En la carta que publicó el 27 de octubre, Cristina Fernández se refirió a la necesidad de atacar el problema del bimonetarismo: en Argentina se paga con pesos y se ahorra en dólares. La vicepresidenta planteó la necesidad de un gran acuerdo nacional para su solución. El dato relevante de la declaración es que la vicepresidenta está visualizando que la economía se encuentra ante un problema de dimensiones para cuya solución se requiere de gran fortaleza política. Ese reconocimiento en el espacio oficialista constituye, sin dudas, un paso importante.
Si el Gobierno decidiera avanzar en un esquema de legalización del bimonetarismo de la economía y permite que el sector privado realice contratos y pagos en dólares físicos, otorgaría mayor fluidez a ciertos mercados que están dolarizados de hecho, pero limitados en su funcionamiento. Como el de bienes de consumo durables e inmuebles, por ejemplo. Más dinamismo podría inyectarse a esos mercados si, al efectuarse la transacción, se permitiera que los fondos no exteriorizados fiscalmente realizaran un pago a la AFIP para que les concediera un bloqueo fiscal con respecto a la eventual omisión de impuestos nacionales sobre esos fondos. Así lo establece el reciente proyecto de ley de promoción de la construcción, enviado por el Ministro de Economía al Congreso.
En cualquier caso, se trata de una elección del sector privado, en tanto el sector público seguiría cobrando los impuestos y pagando los salarios y el resto de sus gastos en moneda local.
Desenterrar los dólares
La legalización del bimonetarismo es una apuesta a que a que ingrese a la economía formal una parte de los 200.000 millones en billetes y monedas dólares que se encuentran en los colchones, las macetas, enterrados o en las cajas de seguridad de los argentinos. En cualquier caso, fuera del sistema financiero pero dentro del territorio nacional, muchos de ellos declarados impositivamente. Esos activos externos que se encuentran fuera del circuito de la economía formal son todo pérdida porque implican una quita de demanda agregada, la retracción de activos externos escasos y muy demandados y no contribuyen a una ampliación del financiamiento de ninguna actividad.
La idea es que esos dólares puedan aflorar y generen un incremento de la demanda agregada porque se trata de ahorros ociosos que serían volcados al consumo y una oferta de dólares adicional en transacciones del sector privado en el mercado interno. Una medida de este tipo busca asegurar que el que invierte dólares, por ejemplo en un inmueble, pueda recuperar dólares cuando vende.
La legalización del bimonetarismo precisaría de un mercado de cambios unificado o de un mercado formalmente desdoblado: para operaciones comerciales —importaciones, exportaciones y pago de deudas ya contraídas— y para operaciones financieras —ingreso y salida de capitales y turismo—.
Recrear la confianza y la seguridad jurídica
Atentaría contra de la efectividad del blanqueo la desconfianza en que en el futuro no se castigará a quienes hoy se incentiva para que exterioricen sus tenencias de dólares. El desconocimiento de la actual administración de la promesa hecha en el último exitoso blanqueo del 2017 sobre la reducción y eliminación del impuesto a los bienes personales y las amenazas permanentes de un impuesto especial para esos fondos son un mal precedente.
Para cualquier inversión genera un alerta la barrosa discusión que bordea los derechos de propiedad: la fallida expropiación de Vicentín, la ocupación de tierras y la intromisión y ocupación de una explotación agropecuaria en medio de un problema sucesorio.
La seguridad jurídica en este caso particular es tan importante porque el alto stock de dólares que poseemos los argentinos se debe a que es un activo líquido que no destruye su valor al ritmo de la alta inflación local y que está a salvo de los distintos tipos de expropiación por parte del sector público, como Plan Bonex o el exceso de imposición.
Actuar sobre el bimonetarismo en ningún caso evitará resolver los problemas que enfrenta la economía argentina y que están en la base del desorden cambiario actual expresado por valores de pánico de la cotización de los dólares paralelos y una brecha de más de 100%. El origen de esta situación hay que buscarlo en un abultado gasto público y déficit fiscal financiado con emisión monetaria.
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