en este mercado en menor proporción que los varones. Y las que lo hacen sufren mayor nivel de desempleo, informalidad y desprotección social. Ocupan empleos cuyas remuneraciones promedio son menores y trabajan menos horas diarias.
La participación desigual de las mujeres en el mercado laboral está directamente relacionada con la distribución desigual de la responsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas domésticas. El aumento en la inserción de las mujeres en el mercado laboral no fue acompañado de una mayor participación de los hombres en el cuidado de los hijos, lo que implica que las primeras destinan a estas actividades el doble de tiempo que los últimos.
La autonomía en la toma de decisiones
La participación de las mujeres en espacios de poder contribuye a una democracia más igualitaria, que valora la diversidad de puntos de vista, de trayectorias y de experiencias entre quienes toman las decisiones que afectan en las vidas de las personas. Durante largos años, sin embargo, el reconocimiento de los derechos de ciudadanía para las mujeres no se tradujo en posibilidades efectivas de participar plenamente en las instituciones de la democracia.
La subrepresentación política de las mujeres es un fenómeno global. Argentina fue pionera hace más de 25 años cuando aprobó la ley nacional que estableció una cuota mínima del 30% de mujeres en las listas partidarias para las elecciones de diputados y senadores nacionales. En los años que siguieron, todas las provincias del país sancionaron leyes similares paras sus legislaturas provinciales.
Desde 2018 rige la Ley de Paridad de Género que exige que se incluya un 50% de personas de cada género en las listas, en forma alternada y secuencial. La norma tiene alcance nacional y también adhirieron a la misma 13 legislaturas provinciales.
La autonomía física
La autonomía física es la capacidad de preservar la integridad, decidir y tener el control sobre el propio cuerpo, la sexualidad y la fertilidad. La equidad de género en salud significa que las mujeres y los varones se encuentran en igualdad de condiciones para ejercer plenamente sus derechos y su potencial para estar sanos, contribuir al desarrollo sanitario y beneficiarse de sus resultados, según la definición de la Organización Panamericana de la Salud.
En esta dimensión se inscribe la violencia de género. Es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su orientación sexual, que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico.
Es imprescindible que el Estado brinde la contención necesaria, la información y el asesoramiento en los temas relacionados con la violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica. Es su deber conocer, reconocer y saber cómo actuar para garantizar la protección física de todos y todas.
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